París es noticia por la revuelta de un movimiento social en ciernes, que se extiende por Europa: los “chalecos amarillos”. Los analistas se esfuerzan por comprender esta nueva expresión de descontento, muy heterogénea y cambiante. No es fácil definirlos, pero parecen tener un origen obrero y rural, no universitario, y una agenda común contra lo que consideran injusticia tributaria y precariedad económica. Son aquellos a los que la globalización dejó atrás.
Aunque no es la única razón de la protesta, y sin ánimo de simplificar la complejidad del fenómeno, llama la atención el rechazo a impuestos contra fuentes de energía asociadas al cambio climático. No solo arden los Campos Elíseos, sino también, de alguna manera, los compromisos del Acuerdo de París.
Para quienes protestan, "el presidente habla del fin del mundo, nosotros del fin de mes". Resienten los efectos de algunos tributos, por más verdes que sean, en el costo de vida.
¿Cómo entender que gente del común se oponga a soluciones basadas en evidencia para el principal desafío de esta generación, que afectará especialmente a las personas más vulnerables?
Me parece que el ambientalismo cosmopolita vive en una burbuja. Ni qué decir del animalismo. Se espera que los trabajadores asuman sin chistar los costos de reducir el calentamiento global, peligroso, innegable y ascendente. Pero, en opinión de quienes protestan, e independientemente de que estén o no equivocados, ni todos los sectores de la sociedad están asumiendo esa carga en la misma proporción, ni los especialistas y activistas entienden su situación económica, a pesar de que los perjuicios de no actuar sin duda son peores, como indica el último informe, muy preocupante, del Panel Intergubernamental.
Si los parlamentos resuelven prohibir, por ejemplo, las granjas de animales porque emiten metano, perfecto, ese es el juego democrático. Pero han de saber que dejan tras de sí una masa crítica de votantes indignados y empobrecidos por esas decisiones, en especial en las zonas rurales, que luego serán captados por quienes sí les hablan a esas audiencias, así sea con mentiras.
La transición energética es urgente. Es, además, un imperativo moral del que, literalmente, dependen millones de vidas. Pero también debería ser justa con los perjudicados por la transformación productiva, o los negacionistas del cambio climático cobrarán la factura del descontento social, seguirán conquistando a la clase trabajadora y ganando elecciones. Y en esas circunstancias, a la larga será muy difícil que haya voluntad política para generar energías limpias. Basta ver lo que ocurrió con los empleados del carbón en Estados Unidos, que determinaron los comicios presidenciales en distritos clave, o en Brasil.
No es que la gente sea ignorante y no comprenda la evidencia científica del cambio climático; claro que la entiende, pero no necesariamente le importa, porque le molesta el elitismo, la desigualdad y la precariedad que, en su opinión, parecen convivir en la agenda política con el muy urgente llamado a lidiar con el desafío climático.
La evidencia científica es la misma, pero es hora de aceptar que hay más de una forma de situarse políticamente frente a ella. El “tú no sabes, ven te explico”, calificar al escéptico de desinformado, o la idea de que los asuntos ambientales hay que dejarlos exclusivamente a los expertos, generan más rechazo que conciencia en el votante promedio. La condescendencia no es la respuesta.
Es un hecho incontestable que el cambio climático está aquí, pero también lo es que no ha sido posible conectar la crisis del clima con las necesidades más urgentes de la ciudadanía. Quizás, los que no estamos entendiendo nada no son los electores, sino los defensores de la acción climática.