¿Chuzados?

La historia comienza el pasado 7 de febrero cuando un grupo de analistas de la Fiscalía General se percató de un detalle que llamó su atención: en el marco de algunos seguimientos contra miembros de una banda dedicada a la corrupción, dos de ellos hablaban de la posibilidad de interceptar a varios magistrados de la Corte Constitucional. Si bien en las comunicaciones no se mencionaba el propósito de esta operación, los expertos concluyeron después de haber oído toda la charla que era muy probable que los pillos quisieran esculcar en la intimidad de algunos de los togados para luego poder chantajearlos.

Todo el tiempo se referían a una tutela cuyo asunto los investigadores todavía desconocen, y en alguno de los apartes de las grabaciones se hablaba del caso del exfiscal Luis Gustavo Moreno sin que esa fuera la decisión sobre la que querían incidir.

Otro detalle resultaba llamativo para los analistas: los miembros de esta banda –que ya están identificados– se referían al magistrado Alberto Rojas con mucha insistencia y decían que habría que hacerle “sahumerios y hechicería”.

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Ante esta situación, el fiscal decidió enviar un oficio a la Corte Constitucional el 14 de febrero solicitando conocer el estado de varias tutelas, seleccionadas por ese tribunal, sobre las cuales pudiera haber alguna conexión con lo que hablaban los susodichos. Con fecha del 25 de febrero, la corte contestó el requerimiento del ente investigador, pero como si la carta se hubiera enviado por 4-72 (¡y seguro se envió por esa vía!), esta solo llegó a la Fiscalía el pasado 12 de marzo.

En el entretanto, algunas fuentes consultadas para esta columna me aseguraron que el fiscal Néstor Humberto Martínez le comentó a los magistrados Alejandro Linares y al propio Alberto Rojas sobre esta situación. Con este último, estuvieron reunidos a puerta cerrada casi dos horas tratando de entender de dónde podía venir el interés de los raros personajes en realizar escuchas ilegales contra los magistrados y hasta hacerles brujería como se oía en las conversaciones. Rojas aseguró no conocer a los interlocutores y, según mis fuentes, quedó aterrado con el contenido de esas grabaciones.

Desde entonces hasta hoy, el asunto no había trascendido a la opinión pública, y varios de los magistrados no tenían ni idea de que esta situación estaba ocurriendo y que se estaban adelantando investigaciones al respecto.

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Fue en la Sala Plena de hace un par de semanas que se realizó en el Club El Nogal cuando el magistrado Linares decidió contarles a sus colegas sobre estos hechos, y varios de ellos advirtieron que, cuando hablaban por teléfono, oían un eco que les resultaba sospechoso.

Aunque ya ha sido designado el fiscal Fabio Espitia para encargarse del tema, y este lunes tendrá una reunión con todos los magistrados, no ha podido establecerse aún si las chuzadas se ejecutaron efectivamente o si simplemente se quedaron en una aspiración que manifestaron el par de delincuentes en las grabaciones que tiene la Fiscalía.

Lo cierto es que, en este país de teorías conspirativas, muchos han salido a magnificar la información y hablar desde sus prejuicios para señalar a priori a quienes estarían urdiendo las tales interceptaciones. Ni los gringos, ni Uribe y Duque, ni los que quisieran que la ley estatutaria de la JEP se hundiera parecieran estar detrás de las supuestas chuzadas a los magistrados de la corte, como vienen asegurando alegremente algunos opinadores. Tampoco se trataría de un sofisticado plan de desprestigio contra la Justicia, como aseguran otros. Aunque podría pensarse a primera vista que pudiera haber una conexión entre las denuncias de seguimientos ilegales por parte de uno de los árbitros en el caso de la Ruta del Sol II y lo que han expuesto los magistrados de la corte, tampoco esa parece una hipótesis con evidencias palmarias sobre la cual estuvieran trabajando los investigadores del caso.

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Por supuesto que es grave que los magistrados se sientan interceptados, pero resulta más grave que unas denuncias legítimas y un interés por conocer lo que pasa sea usado por algunos para tender mantos de duda irresponsables o atizar el enfrentamiento entre sectores políticos a punta de suposiciones. Ojalá el fiscal Espitia pueda aclararle al país pronto y con certeza lo que ha venido ocurriendo.