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Opinión

  • | 2019/01/30 00:31

    Coca-Cola se va, gana la Selección Colombia

    Incomprensible que la multinacional, una de las principales fuentes de obesidad en el mundo, renuncie al patrocinio y enfrente al Estado por subirles los impuestos, que es lo que la OMS les recomienda a todos los países de la Tierra

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En un acto osado y difícil de justificar, Coca-Cola -una de las principales fuentes de obesidad en el mundo- decidió hace pocos días suspender su patrocinio de 12 millones de dólares a la Selección Colombia y el despido de 177 trabajadores de su planta en Bogotá, como respuesta a una nueva carga impuesta por el gobierno y el Congreso en la reciente reforma tributaria.

Es casi insólito que una decisión como esa, -desafiante, agresiva, arriesgada- haya superado los filtros de la rigurosa comunicación corporativa y de los controles internos de una de las multinacionales más importantes del mundo. 

En octubre de 2016 la Organización Mundial de la Salud, OMS, lanzó una alerta acerca de que consumir gaseosas provoca caries, diabetes y obesidad y recomendó a todos los gobiernos del planeta gravar con más impuestos esas y otras bebidas azucaradas, para proteger a la población de sus estragos. 

El problema se concreta en que una botella o una lata de una bebida azucarada como Coca-Cola, contiene el equivalente a diez cucharadas de azúcar y transporta niveles exagerados de glucosa a la sangre, que a su vez elevan los niveles de insulina y transforman el azúcar ubicado en el hígado, en grasa. Contienen además agua carbonatada, cafeína, ácido ortofosfórico, entre otras sustancias nocivas, por lo cual el consumo permanente e intensivo de este tipo de bebidas -incluyendo las de versión light- causa enfermedades, algunas de extrema gravedad.  

 El mejor escenario para contemplar y entender el impacto en la obesidad es México que es el país con el mayor consumo per cápita de Coca-Cola y otras bebidas azucaradas: 70% de su población tiene sobrepeso, 30% son obesos y la diabetes es la primera causa de muerte entre los mexicanos.

 En Colombia el debate se dio en grande en 2016. En nuestro país se triplicó la tasa de obesidad desde 1980 -ya se acerca a 20%- y el mayor crecimiento se da en la población de entre 5 a 17 años. Cada año mueren cuatro mil personas de entre 30 y 70 años por enfermedades del corazón, diabetes y otras relacionadas con la obesidad. En sintonía con la OMS, el entonces ministro de Salud, Alejandro Gaviria propuso un impuesto del 20% a las gaseosas para reducir drásticamente su consumo. 

La relación entre el impuesto a las gaseosas, con la reducción del consumo y de las enfermedades está comprobada en más de 30 países, Australia, México, Chile, Sudáfrica, Fiji, Francia, Finlandia, India, Arabia Saudí, Sudáfrica, Tailandia, Reino Unido, Brunéi y en el propio Estados Unidos. Un estudio de la Universidad de Drexel, en Filadelfia, la primera gran ciudad de EE. UU. que en 2016 impuso el gravamen, reportó una disminución de 40 por ciento del consumo de refrescos y un correspondiente aumento del de agua, asociado a la medida.  

En nuestro país las cosas no salieron bien. El gravamen propuesto por Gaviria contó con el respaldo de la Alianza por la Salud Alimentaria -integrada por Educar Consumidores y otras ONG-. Recaudaron fondos dentro y fuera del país para apoyarlo, pero enfrentaron desde el inicio la oposición feroz de la industria. Lograron resumir los daños que ocasionan las gaseosas en un impactante anuncio de televisión, pero la Superintendencia de Industria y Comercio se puso de parte de los industriales, prohibió su emisión y amenazó a los promotores con una multa de casi 1.000 millones de pesos si seguían discutiendo públicamente los riesgos a la salud por el consumo de azúcar a través de esas bebidas. 

En diciembre de 2016, el Congreso de la República hundió el proyecto del ministerio de salud bajo el argumento de que no existían datos científicos o cifras contundentes en Colombia que indicaran que un impuesto a las bebidas azucaradas pudiera asociarse con la reducción de obesidad.  Alejandro Gaviria entregó en Twitter su parte de derrota: “en resumen ganó el lobby y perdió la salud pública”. 

No es tímida ni discreta la lucha de la industria de las bebidas azucaradas en el mundo para evitar impuestos y controles. Un reciente informe del New York Times señala que solo en Estados Unidos han invertido 107 millones de dólares desde 2009 para frenar impuestos y la obligatoriedad de ponerles etiquetas de advertencia a los envases de sus bebidas.   

Todos estos monstruos y fantasmas reviven en nuestro país con motivo del portazo de Coca-Cola a la reforma tributaria, a la selección Colombia y a 177 de sus trabajadores, que los hace pioneros en la vía de la confrontación. Lo típico hasta ahora ha sido la acción mundial de la industria -con otros gigantes de los alimentos procesados- a través de lobby para presionar a quienes toman decisiones, a frenar regulación e impuestos. También el pago a asociaciones nutricionistas y de lucha contra la diabetes para que no mencionen en sus reportes los vínculos existentes entre el consumo de refrescos con múltiples enfermedades. 

En Colombia tienen pendiente un pacto de autorregulación que suscribieron en 2016 con otras siete empresas de bebidas azucaradas para disminuir la oferta y publicidad de sus productos en los colegios públicos del país, que según una amplia y documentada investigación de Dejusticia no se está cumpliendo. Los nuevos gravámenes corresponden a la dinámica y al diseño de la Ley de Financiamiento, no a la búsqueda directa de reducir el consumo, pero, sin duda, son un buen aporte para seguir por ese camino de aumentarles impuestos, en defensa de la salud. La Selección Colombia gana imagen al quitar esa fuente de controversias de su lista de patrocinadores. Y habría que esperar que el incidente sea también un nuevo referente para que muchos más colombianos tomen conciencia de la verdadera dimensión de una amenaza que entra sigilosamente a millones de hogares, todos los días.   

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