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Columna de opinión Ariel Ávila
Columna de opinión Ariel Ávila - Foto: Juan Carlos Sierra

¿Quién despojó la tierra en Colombia?

Para el actual gobierno de Iván Duque, la restitución de tierras no es una prioridad; para el partido de gobierno es algo que no debería existir.


Por: Ariel Ávila

Salió el último informe de la Fundación Forjando Futuros sobre la restitución de tierras en Colombia, hay tres datos que son bastante llamativos. Por un lado, “27 empresas antioqueñas o con registro de Cámara de Comercio de Medellín han sido condenadas a devolver tierras a víctimas del despojo o se les compulsó copias para ser investigadas por la Fiscalía, en una extensión de 115.000 hectáreas”. Entre otras empresas están “Cementos Argos S.A, Uniban de Augura, Banacol de augura, Bananeras de Urabá de Augura”. Así las cosas, a los que se les cuestiona e indaga es a gran parte del empresariado antioqueño.

En segundo dato hace referencia al balance general de la restitución, dice el informe que, de 6.5 millones de hectáreas despojadas, han sido restituidas 377.970 hectáreas, lo que corresponde al 5,8 por ciento, ese es el balance luego de casi una década de aprobada la ley. De hecho, una de las buenas noticias es que el día de ayer, en el Congreso de la República, la Ley de víctimas quedó a un paso de ser prorrogada por diez años más, algo que estaban pidiendo las organizaciones de víctimas. Sin embargo, el balance de la restitución es complejo, más aún por el proyecto de ley de la senadora María Fernanda Cabal, el cual beneficiaría a terceros de buena fe, es decir, civiles que se quedaron con la tierra despojada.

Un tercer dato del informe tiene que ver con los victimarios o los despojadores: a la luz de las sentencias que van hasta el momento, los porcentajes son los siguientes:

55% paramilitares

16% guerrillas

1% Estado

6% grupos armados no identificados

22% enfrentamientos

Es decir, según las sentencias, los mayores despojadores han sido los paramilitares, con más del 50 por ciento, seguido por los enfrentamientos que significaron abandono y, en un 16 por ciento, despojado por las guerrillas. No hay que olvidar que mucha de esta tierra terminó en manos de ganaderos, empresarios y en general civiles, que se hacen llamar terceros de buena fe y que dicen, no sabían nada de que la tierra fue despojada o estaba manchada de sangre. El tema con el proyecto de ley de María Fernanda Cabal es que beneficia a estos terceros, es decir, legaliza el despojo y deja desamparados a los campesinos que fueron desarraigados.

En una buena cantidad de procesos de restitución no hay opositores, pero allí donde hay, muchas veces son grandes empresas, lo cual viene a confirmar que, efectivamente, en algunas regiones del país se trazó una estrategia de conversión productiva de la propiedad agraria. Incluso, se puede decir que hubo zonas del país donde el despojo fue una estrategia de reconfiguración de la ruralidad por parte de actores armados.

Para el actual gobierno de Iván Duque, la restitución de tierras no es una prioridad; para el partido de gobierno es algo que no debería existir, por ello el proyecto de ley de María Fernanda Cabal, la cual legisla con causa propia, no hay que olvidar que su esposo, José Félix Lafaurie, ha sido presidente de Fedegan, uno de los gremios más cuestionados en el despojo de tierras y la violencia en Colombia. Además, varios de los financiadores de la campaña de Cabal tienen intereses agrícolas y han estado en medio del debate de la restitución de tierras. En fin, el proyecto de ley es un canto a la impunidad y solo beneficiará a los despojadores.

Una última cosa que se debe decir sobre este tema es que está claro que en Colombia no habrá la soñada reforma agraria que la realidad y el país piden, el empresariado rural, ahora en el poder, no la dejará hacer, la única forma de entregar tierra al campesinado es por la vía de la restitución, no hay otra alternativa.