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Opinión

  • | 1983/10/24 00:00

    COMISION MORALIZADORA Y OMBUDSMAN

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En la perspectiva filosófica e histórica resulta mayúsculo peligro la indiferencia, o impotencia, o abulia, o complacencia o cinismo con que el país presencia la disolución moral de la nación. Mientras la corrupción crece en progresión geométrica, los esfuerzos para contrarrestarla no alcanzan el rito aritmético. El iceberg de la inmoralidad es de tal magnitud que no bastan los significativos anticuerpos dirigidos por el liderazgo moral del presidente Betancur.
Ahora los partidos políticos sacuden su imaginación y voluntad y convienen la creación de una Comisión de Moralización como instrumento legal idóneo para combatir la corrupción. La iniciativa se le debe al ex presidente Pastrana, quien con los dias ha ido precisando la fisonomia que debería tener la que denomina Comisión Investigadora de Alto Nivel. Desafortunadamente la propuesta del doctor Pastrana tiene alcances demasiado limitados. Se propone una macro-institución para resolver un micro-problema, ya que ni siquiera investigaria la totalidad de la corrupción administrativa, sino que se reduciría a una comisión especializada únicamente en recaudar pruebas sobre la moralmente devastadora intromisión en la vida nacional de los multimillonarios dineros de indebida procedencia, para luego dar traslado al Juez y al Procurador del resultado de sus investigaciones; es decir, un casi y timido fiscal .
Hay ambiente institucional y de opinión para que los partidos politicos y nuestros legisladores se comprometan en un sistemático plan de moralización que necesariamente debe incluir imaginativas reformas a la justicia y los organismos de fiscalización y vigilancia. Con medidas parciales y paliativos se corre el riesgo de revalidar el pasaporte de la inmoralidad.
Resulta forzado y generoso asimilar la Comisión Investigadora al Poder Moral que sugirió Bolívar. Este poder lo representa en el Estado moderno la figura del Ombudsman, institución de prestigio y expansión evidentes y de eficacia demostrada.
Estamos urgidos de un sistema de control independiente, imparcial, desburocratizado y justiciero. Una fuerza moral que transita en procedimientos informales y expeditos con plena potestad de inspección e investigación, sin sujeción a engorrosa tarifa probatoria pero con acatamiento sagrado a la legalidad y los derechos individuales, y con decisión obligante en ciertas situaciones. Con capacidad para penetrar y depurar las distintas capas de la descomposición ética, y como su función fundamental la de desagraviar al ciudadano víctima de los desafueros de la burocracia oficial. Cumplimos ya 13 años de frustraciones con el Ombudsman, lo cual implica negarle al pueblo la mejor solución institucional en su lucha contra la corrupción. Con esta innovación se llenaría el vacío dejado por los sistemas tradicionales de fiscalización que se muestran insuficientes ante el gigantismo estatal y los nuevos ingredientes de la inmoralidad, se busca la complementación, más no la sustitución del control tradicional.
Al presidente Betancur corresponde la paternidad de una original propuesta de Poder Moral, expuesta como candidato el 2 de mayo de 1978 mediante "la creación de un Consejo Nacional de Moralización de la Administración Pública, en el cual estén representadas todas las entidades que la expresan. Consejo Nacional en el cual esté la presencia del Ombudsman y en el cual se deposite una capacidad de denuncia ante el Gobierno de todos aquellos funcionarios que de una u otra manera no hayan correspondido a la credibilidad y a la confianza que la sociedad y el Gobíerno hayan depositado en ellos ".
En la necesidad de un Poder Etico han coincidido los partidos tradicionales y sus más notables líderes; aquí no caben los exclusivismos. Lleras Camargo alertaba en julio de 1972 sobre el crecimiento de la corrupción e invitaba a enfrentarla no en los clubes y cocteles sino mediante una voluntad férrea. En febrero de 1976 Lleras Restrepo le propuso a los colombianos una cruzada nacional de moralización en la que participaran el pueblo y el Gobierno, liberales y conservadores. Pastrana Borrero con la Oficina de Quejas y Reclamos es el precursor de la institucionalización de un instrumento que combata la conducta indebida de los funcionarios públicos y desde entonces respalda un Ombudsman.
López Michelsen desde el inicio de su administración asignó la función de Ombudsman a dos de sus consejeros a quienes por ley quiso darles categoría de ministros; fortaleció la Oficina de Quejas y presentó un juicioso proyecto de ley que creaba el Veedor u Ombudsman. Turbay Ayala respaldó la necesidad del Veedor y buscó su institucionalización en el proyecto de reestructuración de la Procuraduría. Betancur propuso Consejo de Moralización y Ombudsman. Alvaro Gómez como político y periodista ha sido destacadamente insistente en una emergencia moral necesitada de un Ombudsman. Y la rápida designación de representantes del Nuevo Liberalismo en la propuesta de creación de la Comisión de Moralización indica a las claras un ya conocido interés de Galán por la moralización.
Bien valdría la pena reflexionar sobre la posibilidad de una simbiosis entre la propuesta Betancur de Consejo de Moralización y el proyecto.
López Michelsen-Jaime Castro sobre creación del Veedor, esto como alternativa a la transitoria.
Comisión Moralizadora sugerida.
El Gobierno y los políticos están frente a un compromiso ineludible.
Deben proceder sin vacilaciones, o exponerse a la inexorable cuenta de cobro de la opinión pública. -
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