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Aurelio Suárez Montoya. Columna Semana

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Control descontrolado

Iván Duque, quien vive reclamando reconocimientos históricos, recibirá el de haber descontrolado los organismos de control para garantizar la impunidad de quienes ejercen el poder.

Aurelio Suárez Montoya
15 de enero de 2022

Una manguala, o confabulación con fines extraviados, se montó en las conocidas ías, Procuraduría, Defensoría, Contraloría, organismos de control, merced a descarada conchabanza entre el Gobierno de Duque y el Congreso. La Contraloría tuvo dos reformas constitucionales recientes: el Acto Legislativo 02 de 2015, que entregó el proceso de selección y nombramiento del contralor al Congreso y creó “un claro compromiso con los partidos políticos mayoritarios y con el presidentede la República” que “afectará la independencia y autonomía” (F. Suárez, 2017). La otra fue el Acto Legislativo 04 de 2019, que adicionó el control preventivo y concomitante y concretó un sistema de advertencias.

Dos años y medio después, el principal resultado es el aumento de la burocracia y del presupuesto: de 4.164 funcionarios (2018-2019) a 6.829 (2020-2021), 2.665 más (informes de gestión fiscal), y de 586.000 millones de pesos a 1,33 billones, casi el triple (presupuestos 2019-2022). En fin, más plata y burocracia, según pasó con la vigilancia de las regalías: no sirvieron los 110 profesionales de hace tres años, ahora se requirieron 330. ¿Algún hallazgo?

Pese a la tupida estructura, esa entidad de carácter técnico, creada en 1923 para vigilar de manera autónoma el patrimonio público y evaluar la gestión estatal, desde el nivel micro hasta el macro, en 2020 solo auditó 506 de 1.731 entidades y para 2021 programó menos: 468 (Gestión fiscal, págs. 68-70) y, en medio de la pestilente corrupción y el despilfarro, expidió solo 1.012 advertencias (idem, pág. 58).

Aunque el acompañamiento al reclamo de la póliza de seguros del siniestro de Hidroituango le dio cierta notoriedad, poco o nada hay del control macro de la Hacienda. ¿Se sabe el rumbo de 14 billones de pesos recibidos por la venta de ISA o de los 11 venidos del FMI y que el Banco de la República entregó vía TES? ¿Qué sobre los 36 o más que manejará el DPS en época electoral? Nada. Felipe Córdoba anda en lo micro.

La decepción de la Contraloría se acompasa con los “descabellos” en la Procuraduría. Los cerca de 1.200 funcionarios, que formarían la nueva estructura jurisdiccional, aprobada en el Congreso para suspender a los nombrados por elección popular, forman parte de un estropicio jurídico, acorde con varias opiniones desde disímiles orillas, como las de Rodrigo Uprimny o María Isabel Rueda. Nada que ver con las prescripciones concernientes del sistema interamericano recurridas por la exministra Cabello para justificar la “nombratón” y al doble del gasto presupuestal: de 720.000 millones de pesos en 2019 a 1,81 billones en 2022 (presupuestos idem).

El defensor del pueblo, Carlos Camargo, conservador cordobés primo de David Barguil y yerno de la senadora Nora García, dio el salto de un relativo anonimato a un completo desprestigio. Ya que su antecesor dejó definida la nómina con 2.629 cargos, mediante resolución de junio de 2020, tomó el atajo de los contratos por servicios y en mayo de 2021, dos meses después de posesionado, había firmado 648 por 34.000 millones de pesos con vinculados a la clase política que lo escogió de la terna enviada por Duque. Se habla de “dobles contratos”, para lo mismo que hace la planta de personal, en tanto Hacienda le incrementó el presupuesto de 521.266 millones en 2019 a 709.000 para 2022 (presupuestos idem).

Camargo minó la esencia de las funciones de la Defensoría respecto a los derechos humanos. Son frecuentes su desdén y las parodias sobre el uso desproporcionado de la fuerza pública en las protestas (CIDH), el asesinato de 169 líderes sociales, 48 de ellos firmantes del acuerdo de paz, y 96 masacres en 2021 (Indepaz). Cambió la posición institucional –por posturas reaccionarias– sobre el uso del glifosato y la despenalización del aborto y redujo las alertas tempranas en medio de la violencia desbordada: de 225 en total desde 2018, el año pasado solo 29. La Defensoría quedó en coto de caza politiquera bajo la batuta de este otro egresado de la Universidad Sergio Arboleda (La Pulla, La Silla Vacía, La W, Sindhep).

Iván Duque, quien vive reclamando reconocimientos históricos, recibirá el de haber descontrolado los organismos de control para garantizar la impunidad de quienes ejercen el poder y alentar “persecuciones judiciales contra los adversarios del presidente” (F. Gómez, El Espectador). Dio larga a la contratación en estas entidades en cerca de 5.000 personas, con remuneraciones por cabeza superiores a 120 millones de pesos anuales, con la respectiva cuotalitis para los padrinos que las recomiendan, y en consecuencia un aumento total de las asignaciones presupuestales de 1,85 billones de pesos en 2019 a más del doble, a 3,9 billones en 2022, en tanto la agricultura y la ciencia perdieron recursos. Fraguó así una manguala preelectoral.

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