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Una pedagogía de la infamia

Alejandro Ordóñez es, sin duda, una de las caras más visibles de esa corrupción que Iván Duque, asegura, busca acabar. El exprocurador es un mentiroso compulsivo, un homófobo comprobado, un misógino de la vieja guardia, un legendario quemador de libros, un Torquemada de nuestro tiempo y un pedagogo de la infamia.

Joaquín Robles Zabala, Joaquín Robles Zabala
27 de septiembre de 2018

Si el país es un circo es porque nuestros dirigentes son unos payasos, escribí en mi cuenta de Twitter después de leer la noticia en la que se informa de la propuesta del presidente Iván Duque de crear una cátedra anticorrupción en colegios y universidades. Y lo es porque no se puede ir por el mundo diciendo una cosa y haciendo otra. Los verdaderos maestros enseñan con el ejemplo porque es la mejor forma de poner en el escenario de los hechos la teoría. Las palabras se las lleva el viento, reza un adagio, pero los hechos son la concreción de los proyectos y metas y el resultado de nuestras búsquedas.

Si el presidente de la República tiene verdaderas intenciones de darle fin a ese cáncer que se embolsilla 50 billones de pesos anuales, según informes presentados por los entes de control, no le bastará con poner a consideración un proyecto de ley ante ese Senado presidido por su partido. No le bastará con ir por el mundo, de foro en foro, hablando de ese flagelo del cual su partido ha contribuido con creces, aunque sus miembros salgan ahora a afirmar lo contrario. Alejandro Ordóñez es, sin duda, una de las caras más visibles de esa corrupción que Iván Duque, asegura, busca acabar. El exprocurador es un mentiroso compulsivo, un homófobo comprobado, un misógino de la vieja guardia, un legendario quemador de libros, un Torquemada de nuestro tiempo y un pedagogo de la infamia.

Pero no es el único. Yidis Medina, quien estuvo en el centro de una polémica a raíz de una investigación en la que se le encontró culpable de recibir prebendas para la aprobación del proyecto de ley que cambió el “articulito” para la reelección de Álvaro Uribe, nos recordaba hace poco que ella no estuvo sola en esa convención tramoyera. Jaime Amín, cercano al “presidente eterno” y hoy consejero político de Duque, fue, según lo ha expuesto, uno de más favorecidos con la compra-venta de votos, pues “su esposa recibió una notaría en Barranquilla y su cuñado un consulado en Nueva York”.

Nada de esto, por supuesto, debería extrañarnos porque es solo una gota de pus en medio de un océano de malos olores. Nancy Patricia Gutiérrez, hoy ministra del Interior, es también una figura controversial y ruidosa. Si es cierto que la Corte Suprema de Justicia archivó su caso por parapolítica, hace poco más de un año la Fiscalía General de la Nación le abrió una investigación por su presunta partición en delitos de tráfico de influencias de servidor público. Y aunque fue absuelta por segunda vez, sus casos por los supuestos delitos cometidos como funcionaria pública no dejan de tener un tufillo a corruptela. Otro caso por el que la Sala Penal de la CSP le abrió una nueva investigación tuvo que ver con un presunto favorecimiento a la EPS Saludcoop en septiembre de 2011, que involucró al también cuestionado Carlos Palacino, presidente por entonces de la EPS en mención. De igual manera, cabe recordar que la hoy ministra fue procesada por la obtención de información privilegiada sobre los viajes y movimientos que la exsenadora Piedad Córdoba hizo a México en 2008, donde asistió a un foro y aseguró que Colombia era un Estado fallido, narcoterrorista y que, por lo tanto, debería ser aislado por la comunidad internacional. Según una nota de El Espectador (11/8/2011), esta información sobre la exsenadora fue utilizada de manera ilegal con intención de abrirle una investigación en un Congreso de mayoría uribista. Gutiérrez fue cobijada con medida de detención domiciliaria por un delito que contempla penas de entre cinco y ocho años de cárcel.

De lo anterior se puede colegir que la intención de la entonces senadora era favorecer los intereses del gobierno de turno y que su importante cargo en el actual gobierno se podría interpretar como un pago retrasado por los favores prestados a uno de los presidentes más polémicos, controversiales e investigados de la historia política y republicana de Colombia.

Si es cierto que al actual canciller del gobierno, Carlos Holmes Trujillo, no se le ha abierto formalmente investigación alguna, ni se le conoce haber cometido un delito  durante la prestación de “sus servicios diplomáticos a la patria” , no deja de ser curioso que durante su paso como embajador en Suiza en el 2004, “Dick Emanuelsson, un activista y periodista de ese país, señaló a Ernesto Yamhure, por entonces secretario de la embajada, de espiar y tomar fotografías a los exiliados colombianos de izquierda residentes en Europa para enviarlas a una organización creada, al parecer, por Álvaro Uribe Vélez” (SEMANA, 2015/12/14).

La corrupción, en este sentido, no se limita solo al robo de los dineros del Estado ni a negociar a nombre de este para beneficio particular. La corrupción es también guardar información de interés público, que deben conocer los ciudadanos, para no afectar los intereses de un gobierno. Lo sucedido con las cartas enviadas por el asesinado docente universitario Alfredo Correa de Andreis a la Presidencia de República en 2004, dan cuenta de lo anterior. La actual ministra del Trabajo, Alicia Arango, fue la persona, según una nota de El Tiempo, encargada de recibir las cartas del sociólogo y profesor, escritas con el miedo que representa sentir la respiración de los asesinos en el cuello. La entonces secretaria de gobierno las guardó en algún lugar y solo vieron la luz cuando el escándalo por el asesinato del docente universitario barranquillero se tomó los medios de comunicación.

Asegurar que la corrupción hay que acabarla mientras se nombra a un gabinete mayoritariamente cuestionado (entre los se encuentra el exvicepresidente Francisco Santos) no deja de ser un chiste del mal gusto. Defender la honorabilidad de las actuaciones de Alberto Carrasquilla, ese otro “buen muchacho” del gobierno del jefe, es una burla contra el país y los municipios afectados por unos bonos que se han pagado tres veces y que, al parecer, van para una cuarta.

Entre decir y hacer hay una distancia similar a la que separa la Tierra del último planeta del sistema solar, señor presidente Duque. Y si usted no da el ejemplo va a pasar a la historia de este país como un charlatán que llegó a la Casa de Nariño para beneficiar política y económicamente los intereses de los ricos de Colombia. No lo olvide, señor presidente. La historia es ahora y el uribismo es solo una lluvia de verano.

En Twitter: @robleszabalaza

E-mail: robleszabala@gmail.com

(*) Magíster en comunicación.

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