Opinión
¿Corrupción o asunto constitucional?
Hace más o menos seis meses, sin mayores explicaciones, el Gobierno Petro anunció que se comprarían los aviones Gripen de fabricación sueca sin explicación alguna sobre el cambio de la decisión.
Las Fuerzas Militares se instituyen por mandato constitucional con el fin de defender la independencia nacional, las instituciones públicas, la soberanía, la integridad del territorio y el orden constitucional, para lo cual, el Gobierno nacional debe garantizarles las herramientas idóneas para su cumplimiento.
Para esos efectos, desde hace 15 años, la Fuerza Aérea de Colombia (FAC) tomó la decisión de empezar a evaluar los aviones que deberían reemplazar a los Kfir israelíes, a los que se les han venido haciendo actualizaciones permanentes y se mantienen con altos niveles de prestaciones tecnológicas aún al día de hoy, pero que se están volviendo obsoletos.
Inicialmente, se resolvió reemplazarlos por aviones nuevos para un mayor rendimiento en el tiempo y cuentan que el expresidente Iván Duque determinó comprar aviones norteamericanos F-16, pero —al final— las voces de la oposición, incluido el actual presidente Gustavo Petro, lo atemorizaron y no se atrevió a adquirirlos a pesar de las súplicas de la Fuerza Aérea.
Al principio de este gobierno, con base en un Compes aprobado al final del mandato de Duque, Petro anunció formalmente la compra de los aviones Rafale, franceses, de común acuerdo con el presidente Macron, noticia que fue bien recibida por la FAC e, incluso, por miembros de la oposición que aplaudieron esa acertada selección; sin embargo, algunos desencuentros sobre la forma de financiación con la fábrica francesa postergaron la materialización del negocio.
Hace más o menos seis meses, el Gobierno Petro anunció que se comprarían los aviones Gripen, de fabricación sueca, sin explicación alguna sobre el cambio de la decisión antes adoptada y con el antecedente de la compra de esos mismos aviones por Brasil, que hace 15 años realizó un negocio para adquirir un lote de mínimo 36 y máximo 66 aviones Gripen para su fuerza aérea con múltiples problemas, pues a la fecha, tan solo ha recibido diez, con un retraso de diez años en el resto del pedido.
El negocio celebrado por este gobierno para adquirir 18 aviones Gripen se hizo directamente con la empresa SAAB con la condición de ser ensamblados en Brasil por la afinidad con el presidente Lula da Silva, por lo que surge la inquietud sobre el incumplimiento de la firma sueca al país vecino y un alto riesgo de tener el mismo retraso en la entrega de los aviones para Colombia.
El 18 de septiembre de 2025, el presidente Petro firmó el Decreto 1001 de 2025, que regula materias relacionadas con esa adquisición por un valor muy alto en dólares, cuando a su gobierno solo le quedan diez meses para finalizar y en medio de versiones que indican la posibilidad de un presunto caso de corrupción.
Ante esa situación, ¿quién podría salvar la inversión? Estados Unidos podría ejercer su derecho a veto temporal de esta negociación i) porque esos aviones tienen motores General Electric F414G de fabricación americana, y ii) porque estando el presidente Petro en la lista Clinton, se obstaculiza la negociación.
Por otra parte, hay quienes dicen que los 18 aviones negociados se adquirirán por un valor de tres veces más del valor real, por lo cual la Contraloría General de la República deberá ponerle atención al asunto.
Finalmente, un asunto trascendental está dado en la contienda electoral que se viene en nuestro país, tanto para Congreso como para Presidencia, toda vez que estas negociaciones de sumas exorbitantes alertan a la oposición, porque algunos dineros podrían alimentar campañas auspiciadas por el Gobierno.
A más de poderse tratar de un caso de corrupción, ante todo, este escrito es una voz de alerta, porque el mal desarrollo de este proceso contractual incide directamente en la independencia nacional, las instituciones públicas, la soberanía, la integridad del territorio y el orden constitucional.
