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Opinión

  • | 2018/06/12 16:21

    El nuevo misil de la Corte Constitucional contra el sistema de salud

    En un fallo que ignora la realidad económica del país y los retos que enfrentan las instituciones, impuso al sistema de salud la obligación de brindar asistencia –sin restricciones- a los migrantes que ingresen legal o ilegalmente a nuestro territorio

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La Corte Constitucional, responsable principal a través de varias de sus costosas decisiones, del derrumbe de la salud en Colombia, acaba de superar sus propias marcas de temeridad. En otro de los tantos fallos que emite de espaldas a la realidad económica del país y a los retos que enfrentan las instituciones, acaba de imponer al deficitario sistema de salud, la obligación de brindar asistencia –sin restricciones- a los migrantes que ingresen legal o ilegalmente al país.

Se trata de un fallo de tutela que protege los derechos de un menor de edad de 2 años y de una mujer de 34 años, venezolanos, a través del cual dispuso que “el Gobierno colombiano y todo el entramado institucional con funciones en materia de salud deben ser constantes en la labor de consecución de recursos de cooperación internacional y nacional y en la toma de cualquier otro tipo de medidas que le permitan avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la realización del derecho a la salud de los migrantes con mayores estándares a la mera urgencia médica, especialmente en tratándose de aquellos migrantes en mayor situación de vulnerabilidad”.

Es una carga insostenible para un sistema que la propia corte y el aparato judicial en general, -a través de la constante e irracional inclusión de medicamentos, tratamientos y procedimientos de última generación por medio de fallos-, llevaron a una crisis, hasta ahora imposible de superar.  Nuestro sistema de salud es uno de los más generosos e irracionales del mundo. En la práctica, el nuevo fallo de la Corte Constitucional extiende sus asombrosos beneficios a los extranjeros que ingresen legal o ilegalmente a Colombia.

Se calcula que este año el funcionamiento de la salud en nuestro país costará 43,5 billones de pesos. Sumadas las fuentes de financiación, tiene un faltante de 1,5 billones de pesos, que se suma a la deuda acumulada de 8 billones, un déficit entre 4 y 5 por ciento que mantiene al sistema en la imposibilidad de apropiar las reservas que exige la ley y de financiar su actualización tecnológica.

La propia Corte Constitucional en su decisión de 2014, que declaró la exequibilidad de la Ley Estatutaria de la Salud, eliminó los controles que el Congreso trató de imponer y sin considerar los costos ni las fuentes de financiación, consagró los beneficios. Por ese motivo en Colombia un porcentaje pequeño de los enfermos (menos de 20 por ciento)  -de cáncer, hemofilia, enfermedades raras y otras de alto costo-, consumen 70 por ciento o más de los recursos. Mientras hay niños que mueren de hambre en La Guajira, un solo paciente de hemofilia le puede costar a una EPS 6.000 millones de pesos al año. A ese avión fallando, con un motor apagado y a punto de quedarse sin combustible, la Corte Constitucional le acaba de agregar la obligación de llevar a los extranjeros en condición de vulnerabilidad que lleguen al país.

La preocupación principal por supuesto es Venezuela. La Corte Constitucional menciona en su fallo, reportes de dos ONGS venezolanas -Provea y CodeVida- que denuncian “graves, masivas y sistemáticas violaciones del derecho a la salud en Venezuela” y plantean que para las víctimas, la asistencia sanitaria internacional representa la única oportunidad de salvarse ante el peligro inminente de perder sus vidas en su país.

 Precisan también la dimensión del reto y afirman que en Venezuela hay “300.000 personas que requieren medicinas y tratamientos de alto costo y otr[o]s 4 millones con condiciones crónicas de todas las edades se encuentran privadas de medicinas y tratamientos desde el año 2017”.  Señalan que la tasa de mortalidad por la crisis de salud se ha disparado de forma exorbitante y alarmante por la (i) falta de diálisis y rechazo de órganos, (ii) falta de tratamiento profiláctico en casos de hemofilia, (iii) falta de medicamentos y equipos para tratar el cáncer, (iv) falta de marcapasos para personas con hipertensión, (v) falta de medicamentos para atender el paludismo y la malaria, (vi) falta de medicamentos para atender el VIH y de kits de bioseguridad para prevenir la transmisión del VIH a los recién nacidos, (vii) falta de atención especializada y precariedad en general para atender los servicios materno infantiles, entre muchas otras causas.

Nicolás Maduro debe estar de plácemes porque el fallo de la Corte Constitucional transfirió en forma directa al gobierno de Colombia, las enormes obligaciones en salud, que en su dramática quiebra no logra atender el de Venezuela. A eso hay que agregar que, según la Interpol, hay por lo menos 25 organizaciones criminales dedicadas a mover por nuestro país importantes cantidades de migrantes ilegales de Bangladesh, Burkina Faso, Cuba, India, Haití, China, Nepal, Pakistán, Senegal, Somalia, Ghana, Congo, entre otros. Veremos en el futuro inmediato cuánto estimulará el generoso acceso al sistema de salud, el crecimiento de esas corrientes migratorias, en particular la de personas enfermas en busca de tratamiento.  

 Ni Estados Unidos, Alemania, Rusia, Arabia Saudita, ni ningún otro de los países que acumulan el mayor número de inmigrantes en el mundo, ni Turquía, Pakistán, Líbano, Irán, Etiopía, Kenia y los demás que reciben más refugiados, tienen sistemas de salud que se hagan cargo de la asistencia médica de los migrantes –tratamientos, cirugías medicamentos-, con la amplitud y generosidad que pretende imponer la Corte Constitucional en Colombia para garantizar “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.

El fallo recuerda muchos otros de ese tribunal que pretenden la quimera de solucionar problemas graves con sentencias y crean obligaciones impagables al Estado, obra de juristas indiferentes a las realidades de la economía y a las consecuencias de sus propias decisiones. Democracia de papel que arruina las instituciones y que afecta muy gravemente la seguridad económica y jurídica del país.

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