Cristina Fernández de Kirchner y sus decisiones expropiatorias: ¿contagio de la enfermedad venezolana o total convencimiento?

Luego del anunciado proyecto de ley liderado por la presidenta Fernández sobre la declaración de utilidad pública y posterior expropiación del 51% de las acciones de la filial española de Repsol (YPF, desnacionalizada en 1998), el ambiente se torna cada vez más incómodo para Argentina en sus relaciones con Europa. Dejando de lado la, ya tensa, relación con los británicos por la situación de las Malvinas, en este caso el enfrentamiento es de tinte comercial. Asegurando que desde 1998 es la primera vez que los argentinos se han convertido en “importadores netos de gas y petróleo” y, por lo tanto, la decisión de expropiar obedece a razones de utilidad pública; Fernández busca que el pueblo, representado en el Congreso, avale su decisión de “declarar de interés público nacional la explotación de hidrocarburos” en territorio argentino.

Es clara la intención del gobierno argentino de redireccionar su política exterior económica. Apartándose de los objetivos inicialmente fijados –como el favorecimiento de la inversión extranjera directa (IED) en distintos sectores económicos–, con el nuevo rumbo Fernández seguirá trabajando “codo a codo” con accionistas extranjeros de empresas argentinas, siempre y cuando haya reinversión en las provincias.

Si bien es cierto que el nuevo planteamiento no sólo ha sido mal recibido por el presidente Rajoy, sino por el Comisario de Comercio Europeo (Karel de Gucht), la decisión de Fernández plantea varios cuestionamientos. Por un lado, a la tendencia, ya usual en Venezuela y probablemente contagiada a Argentina, de regresar a los 60 y 70, en términos de identificar las transnacionales como sinónimo de injerencia de los países desarrollados a partir del control obtenido por la explotación de sus recursos naturales; se debe sumar una lógica económica que bien ha sabido aprovechar el gobierno de turno del país austral, como es el constituirse en uno de los países con mayores reservas gasíferas a nivel mundial, pero tener que importar el valioso recurso. Aun así, en medio de la recesión española actual, la presión diplomática del bloque europeo ha llegado a planteamientos que desbordan lo acordado bilateralmente en el tratado de inversión Argentina-España (1992).

Por otro lado, la experiencia adquirida por Argentina en la defensa de sus intereses nacionales ante tribunales internacionales, como el CIADI, a partir de reclamaciones de inversionistas extranjeros desde la crisis del 2001, supera a cualquier país de la región. De ahí que, hábilmente, la estrategia argentina haya consistido, en esta ocasión, en fortalecer los motivos para declarar legal, según la normatividad argentina, la expropiación de YPF; queda pendiente, para los españoles, el pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva.

Finalmente, el análisis del papel de Colombia en la región no se debería limitar a un “aquí no expropiamos”, o a servir como “mediador” entre el asunto Argentina y España, aunque ningún Estado se lo ha solicitado, como ha señalado el vice-Presidente Garzón, pues las lógicas que aquí se presentan son más de tipo comercial. Nuestro país se sigue perfilando muy bien como destino de IED, pero la experiencia argentina debe servir para preguntarse si la promoción de la IED debe tener un claro objetivo de Estado, y, en términos de beneficio social, ¿qué le queda a la región?

* Profesora, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Departamento de Relaciones Internacionales.