Tres de oros

Tres personas relacionadas con investigaciones por minería ilegal han muerto en los últimos meses. Todas en circunstancias aún no aclaradas. Un prominente abogado de Miami, una investigadora de la Contraloría General de la República en el Chocó y un ingeniero químico que se había metido en el negocio del oro y resultó detenido la semana pasada dentro del caso Goldex, en Medellín.
 
Dos de esas muertes han sido calificadas como suicidios. Otra ha pasado por tres clasificaciones distintas: accidente, suicidio y homicidio.

Es posible que se trate de una triple coincidencia. Sin embargo es llamativo que todas las víctimas hayan estado relacionadas con casos de minería ilegal y lavado de activos. Una como investigadora, otro como implicado y otro como defensor.

El primer caso tuvo lugar en un lujoso condominio en una isla privada de Miami Beach. El exfiscal y abogado penalista Richard Sharpstein era la imagen misma del éxito. Vivía en residencias avaluadas en varios millones de dólares. Había hecho una reputación y un apreciable patrimonio desde los años ochenta. Era un jurista reconocido y uno de los mejores litigantes de la Florida.

La inteligencia, el sentido del humor y la lengua afilada de Sharpstein lo habían convertido no solo en una estrella del foro sino también de los medios. Escribía columnas de opinión y era permanentemente consultado sobre los casos criminales de moda. Sus amigos y colegas lo describen como una persona de temperamento afable que siempre estaba alegre.

A los 63 años, el abogado divorciado mantenía un noviazgo feliz y parecía estar lleno de planes profesionales. La noche de diciembre de 2013 en la que presuntamente se suicidó estuvo escribiendo correos electrónicos y dando instrucciones por mensaje de texto a sus asociados hasta las once de la noche.

Al día siguiente, su ama de llaves lo encontró ahogado en escasos 30 centímetros de  profundidad de su bañera a la que –de acuerdo con la versión forense– se arrojó casi dormido y boca abajo después de haber tomado Benadryl.

Tres días antes de morir, Sharpstein había recibido el premio al abogado más efectivo de 2013 porque había logrado que la DEA le devolviera a su cliente Republic Metals Corp, más de 20 millones de dólares decomisados dentro de un caso de lavado.

La compañía Republic Metals Corp es el mayor comprador de oro proveniente de comercializadoras cuestionadas por lavado de activos en Colombia, entre ellas Goldex.

Seis meses después alguien mató en su casa de Quibdó a la investigadora de la Contraloría Consuelo de Jesús Echeverri Sánchez. Ella era contadora y en cumplimiento de su trabajo revisó el crecimiento de las regalías por explotación de oro en el municipio de Alto Baudó. Encontró que habían pasado de un año a otro de 1.900 millones a 5.800 millones de pesos.

Detrás de los números triplicados figuraban 12 empresas comercializadoras. Doña Consuelo encontró que varias de ellas solo existían en el papel.

La Policía dijo primero que se trataba de una muerte por un accidente casero. La versión evolucionó hacia el suicidio, pero finalmente los forenses establecieron que había sido un homicidio. Además de sus dos hijos, poca gente recuerda a la valiente investigadora de la Contraloría que se atrevió a meterse con la poderosa mafia del oro.

El caso más reciente ocurrió en las narices de decenas de operadores judiciales. Fue el sábado de la semana pasada en el Palacio de Justicia de Medellín.

Según la versión oficial Martín Emilio Monsalve, ingeniero químico detenido junto con otras 19 personas por sindicaciones de lavado de activos y concierto para delinquir dentro del caso Goldex, se arrojó desde el piso 18 de la sede judicial sin que lo pudieran evitar los nueve guardias que conducían a los detenidos a una audiencia.

Monsalve había sido capturado un día antes porque era dueño titular  de una empresa comercializadora que supuestamente le vendía a Goldex oro proveniente del Bajo Cauca. La compañía había sido liquidada tres años antes y el caso contra el fallecido Monsalve no parecía tan grave. De hecho una juez les concedió inmediatamente el beneficio de detención domiciliaria a los otros detenidos en las mismas circunstancias.

En estos casos, no todo brilla y no todo es oro.