La guerrilla en el poder

Las guerrillas en Colombia han operado de diversas maneras a lo largo de los años. Por lo general, utilizan tácticas de guerrilla, como emboscadas, ataques sorpresa y sabotaje contra fuerzas gubernamentales, instalaciones militares, infraestructura y empresas. También han estado involucradas en actividades como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro para financiar sus operaciones. Además, han establecido presencia en áreas rurales, donde a menudo ejercen control territorial y aplican su propia justicia.

Estos grupos narcoterroristas han operado en Colombia durante décadas, con objetivos políticos, económicos o sociales. Algunas de las más conocidas son las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y el EPL (Ejército Popular de Liberación). A lo largo de los años, el conflicto entre estas guerrillas, el Gobierno colombiano y grupos paramilitares ha causado sufrimiento y desplazamiento a millones de personas. El término “narcoterrorista” se refiere a la relación entre grupos guerrilleros y el narcotráfico en Colombia. Durante décadas, guerrillas como las FARC han estado involucradas en el cultivo, producción y tráfico de drogas, especialmente de cocaína. Utilizan los ingresos del narcotráfico para financiar sus operaciones armadas y comprar armas. Esta relación entre el narcotráfico y la insurgencia ha sido una característica importante del conflicto armado colombiano.

La idea de una guerrilla llegando al poder plantea diversas preocupaciones y desafíos. Históricamente, los grupos guerrilleros han buscado cambios radicales en la estructura política, económica y social, lo que puede generar incertidumbre sobre cómo gobernarían una vez en el poder. Podrían surgir preocupaciones sobre la estabilidad, la seguridad y el respeto a los derechos humanos. Además, la transición de un movimiento guerrillero a un gobierno democrático puede ser compleja y requerir compromisos significativos de ambas partes.

No podemos olvidar que el asalto al Palacio de Justicia en Bogotá, en 1985, fue un evento trágico en la historia de Colombia. El grupo guerrillero M-19 (grupo al que el hoy inquilino de la Casa Nariño perteneció) tomó el control del edificio durante dos días, resultando en un enfrentamiento con el Ejército. La toma de rehenes, el fusilamiento de 11 magistrados por parte de esta guerrilla, empleados del Palacio, entre otros, fueron parte de las atrocidades cometidas por los terroristas. Este evento dejó una profunda huella en la memoria colectiva de Colombia y planteó interrogantes sobre el manejo de la seguridad y la justicia en el país. Aunque el M-19 se desmovilizó posteriormente y algunos de sus exmiembros incursionaron en la política sin haber pagado por sus crímenes, el asalto al Palacio de Justicia sigue siendo un episodio controvertido y doloroso en la historia colombiana.

Por otra parte, Pablo Escobar y el M-19 tuvieron relaciones complejas en la historia colombiana. En varias ocasiones, Escobar y el cartel de Medellín financiaron al M-19, ya sea directamente o a través de intermediarios, como parte de sus estrategias para alcanzar sus objetivos políticos y comerciales. Sin embargo, también hubo momentos de confrontación entre Escobar y el M-19, especialmente cuando este último secuestró a la hermana de Escobar, lo que llevó a una respuesta violenta por parte del cartel de Medellín. En general, las relaciones entre Escobar y el M-19 reflejan la complejidad de las alianzas y conflictos dentro del panorama político y criminal de Colombia en ese período.

Explicado lo anterior, el que un exguerrillero como Gustavo Petro esté en el poder tiene implicaciones significativas. Los colombianos están preocupados por su pasado vinculado a la guerrilla y temen que eso afecte su capacidad para gobernar de manera democrática y respetar el Estado de derecho. Ante los últimos hechos de la idea de la constituyente chavista promovida por el exguerrillero no la hará por la vía constitucional y se saltará el Congreso, las cortes y el electorado. Su plan será trazado por la vía del caos y las armas que hoy sus grandes amigos del ELN y FARC tienen en su poder. El amarrar a las Fuerzas Militares ha sido un plan macabro para el cumplimiento de su proyecto totalitario, con la ayuda de los grupos al margen de la ley, los “indígenas” y movimientos terroristas urbanos, los cuales serán sus colectivos armados y defensores de la dictadura. Con la excusa de la ‘paz total’ con los narcoterroristas del ELN, la utilizará para sacar adelante su proyecto de atornillarse en el poder, cambiar de modelo de país e implantar una dictadura en Colombia.

El ondear en un colegio, en pleno acto público, la bandera de un grupo terrorista como la del M-19, que tanto daño le hizo a Colombia, es una apología al delito. Una burla. Significa también que le está dejando claro a los colombianos que no se arrepiente de haber pertenecido a esa organización criminal, que no le importan las víctimas y que mucho menos se ha desmovilizado. Es un pusilánime guerrillero redomado que, en la marcha del primero de mayo, desafió a los colombianos al ondear nuestra bandera junto a la de los terroristas del M-19, siendo este acto, por parte de un mandatario, lo más humillante que puede existir y la confirmación de que la guerrilla está en el poder. Traición a la patria.

Pobres víctimas. Pobre país.