¿De verdad les importa el aborto?

La ponencia a favor del aborto, sin ninguna limitante en los primeros tres meses de gestación, no es obligatoria. La Corte Constitucional a ninguna mujer le está diciendo que tiene que abortar, así como nadie se mete en su decisión de continuar con el embarazo. 

Convertir en delincuentes a las mujeres que abortan, por los motivos que consideren sustanciales, es tan violento como sería penalizar y estigmatizar a las embarazadas por traer más niños al mundo y juzgarlas por determinantes poblacionales, económicos o ambientales.

La total despenalización del aborto, al menos en los tres primeros meses de gestación, parece un paso adelante en reconocer la libre determinación de las mujeres sobre sus cuerpos y vidas, pero en el fondo es una salida al laberinto de restricciones, impedimentos, papeleos y barreras que rodean el procedimiento legal bajo las tres famosas condiciones, que en todo caso son consideraciones de terceros que terminan limitando la autodeterminación de la mujer. 

Hay muchos supuestos subyacentes:

- Que la mujer que no aborta va a criar al hijo y su instinto maternal entrará en escena;
- Que una menor de edad está avalada por natura para criar un niño, así sea el producto de una violación, del abuso del padrastro o un familiar e independiente de si el padre de la criatura la apoya en la crianza;
- Que el Estado que limita su opción va a cuidar de ese bebé al nacer;
- Que la mujer está confundida y su decisión debe ser cuestionada y hasta retada (las encuestas internacionales muestran que la determinación de abortar es mucho más sólida que, por ejemplo, la de hacerse una mastectomía);
- Que hay algo “mal” en la mujer que busca terminar un embarazo en el primer trimestre y hay que hacerla entrar en razón o sacarle el demonio (no, el número de abortos no aumenta tras su plena legalización: se hace evidente y así entra a la política pública, sujeto de seguimiento, recursos y la debida atención);
- Que la mujer ha tenido acceso a anticonceptivos y sus familiares, si es menor de edad, le han explicado bien el abecé de la procreación y la respaldarán… etcétera. 

Todas son hipótesis. En el fondo lo que hay es un intrincado cuestionamiento a la capacidad de las mujeres colombianas a tomar decisiones sobre su cuerpo y vida; un profundo control sobre qué motivos sí son aceptados por un universo legislativo conformado, además, mayoritariamente por hombres. 

Aprobar el aborto sin barreras jurídicas y cotidianas no obliga a las mujeres a abortar, repito. Decir lo contrario es propio del alegato maximalista cargado de prejuicios; del juego político en el tablero del referendo, donde vuelven y utilizan a las mujeres como fichas para otros propósitos.

Tampoco aumenta los abortos, como si fueran un vicio nuestro, un plan de fin de semana; ni alienta a los violadores, que más bien tienen un incentivo perverso al no ser juzgados ni detenidos ni nada por una ley y sociedad más dispuesta a perseguir a las mujeres que abortan.  Las estadísticas mundiales, de países con restricciones o en aquellos donde hay plena libertad de abortar, indican que no hay una correlación. El número de abortos, legales o clandestinos, se mantiene relativamente similar; en algunos casos, disminuye. Y la pedagogía en torno al control de la natalidad, los derechos reproductivos, la sexualidad y el cuidado individual aumenta, pero de eso no se habla en este país.

El debate mundial ya no se mueve por medio de marchas feministas o campañas reactivas a favor de la libre determinación, sino en el escenario de la incidencia legislativa, con plena participación de las mujeres, con presencia sostenida y decidida en el diseño de leyes que respalden sus derechos. Luego cada cual, en su fuero privado, según sus creencias y principios, tomará la decisión que considere; nadie se la toma de antemano.

Si los honorables señores de la Corte Constitucional o del Legislativo, siempre evasivo y comodón en esta materia, consideran que las mujeres optan por el aborto de manera ligera, que hagan fila para la vasectomía, una propuesta de ley que está naciendo en otros países. Si, como en el resto del mundo, en Colombia no hay ley que restrinja los derechos reproductivos de los hombres, tampoco debería haberla para los de las mujeres.