La otra mafia

Las ideas, sin importar la posición política y social de quienes las expresen, ni son sagradas ni mucho menos deben respetarse. “No comparto tus ideas pero las respeto”, suelen decir algunas personas. Pues no. Las ideas son para debatirlas. Los argumentos no son axiomas. Unos tienen la fortaleza de una muralla y otros son tan débiles como un castillo de naipes, ya que no sobrevivirán a un leve viento. 

Hoy sabemos, por ejemplo, que un cigarrillo contiene alrededor de 4.000 sustancias químicas, de las cuales, según el epidemiólogo Richard Doll, unas 400 son productoras de cáncer. La lista elaborada por el científico británico es larga, y la compone un variado pero peligroso coctel de sustancias que van desde el alquitrán, pasando por la nicotina, el fenol, el cresol, el benzopireno, níquel y arsénico, hasta llegar a la acetona, un ingrediente que se utiliza en la fabricación de pinturas, y el ácido acético, un químico que se emplea en la fabricación de tintes para el cabello.

Los estudios en los que Doll dio a conocer el peligro que representaba para el cuerpo humano fumar, fueron publicados en 1954, pero la industria tabacalera, cuyas ganancias por entonces superaban los 500 millones de dólares al año, se inventó una campaña publicitaria que llegó al corazón de casi todos los jóvenes del mundo: la de un atractivo y poderoso vaquero que ascendía montañas y descendía a los abruptos valles en su brioso caballo mientras disfrutaba de un “delicioso” y “refrescante” cigarrillo. Esto, sin importar los aportes hechos por Doll, disparó las ventas del Marlboro en todo el mundo.

La Philip Morris International, cuyas operaciones en la industria superan el 15 por ciento de los cigarrillos que se consumen en el planeta, ha sido la empresa que más demandas judiciales ha tenido en los últimos 40 años por publicidad engañosa y no indicar a los consumidores del daño que producen en el organismo sus productos. Solo hasta bien entrados los noventa, la justicia gringa tomó las riendas de un hecho como este y obligó a las empresas fabricantes de cigarrillos a advertir en las cajetillas sobre el peligro que representaba para la salud de los fumadores (y fumadores pasivos) consumir un “delicioso” y “refrescante” cigarrillo.

Desde entonces, la publicidad del apuesto vaquero montado en su caballo, atravesando ríos, montañas y llanuras, con su cigarro en los labios, desapareció de la pantalla de televisión. Hoy, a nadie se le ocurre tomar una medida similar con las bebidas azucaradas, pues se parte del principio errado de que estas se encuentran en el rango de los refrescos con los que suelen acompañarse las comidas. Lo único cierto de este asunto es que no se necesita de un estudio de seguimiento exhaustivo como el realizado por la Universidad de Harvard a 13.000 personas durante dos décadas para concluir que más del 60 por ciento de la población estadounidense tiene sobrepeso. Tanto así que en 2010, el presidente Obama se vio en necesidad de calificar el problema de la obesidad de sus compatriotas como una epidemia de carácter nacional.

Las empresas de refresco, de embutidos y comidas rápidas sentaron, por supuesto, su voz de protesta. Según un estudio publicado por la prestigiosa revista New England Journal of Medicine en 2008, un vaso de refresco de 500 mililitros contiene un promedio de 60 gramos de azúcar. Lo anterior se vuelve verdaderamente preocupante si se piensa que un perro caliente de 100 gramos contiene lo equivalente a consumir tres veces los 500 mililitros de refresco, es decir, 180 gramos. En un estudio de 2015, la Organización Mundial de la Salud estableció que la ingesta de azúcar para una persona no debe superar el 5 por ciento del total de las calorías consumidas en un día, y un solo refresco azucarado de 330 mililitros contiene 140. En el mismo estudio, la OMS explica lo siguiente: una persona obesa es propensa a padecer de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, presión alta, hepatitis, infertilidad, cáncer y, por supuesto, se expone a sufrir de un derrame cerebral.

El debate en Colombia apenas empieza y ya tiene todos los ingredientes de un film gansteril. Según una nota de The New York Times en español, la lucha de un grupo de abogados en Bogotá porque se implemente un impuesto mayor a los refrescos y bebidas azucaradas se ha convertido en una lucha muy parecida a la de los clanes mafiosos que Mario Puzo retrata en sus novelas, aunque el influyente diario neoyorquino lo haya equiparado al Pablo Escobar que amenazaba a muerte a todo aquel que afectaba los intereses del célebre Cartel de Medellín. En una nota de 15 de noviembre de 2017, se cuenta la historia de Esperanza Cerón, directora del grupo de abogados, quien fue perseguida por un motociclista mientras esta conducía su carro por una transitada vía bogotana. El hombre le dio alcance en un semáforo, le tocó el vidrió de la ventanilla y le gritó: “Si no se calla la boca, ya sabe cuáles van a ser las consecuencias”.

En Colombia, nadie desconoce quiénes son los productores de azúcar y bebidas azucaradas. En 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio le impuso una cuantiosa multa a 12 ingenios que afectó a 14 directivos de ese sector por poner en práctica conductas anticompetitivas. La sanción superó los 320.000 millones de pesos.

Hoy, los productores de esta superindustria están luchando a brazo partido, utilizando todas las armas legales y no tan legales, para evitar que los colombianos conozcan el gran problema que causa el excesivo consumo de azúcar en el cuerpo humano. Las embotelladoras de refrescos del país, según The New York Times, han amenazado al colectivo de abogados con una multa de 250.000 dólares si continúan en su empeño de denunciar públicamente los riesgos que corre la salud de los ciudadanos por la ingesta de estas bebidas.

Lo anterior, no hay duda, se presenta porque los fabricantes de bebidas azucaradas ven en el aumento de impuestos a sus productos la muerte lenta de su poderosa industria, algo muy parecido a lo sufrido por Philip Morris International hace dos décadas.

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