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Opinión

  • | 2018/11/22 12:39

    Mayorías silenciosas

    Estamos en modo “protesta social”. Es bueno que entendamos su naturaleza y límites.

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El derecho a la protesta social goza de especial protección, lo cual tiene una connotación de singular importancia: es legítimo cuestionar, desde el espacio público, la legitimidad de las decisiones que adopten las autoridades; o para presionarlas a fin de que actúen en un determinado sentido que, en todo caso, debe ser  compatible con los fines del Estado: no puede haber movilizaciones populares encaminadas a buscar el derrocamiento de autoridades elegidas en comicios públicos, o para constreñir a las autoridades judiciales. La asonada es un delito.

Tan poderosa herramienta de movilización ciudadana se encuentra acotada por dos barreras infranqueables: (I) la protesta tiene que ser pacífica, en la doble dimensión física y moral del concepto: la coacción es inadmisible; (II) y debe desplegarse de modo tal que no se vulneren los derechos de los demás. Nadie puede dudar de que ambas proposiciones son correctas, así su aplicación en la práctica suscite diferencias de criterio.

No sería pacífica la protesta consistente en la retención indebida de personas, pero quizás lo sea la que comporte la toma transitoria de instalaciones estatales.  En cuanto a los límites derivados de los derechos de terceros, no es admisible, como sucedió hace poco, que se haya pretendido impedir la salida a los usuarios del edificio Avianca en Bogotá como forma de ejercer presión contra una entidad oficial. El secuestro y la toma de rehenes también son punibles. Del lado opuesto, es legal perturbar la utilización de las vías públicas, aunque no al extremo de impedir por completo la movilidad.

En los debates recientes se ha dicho que el derecho a la protesta no puede ser regulado por cuanto perdería su esencia. No es verdad. La propia Constitución establece que mediante ley se pueden establecer límites al ejercicio de la protesta, justamente para resolver el conflicto entre los derechos de quienes protestan y los del resto de la ciudadanía. Esa regulación, que el Congreso deberá expedir antes del 20 de junio próximo, tendrá que concebirse sin desvirtuar la esencia contestataria y pugnaz de este mecanismo extraordinario de participación en política.

Se acierta al decir que la verdadera protesta es aquella que perturba la vida social; en fin de cuentas, se trata de forzar al Gobierno para que actúe en un sentido distinto del que ha elegido. Por eso la protesta inexorablemente comporta un fracaso institucional. Lo normal y deseable sería que por los cauces ordinarios de la democracia representativa y el diálogo razonado con los actores sociales se resuelvan los conflictos inherentes a la vida en común. Así las cosas, carece de sentido promover desde el Estado la protesta, así resulte imperativo para las autoridades respetar su ejercicio.

Como los protestantes no necesariamente tienen la razón, pienso que el Gobierno, si considera que actúa con buen juicio en la gestión de los intereses públicos, debe resistir la presión que sobre él se ejerce. De allí que me haya parecido un mal comienzo de esta administración que, ante las primeras marchas estudiantiles, hubiera entregado 1.5 billones.  Si tenía esos cuantiosos recursos disponibles para la educación superior, mejor hubiera sido destinarlos a ese fin por convicción y como parte de una política seria, y no para evitar disturbios.

Dice la Constitución que el derecho a la protesta pertenece a “toda parte del pueblo”. Otra es la realidad. Solo pueden acudir a ella quienes hacen parte de grupos cuyos integrantes no incurren en costos económicos por protestar (a menos que exista algún “paganini” dispuesto a asumirlos). A los trabajadores independientes -plomeros, manicuristas o simples abogados- no les resulta factible juntarse para formular reivindicaciones pecuniarias: sus ingresos dependen, en rigor, del mercado. El caso extremo es el del vendedor ambulante: si no vende, porque se une a la protesta -o porque los protestantes le impiden trabajar- puede que ese día no coma.

Consideremos la situación opuesta. Si dejar de trabajar para formular reivindicaciones no implica deterioro de los ingresos, los incentivos para movilizarse son altos. Los estudiantes son muy proclives a la protesta; no calculan la pérdida de ingresos de largo plazo derivados de no estudiar. Los funcionarios públicos -con razón- son muy aficionados a los paros. Para finalizarlos es usual que se estipule el mantenimiento de la remuneración por los días no trabajados. Los camioneros suelen apostar -de ordinario con éxito- a que los fletes que no recaudan durante los paros los recuperarán por la vía de tarifas mínimas o fondos concesionales provenientes del erario. Las llamadas “dignidades” agrícolas, que tanto prosperaron durante el pasado gobierno, han aprendido estos juegos. En suma: protestar es un gran negocio. Bobo el que, pudiendo, no arma una movilización larga, masiva y, ojalá, itinerante.

Más allá de los impactos económicos que el Gobierno soporta como eficaz financiador de las protestas, debería ponderar los costos políticos. Se requieren unos cuantos cientos de protestantes, a quienes debemos suponer adversarios del “Establecimiento”, para paralizar una ciudad de millones de habitantes, la mayoría de los cuales culpa al gobernante de turno por los perjuicios que padece. Esas mayorías suelen ser silenciosas. Dice una antigua ley que acabo de inventar: “Las víctimas de las protestas no protestan, pero suelen votar en las próximas elecciones”.  

Briznas poéticas. De Emily Dickinson: “¡Qué bueno regresar a mis libros! / -término de los fatigados días-. / Casi compensa la abstinencia, / y el dolor se olvida con el placer /… Doy las gracias a estos Parientes del Estante. / Sus caras apergaminadas / nos enamoran mientras esperamos, / y nos satisfacen al alcanzarlas”.

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