Desminando el Caguán

El grupo guerrillero de las FARC entrego sano y salvo al general Alzate y su dos acompañantes, un hecho muy significativo para el país y para el proceso de paz, el General entregó a la opinión pública los motivos por el cual fue privado de su libertad y solicitó el retiro de las Fuerzas Armadas, previa a una conversación con el Ministro de Defensa y otros miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas, la versión del general deja muchas dudas y como otros episodios relacionados con el conflicto armado es probable que de manera inmediata o a mediano plazo no tenga la opinión pública el conocimiento de los verdaderos hechos que condujeron a tal situación.

Varias hipótesis se construyeron al respecto, pero bien vale la pena hacer algunas reflexiones sobre cómo los medios, los actores políticos, los columnistas de opinión y los denominados expertos expresaron sus propias versiones sobre los hechos, pues a partir de las reflexiones que se hacen de cara al país se construyen los imaginarios colectivos y las opiniones y posiciones en relación con la guerra y la paz.

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto de normas de carácter internacional que regula la guerra y los conflictos armados y es aplicable independientemente del estatus jurídico de las partes, es decir que no observa la legalidad o ilegalidad de propósitos de las partes en el conflicto. En la guerra existen ciertas prácticas que son consideradas por el DIH como lícitas e ilícitas, por ejemplo de la primera categoría se encuentran las estratagemas y de la segunda la perfidia. La primera consiste en que una de las partes induce en error a su adversario para obtener una ventaja militar, mientras la segunda consiste en el engaño a la buena fe del adversario simulando la condición de persona protegida, es el caso de simular el de estatus de población civil o de no combatiente para obtener una ventaja militar.

El general Alzate ha explicado al país que se encontraba realizando lo que se denomina en el argot miliar como una acción cívico militar, el cual consiste en desarrollar acciones psicológicas para ganar la confianza de la población y afianzar las relaciones entre las fuerzas militares y la sociedad civil, acciones que han sido fuertemente criticadas por los riesgos que se expone a la población civil. Si la versión del General no fuera cierta y las FARC lo hubiera inducido en error se materializa una estratagema, que en sentido estricto, como acto de guerra, es lícito a la luz del DIH. Incluso si las FARC cumplieran el DIH en todos sus actos, y en particular el denominado principio de humanidad, el General Alzate sería considerado como un “Prisionero de Guerra”.

Sin embargo, si la hipótesis consistiera en que éste pretendía obtener una desmovilización del adversario, es decir obtener una ventaja militar a través de la entrega de aquéllos, utilizando bienes militares y simulando la situación de persona protegida –población civil–, lo coloca en un acto de perfidia. Los Estados al ratificar los tratados internacionales se comprometen a modificar sus normas y estructuras internas para que sean acordes a los estándares internacionales, y no lo contrario; en estos casos prevalece el derecho internacional por tratarse de las llamadas “ley especialis”  

En este sentido, quiero indicar que las situaciones hay que denominarlas por lo que son y no por lo que uno quiera que éstas sean; de ahí la responsabilidad de la objetividad con que se opine sobre una situación en concreto, pues es así como poco a poco se va generando en la masa social un imaginario colectivo, con las consecuencias que ello conlleva, como la denominada violencia sistémica; es una cuestión de ética en el manejo del ejercicio profesional o periodístico.

El general Alzate es uno de los máximos comandantes de las Fuerzas Militares de Colombia y ostenta unas condiciones humanas, intelectuales y profesionales para conducir la guerra y está preparado para enfrentarla; en ese sentido es su deber evaluar las consecuencias tanto políticas como militares de sus actos, en otro país un acto de ésta naturaleza sería objeto de un juicio militar o civil por los riesgos en que ha colocado las políticas del Gobierno; es pretender considerar al médico como víctima de su paciente si éste no acató los protocolos de bioseguridad. Entiendo la situación personal del General Alzate y su gallardía al dejar su cargo pero sería un pésimo mensaje a la sociedad.

Lo anterior no implica que yo esté a favor o en contra de las partes del conflicto, pues todo acto que menoscabe la dignidad o libertad es reprochable y condenable a la luz de los derechos humanos y del DIH, ya sea desde el ámbito del derecho internacional o nacional. El proceso de negociación con las FARC se sigue, entre otros, por dos principios básicos: de una parte, se negocia en medio del conflicto y las hostilidades, y de otra, lo que sucede en Colombia se resuelve en Colombia y lo que sucede en La Habana se resuelve en La Habana. Sin duda este episodio logró romper el principio de buena fe y la confianza en las negociaciones por la ruptura unilateral del proceso al asumir una conducta contradictoria con la primera posición asumida, de tal suerte que cambió el estado de cosas con base en el cual se guió la otra parte.

Este episodio, sin embargo, contribuirá positivamente en el proceso, ya que ha dejado en evidencia varias lecciones que bien valen la pena repasar y reorientar, una de ellas es la posibilidad de entrar en una fase de discusión o de implementación de un cese bilateral de las hostilidades. Uno de los argumentos del Gobierno para desarrollar el proceso en medio del conflicto y de las hostilidades es precisamente el no permitir la obtención de una ventaja militar o política por parte de las FARC, y trae como antecedente el proceso de negociación durante el gobierno del exresidente Pastrana y el cese de hostilidades. Este argumento fue precisamente el que llevó a que en un periodo corto de tiempo, en tan solo un periodo preelectoral, cambiar el imaginario colectivo del pueblo colombiano de la paz a la guerra, y llevó al expresidente  Álvaro Uribe Vélez a dos periodos presidenciales sin que lograra la derrota militar y el exterminio de las FARC, como lo había prometido.

En realidad, como lo he indicado en algunos artículos, ese periodo bien puede llamarse como el de las “traiciones mutuas”; tanto el Gobierno colombiano como las FARC durante todo el proceso llevaron una agenda política y militar paralela ante un eventual fracaso de las negociaciones en el caso del Gobierno, y en las FARC como estrategia para la “toma del poder”.

Ese contexto llevó al punto de entrada o quiebre de lo que algunos denominan como la “derrota estratégica de las FARC”, y el proceso se puede ilustrar con una famosa frase del mismo Manuel Marulanda Vélez: “estábamos en La Calera y pasamos al Caguán”. El proceso de negociación con las FARC se llevó a cabo en el momento más positivo de esa organización y en cumplimiento de la estrategia establecida por ésta en su ya famosa Séptima Conferencia, y en una seguidilla de derrotas y humillaciones propinadas a las fuerzas militares. El punto de quiebre al que hago referencia se propició, entre otras razones a: las FARC consideraron que el proceso de paz desde lo político contribuiría a crear un imaginario colectivo a favor de la revolución y la toma del poder por parte del grupo insurgente, situación que no sucedió y que logró todo lo contrario, entre otros factores por los múltiples abusos llevados a cabo por la organización en la denominada “zona de distención”; desde lo militar las FARC pretendían generar lo que en su momento llamó como “desenvolvimiento estratégico a partir de la Cordillera Oriental”, para lograr de manera coordinada la presencia en todo el país, situación que tampoco logró; las FARC pretendían pasar de un ejército de guerrillas a un ejército regular en medio de una guerra irregular, y pasar de 18.000 a 50.000 hombres, situación que nunca ocurrió y que por el contrario disminuyó ostensiblemente; las FARC pretendieron con la concentración de sus fuerzas en la zona de distención obtener un mando unificado y pasar de la guerra de movimientos a la guerra de posiciones, y se aventuró con la toma de Mitú con resultados catastróficos para la organización desde lo militar; en realidad las FARC no logró traspasar la guerra de movimientos y terminar con su tradicional guerra de guerrillas, o incluso lo que se conoce como la teoría de los focos, a pesar de la demostración de acumulación de fuerzas y poder bélico en el Caguán;  las FARC no logró consolidar una estrategia de reclutamiento que permitiera un desarrollo político de cuadros militares y políticos de carácter cualitativo, por el contrario siguió su ya tradicional composición rural y el privilegiar el reclutamiento forzado, especialmente de menores; y, las FARC no consiguió la modernización de su arsenal bélico, y en el mejor de los casos con su propia tecnología desarrolló armas no convencionales, no permitidas por el DIH, que llevaron a episodios tan lamentables como el de Bojayá.

De otra parte, se desarrollaron dos procesos paralelos, de una parte el gobierno colombiano logró diseñar y encausar una estrategia que hizo posible llevar al país, de un Estado considerado como no viable por la comunidad internacional a un Estado viable, y eso fue posible, entre otras razones, gracias a: implementar con apoyo del gobierno de los Estados Unidos de América el denominado Plan Colombia; cambiar la destinación de los recursos de cooperación de los Estados Unidos e incluir a las FARC en la lucha contra el narcotráfico; fortalecer las fuerzas militares en las áreas del combate aéreo, la inteligencia militar y su modernización; cambiar la correlación de fuerzas entre las partes y crear las condiciones para toda una serie de derrotas parciales a las FARC, en términos tanto de bajas de combatientes como de cuadros políticos y militares, incluyendo su máximo líder Alfonso Cano, y se consolidó en el país un imaginario, por lo menos en las ciudades y en grandes extensiones rurales, un apoyo a favor del Estado en la lucha contra las FARC. De otra, con el apoyo de sectores del Estado, las Fuerzas Militares y diversos sectores de la sociedad se consolidó el paramilitarismo y el control político, militar, social, territorial y disciplinario de la población en diversas regiones del país por parte de éstos.

Lo anterior, me permite concluir que para desarrollar un debate serio en el país sobre la posibilidad de un cese bilateral de hostilidades se debe comenzar por la desmitificación del Caguán y sus efectos en el fortalecimiento político y militar de las FARC. En mi opinión los impases generados en el marco de las hostilidades deben contribuir a una discusión paralela y urgente del cese bilateral de hostilidades, el desescalamiento del conflicto, la concentración de las FARC y la dejación de las armas por parte de dicha organización.

En medio de las múltiples contradicciones que ha desatado el proceso de negociación, como los últimos acontecimientos, han permito que el Gobierno pueda reorientar el proceso y se fije metas sólidas hacia la terminación definitiva del conflicto, lo que me lleva a plantear lo siguiente: en uno de mis artículos, que fue publicado en esta misma Revista, un día antes de las elecciones para la Presidente de la República, osé en señalar que en manos del Presidente Santos se encontraba la posibilidad de hacer una ruptura del paradigma del legado frentenacionalista y el tránsito hacia la modernidad, entendida esta última como el paso del acceso al poder por las vías democráticas y la cesación del uso de la violencia, y la inclusión social y política de diversos sectores de la sociedad colombiana.

El proceso con las FARC resuelve la desmovilización y la inclusión política de ese grupo insurgente, y probablemente el del ELN también, pero deja en el camino serios vacíos de inseguridad política, militar y jurídica que pueden conllevar a su vez a procesos de violencia sistémica a corto, mediano y largo plazo, por lo que es imperioso que en el proceso se incluyan de una parte, otros sectores del país encarnados diáfanamente, entre otros, en Álvaro Uribe Vélez y sectores de las Fuerzas Militares; los elementos estructurantes de esa posibilidad ya han sido manifestados públicamente como sector político y de poder real por el Procurador General de la Nación, el mismo Alvaro Uribe y el ex Viceministro Guarín. De otra, dos años antes de iniciar el proceso de paz escribí un artículo sobre cinco puntos clave para llevar un proceso definitivo de paz, publicado por el Portal La Silla Vacía y en el señalaba que era necesario “desarrollar un conjunto de dispositivos sociopolíticos que contribuyeran a construir un imaginario colectivo a favor de la paz” es precisamente lo que de una manera más sencilla otros han definidos como la pedagogía para la paz.

Finalmente, para desactivar procesos sociales que pueden hacer del posconflicto una realidad más devastadora que el propio conflicto armado, se requiere de mecanismos e instrumentos que permitan procesos de inclusión social y política de diversos sectores sociales que hoy viven el rigor del control de las partes del conflicto y de la criminalidad organizada. El único camino viable en mi sentir para tal propósito es una Asamblea Nacional Constituyente limitada que resuelva, entre otros problemas, los relacionados con la justicia, la justicia transicional, la consulta previa con los pueblos indígenas y afrodescendientes, la refrendación de los acuerdos, la sincronía de los modelos de propiedad y productividad rural, los mecanismos de participación, etc. Solamente la expresión de los factores reales de poder que permitan un nuevo consenso social y político logrará la seguridad política, jurídica y social del país a nivel interno e internacional.