DIVAGACIONES SOBRE UN TEMA ABURRIDO

El problema de que el próximo 2 de julio se venza el término para modificar o abolir el Concordato, no es tanto el de la discusión que ambas alternativas generan entre los colombianos. El problema radica, más bien, en que difícilmente, aunque uno se lo proponga, puede encontrar tema más aburrido.
La anterior afirmación, que podría costarme un pecado venial -por parte del reino de Dios-, y una infracción de policía -por parte del de los hombres, resume, en términos generales, el marco de la polémica a la que periódicamente seguiremos condenados los colombianos si no se adopta la decisión, de una vez por todas, de tomar el toro por los cuernos en el único punto del Concordato que realmente interesa a la opinión pública: el del matrimonio y el divorcio. Sobre las demás materias concordatarias la opinión pública posee un interés liliputiense, para no decir inexistente.
Algunos, quizás los que consideran equivocadamente que esta polémica constituye un problema de alto turmequé religioso, sostienen que lo que hay que hacer con el Concordato es abolirlo, porque constituye un acto discriminatorio contra otras religiones, al permitir que el Estado colombiano mantenga con la Iglesia una clase de relaciones especiales, que supuestamente reñirian con el principio de libertad de conciencia y de cultos que consagra el articulo 53 de la Constitución.
Con el mismo argumento podriamos alegar que un tratado fronterizo entre Colombia y Venezuela también sería discriminatorio contra los demás países del hemisferio. El Concordato es, igualmente, un tratado público internacional, en virtud del cual se regulan ciertas fronteras comunes entre el Estado colombiano y la Santa Sede. Contiene previsiones útiles que, probablemente muy poca gente, -salvo Andrés Holguin y otros "holguinólogos"-, estaría interesada en cambiar.
Si nadie duda acerca de la con veniencia de que Colombia y Venezuela resuelvan de una vez por todas sus problemas fronterizos a través de un tratado, ¿por qué proponer en cambio la eliminación del tratado fronterizo ya existente entre el Estado colombiano y el Vaticano, y propiciar asi una pelea en torno de unos islotes... no ya territoriales sino espirituales?
No. El llamado "problema de Concordato", repetimos, es el de matrimonio. Y está concretamente localizado en el artículo 7° del mismo, donde consta que el Estado colombiano reconoce plenos efectos civiles al matrimonio celebrado de conformidad con las normas del derecho canónico.
En eliminar o no este artículo descansa el punto más candente de la polémica. Vamos a suponer a título especulativo, que asi se hiciera. De esta forma se haría obligatorio en Colombia el matrimonio civil, quedando a la voluntad de los contrayentes la posibilidad de celebrar adicionalmente el matrimonio religioso.
¿En qué cambiarían las cosas? En poco para los creyentes, que seguirían "casados" con la idea de la indisolubilidad del matrimonio católico. Pero en mucho para quienes, separados de cuerpo en matrimonios católicos previos, se casan en segundas nupcias "a lo Mickey Mouse" en países del extranjero, obligados por el código civil colombiano a mantenerse matriculados en una religión.
Uno de los más delicados errores que cometen quienes se han interesado en esta polémica, consiste en suponer que lo que busca el Estado colombiano es la facultad de implantar el divorcio vincular, que actualmente existe en el país para el matrimonio civil, al matrimonio católico. El Estado jamas podrá decretar la disolubilidad del matrimonio católico. Lo que si puede, si recupera su soberanía sobre los efectos civiles del matrimonio católico, es autorizar la disolución del vínculo matrimonial, pero en cuanto a la órbita civil de ese matrimonio. La pareja ya verá si se queda con el sacramento, que hace el matrimonio indisoluble desde el punto de vista religioso, o si contrae nuevas nupcias por fuera del toldo de la Iglesia.
En Colombia se está haciendo cada vez más difícil sostener los efectos civiles del matrimonio católico. Parece ser que hasta ahora nuestros gobiernos no se han atrevido a tomar el paso, por miedo a las criticas de quienes creen, realmente, que lo que estaría haciendo el Estado sería institucionalizando el divorcio vincular para el matrimonio católico, cuando ya hemos visto que es imposible que el Estado legisle sobre un sacramento. Ello seria tan ridículo como la existencia de una ley que decretara que a partir del próximo martes Dios no existe.
No son, en cambio, tan claras las razones de la Iglesia para oponerse a este deslinde civil y religioso. Sería absurdo temer que el creyente pierda tal calidad por el hecho de que le abran una puerta a la posibilidad de dejar de serlo. En cualquier caso, a nadie pueden amarrarlo para obligarlo a creer en Dios. Apuesto, incluso, a que el número de matrimonios católicos aumentaria. Pero lo que si perdería la Iglesia, y en ello puede radicar el principal motivo de que se oponga a que el Estado recupere los efectos civiles del matrimonio católico, sería quizás poder cultural. Le sucedería algo semejante que a los padres cuando los hijos adquieren la mayoría de edad: que ya pueden tomar sus propias decisiones. ¿Por qué presumir de entrada que tomarán las equivocadas?
No hay duda. Difícilmente puede encontrarse un tema más aburrido que el del Concordato. Pero difícilmente, también, puede encontrarse fórmula más sencilla que la de eliminar los efectos civiles del matrimonio católico, para quitarnos de encima la obligación de seguir hablando eternamente de temas tan aburridos.