Ayer, 17 de junio se cumplieron dos años exactos desde la victoria en segunda vuelta del presidente Duque. Y estamos a dos años de que su sucesor sea declarado electo. Es mucho y es poco tiempo a la vez. Y lo que haga el gobierno en estos dos años marcará la impronta de su legado y la forma como será recordado por los colombianos.
Ya es claro que su eslogan de gobierno “emprendimiento, legalidad, equidad” no será lo que defina estos cuatro años en la memoria de los ciudadanos. La tormenta de covid-19 llegó y trastocó todos los cálculos, proyectos, aspiraciones y promesas. El cerco diplomático a Venezuela, la alineación con el gobierno Trump, el fracking, e incluso la revisión de los acuerdos de paz o la fumigación aérea con glifosato serán capítulos menores en sus memorias de gobierno.
Duque se convirtió por cuenta de la pandemia mundial, en el presidente de un país en crisis y dominado por la angustia y la incertidumbre. Será por lo tanto lo que haga de ahora en adelante para terminar de enfrentar la epidemia y –más aún—para sanar la economía y su impacto dramático en materia de pobreza y desempleo lo que determine si Duque fue un buen presidente.
Y como todos los países en crisis tan profundas y severas, el primer examen para el presidente será su capacidad para ahora sí unir al país –no solo a los políticos—alrededor de una nueva agenda nacional ambiciosa y trascendente que permita reconstruir a Colombia. Y cuando digo reconstruir no quiero decir volver al pasado, a lo que teníamos antes de marzo de 2020. Me refiero a una agenda de transformaciones sociales y económicas que nos hagan surgir como un país distinto, más humano, más solidario, más generoso, y por lo tanto mejor que el que teníamos antes.
Esa unidad nacional no puede ser solo de puertas y declaraciones para fuera. Debe ser un acuerdo real, serio y profundo, que parta de reconocer las diferencias y valorarlas, pero también trascenderlas en aras de ese propósito común. No es tarea fácil. El presidente Duque ha mostrado ambivalencias al momento de convocar a sus detractores y a los colombianos en general, como sucedió con las reformas de la consulta anticorrupción. Y como dicen, se necesitan dos para bailar. En este caso somos muchos, somos todos, los que debemos estar listos para aportar, exigiendo, pero también cediendo, sin ultimátum, ni chantajes, sin cálculos electorales ni ambiciones personales. Y con ese rasero, los ciudadanos deberemos medir a todos los líderes, políticos, económicos, sociales y empresariales. El cortoplacismo y la mezquindad deben quedar proscritos.
Uno de los temas centrales de ese acuerdo es el tema laboral. El mercado laboral colombiano es disfuncional y compartimentado. En un mundo viven los trabajadores que tienen empleos formales y gozan de todas las protecciones de ley. Otro, totalmente distinto es el mundo en el que luchan por sobrevivir millones de personas que viven de lo que consiguen cada día, como los cazadores de la prehistoria. Existen ya algunas herramientas que pueden ayudar a cambiar este panorama. La Agencia Nacional de Empleo, por ejemplo, es una base para lograr hacer más transparente y eficiente el mercado laboral. Pero esa herramienta es poco conocida y por lo tanto poco usada por empleadores y buscadores de empleo. El seguro de desempleo, incipiente e insuficiente, debería ampliarse y ser más generoso, con aportes del Estado (como en Europa o Estados Unidos) para que la pérdida del empleo sea un poco menos dramática y angustiosa de lo que lo es hoy. Robustecer el sistema de seguro de ingresos frente al desempleo también contribuiría a que el debate necesario sobre la flexibilización y el trabajo por horas avanzara de manera más constructiva. El teletrabajo, que se empezó a regular hace unos pocos años, ha demostrado que es una alternativa válida para muchas personas, en particular para quienes tienen a su cargo hijos pequeños o personas mayores a su cuidado. Aquí también es necesario profundizar y perfeccionar el marco legal existente, pero ya hay unas bases sobre las cuales avanzar.
A mi modo de ver el otro gran tema de una agenda nacional es la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Se ha venido abriendo camino la idea de una renta básica universal que garantice un verdadero mínimo vital para cualquier persona. Algunos aducen en su contra que muchos no la necesitan. Y es cierto. Pero si se universaliza la declaración de ingresos, será fácil recuperar lo que se le entrega a los que no lo necesitan. Aún si no llegamos a la universalidad en el corto plazo, esa figura debería ser implementada para ciertos grupos poblacionales. En el caso de los adultos mayores, por ejemplo, ya existe una base de beneficiarios y un esfuerzo –aún insuficiente—para cubrir sus necesidades básicas. Debería extenderse a todos los mayores de 65 años. Lo mismo debería ser para los niños, ampliando programas como Familias en acción, para garantizar que ningún niño se quede sin comida, techo, educación y salud.
La desigualdad y la pobreza en Colombia tienen también una dimensión geográfica y étnica. Nuestros compatriotas afrocolombianos e indígenas sufren desproporcionadamente por la falta de ingresos, oportunidades y reconocimiento. Lo mismo se puede decir de regiones enteras del país, como el Chocó, La Guajira o el Cauca. Son regiones que necesitan del equivalente a un Plan Marshall como el que sacó de la miseria a la Europa destruida por la segunda guerra mundial.
Empleo y lucha contra la pobreza son los temas centrales de una agenda de transformación de nuestra sociedad posepidemia. Son metas ambiciosas que necesitan de un liderazgo fuerte, generoso y visionario por parte del presidente Duque y de todos los colombianos. Será frente a los resultados en estos frentes que podremos evaluar el legado y la gestión como gobernante de un país en crisis del cuatrienio de Iván Duque.