¿EDTU 2.0?

El 6 de junio de 2014, mediante ponencia del Dr. Mauricio González Cuervo, en la sentencia T-353 de 2014, la Corte Constitucional estableció las reglas especiales para la elaboración de los planes de desarrollo de las entidades territoriales, en este sentido, el máximo tribunal constitucional estimó los requisitos quintaesenciales para la aprobación de dichos planes, así, el fallo en su literalidad establece seis reglas o requisitos necesarios para la aprobación de estas iniciativas, sin embargo, hoy solo nos referiremos a uno de estos puntos, el cual es de cardinal importancia. En ese entender, la providencia resalta que: ”…el alcalde debe elaborar el plan conforme al programa de gobierno presentado al inscribirse como candidato.” Así las cosas, con infinito respeto, después de analizar en detalle la gestión del concejo de Bogotá luego de aprobar el artículo 88, presentado en el plan ‘Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI‘, me di a la tarea de revisar el programa que la Dra. Claudia presentó el año pasado y sobre el cual se estructuró este documento, y con sorpresa encontré que nada se dice acerca de la creación o constitución de una empresa distrital de transporte público.

Es de vital importancia referirnos a que el sistema democrático colombiano tiene su sustento ideológico en la filosofía del voto pragmático, con lo cual, en nuestro régimen constitucional, como tal, el electorado no escoge a un candidato por sus características personales, su recorrido, su hoja de vida o su aceptación, nuestro sistema pone a consideración del elector un plan de gobierno, lo que en estricto sentido significa, que en la práctica no estamos votando por el señor X o la señora Y, estamos votando por los planes de gobierno que cuidadosamente cada uno de estos candidatos, formuló, estudió y redactó, con un único propósito; ponerlo a consideración de la ciudadanía, para que a través del mecanismo de participación se escoja la propuesta que más se ajuste a la preferencias ciudadanas.

Para el caso concreto, el plan de gobierno presentado por la Dra. Claudia López Hernández, obedece a una metodología, que claramente resume su talante; un plan serio, organizado e incluso sumido dentro de una estructura técnica, el texto fijó 5 propósitos o metas que en caso de convertirse en la primera alcaldesa elegida por Bogotá D.C se tornarían en el plano cardinal de su línea gubernamental: el primer pilar, denominado vivir sin miedo, se centra sobre una ambiciosa propuesta  de reivindicarle al bogotano la tranquilidad, ello sustentado en una estructura de paz, justicia y seguridad, por su parte, como segundo estandarte de su plan de gobierno, se fijó un especial propósito de maximizar todas las apuestas frente a la educación, salud, igualdad y oportunidades para todos los capitalinos, consecuentemente la tercera meta prevista en su programa de gobierno se basó en su propuesta de ciudad para abordar los temas de  prosperidad, movilidad, empleo y desarrollo. Finalmente el plan de gobierno fija como sus dos últimas metas un formidable programa ambiental y una revolucionaria apuesta por el modelo de desarrollo regional.

Con relación a la tercera meta plasmada en este documento, y denominada Tiempo para la familia y el desarrollo, no para el trancón, este punto, resume y explica la apuesta de la Dra. López en materia de movilidad, tal vez uno de los desafíos más complejos de cualquier candidato a la hora de redactar un plan de gobierno, pues para nadie es un secreto las titánicas dificultades que suponen solo tocar este asunto en una ciudad como Bogotá. Con todo, en el programa Claudia alcaldesa, la propuesta se basó básicamente en: regresar a un estricta política de cultura ciudadana para el uso de los vehículos particulares, la construcción de la primera línea de metro de Bogotá, la mejora de la interconectividad de las troncales de TransMilenio, así como la apuesta de inclusión territorial con la integración regional a través de tranvías con los municipios circunvecinos de la sabana, la ampliación del sistema de Tansmicable, por su parte también se establece una importante visión de ciudad del siglo XXI, tendiente a reglamentar el uso de las plataformas tecnológicas de transporte, en fin, sus proyectos pragmáticos, le dieron la oportunidad el paso 28 de octubre de 2019, de convertirse en la primera alcaldesa de la capital de los colombianos, sin embargo, es fundamental revisar que a lo largo de este documento, de más de cincuenta páginas, no se evidencia nada sobre la constitución de una empresa distrital de transporte, hecho que de suyo, genera hoy más interrogantes que certeza sobre la figura que ayer, 31 de mayo de 2020, fue aprobada con 24 votos a favor y 21 en contra.

La inconveniencia financiera, técnica y empresarial de una empresa de esta magnitud, salta a la vista, pues desde ya e incluso antes de haberse siquiera escrito el primer documento legal para su constitución, ya hay en el aire incertidumbre y en alguna medida, un presagio de inconformidad, esto, en la medida que si bien, el transporte de Bogotá, ese que esta plagado de dificultades, desaciertos, incomodidades y vicisitudes, ese del cual tanto denigramos, es el vehículo natural de desplazamiento de millones de personas, por eso, con verticalidad sostenemos que si bien estamos lejos de ser un sistema masivo de transporte perfecto, los trabajos mancomunados entre distrito y operadores durante los últimos años han sido de tal magnitud que precisamente han logrado socorrer las dolencias y traumatismos para un sistema que estaba ad portas de colapsar y cerrar definitivamente su operación.

La administración distrital debe ser consciente de las complejas realidades de orden procesal y judicial que están empezando a rondar al palacio de Liévano ante la eventual ruptura del equilibrio contractual que existe entre el Distrito y los operadores del transporte. Bogotá no puede someter el futuro de nuestros hijos y nietos en el pago de millonarias indemnizaciones fruto de contenciones judiciales en las que desafortunadamente al existir factores de expectativa negocial, harán de cualquier conflicto, multimillonarios procesos contenciosos administrativos, pero más allá de los desafortunados descalabros económicos procesales, el que más nos preocupa es la crisis de orden empresarial y financiera que podría implicar  que a estas alturas de la vida el distrito se dedique a implementar una sofisticada operación técnica, que como ya lo habíamos mencionado, estuvo abocada al rotundo fracaso con la EDTU, entidad que tal y como  ya lo habíamos precisado, fue un monumento a la ineficiencia administrativa, una oda a la corrupción, y un precedente  de la ineficaz burocracia distrital, una empresa que en 1991 durante la suscripción del acta de liquidación, tenía en sus patios más de 200 vehículos nuevos que nunca se estrenaron.

Nuestro mensaje es y será el mismo, creo que como demócratas y hombres de legalidad nunca seremos inconsecuentes con nuestros principios y por ello, en momentos como estos en los que percibimos una equivocación de parte de la administración o del concejo de la ciudad, siempre  elevaremos nuestra voz con el ánimo de sustentar con argumentos y con elementos jurídico en favor de la ciudad y en especial de los bogotanos, alcaldesa, en usted confiamos, en su buen juicio y en su consecuencia, sin embargo, consideramos que estamos ante una gran equivocación, no solo desde el punto de vista financiero, administrativo, sino desde la misma complejidad formal y legal, hacemos estas respetuosas observaciones, para evitar a toda costa que en Bogotá se vuelva a configurar otra vez un episodio tan doloroso como podría ser este EDTU 2.0.