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Opinión

  • | 1985/10/14 00:00

    EL CARNE INTELECTUAL

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Con la aprobación del famoso "Estatuto de los Partidos", se hizo evidente que casi constituye una "raza en extinción" la de aquellos parlamentarios que todavía leen los proyectos de ley antes de aprobarlos (Rodrigo Marín en el Senado Benjamín Ardila en la Cámara, y otros cuantos, contados con los dedos de la mano). Está de moda, por desgracia, que los congresistas le saquen el quite a la responsabilidad filosófica y política que les exigen aquellas leyes que ellos mismos han colaborado en aprobar.
Por eso a los ciudadanos corrientes y molientes, aquellos a los que nos toca acatar las leyes que otros aprueban sin leer, nos conviene localizar estos proyectos cuando aún no han sido presentados ante los honorables padres de la patria, y someterlos a un conveniente debate ante el foro de la opinión pública.
Yo localicé uno que aparentemente se encuentra sobre el escritorio de la ministra de Comunicaciones. Un auténtico esperpento jurídico que en el curso de los próximos días podría ser llevado por el gobierno ante el Congreso.
Se trata de una reglamentación atentatoria contra la libertad de opinión, que con la disculpa de reformar la ley 51 de 1975 --que ordenó "carnetizar" el gremio del periodista--, se propone ahora reforzar tan absurda disposición, procurando que los muchos y muy buenos periodistas que siguen ejerciendo sin tarjeta, tengan que retirarse definitivamente de la profesión perseguidos por los bolillos de la policía.
Salvo dos artículos que buscan realmente proteger al periodista en cuanto a la reserva de sus fuentes de información y a la libre movilización que deben facilitarle las autoridades civiles, militares y de policía, no hay un solo artículo de este proyecto de ley que resista el riguroso examen de la libertad de opinión.
En caso de que llegara a ser aprobado este adefesio, nadie, pasando por el director, por el corrector de pruebas o por el diagramador de una publicación, podrían serlo sin el requisito de la tarjeta de periodista, que acredite su formación periodística en una entidad universitaria. No contempla solución para el caso de los periodistas empíricos, como es el de la suscrita, que tendría que cerrar esta columna para siempre, y contentarse con el hecho de que opinar se habría convertido en un delito para todo el que se atreva a hacerlo sin carné.
Prestigiosos periodistas se han pronunciado categóricamente sobre el fracaso de la tarjeta profesional de periodista, en cuyo espíritu reposa el objetivo de que los medios se vean obligados a preferir a un portador de la misma sobre otro candidato cuya única tarjeta de presentación la constituya su talento.
En la actualidad se han expedido más de 3 mil tarjetas de periodista, que de ninguna manera constituyen garantía de que el ejercicio, del periodismo sea más pulcro, profesional o responsable de lo que lo era antes de la ley 51. Pero, sobre todo, no han logrado expulsar del mundo del periodismo, en cuyo núcleo reposa el sagrado derecho de opinión, a abogados, políticos, ingenieros, ecólogos en ejercicio, que desde sus respectivas profesiones sienten la necesidad de comunicarle algo al país a través de un medio periodístico.
Pues nada. Que si esta ley llega a ser aprobada, ya no podría haber estadistas escribiendo editoriales, ni hombres cultos haciendo corrección de pruebas, ni ingenieros o arquitectos o dibujantes aplicando su sentido estético y matemático en la diagramación de una publicación.
Otra joya del proyecto: la creación de un "Consejo Nacional de Periodismo", con el objeto de que ayude a aplicar esta ley. Para el cabal funcionamiento del mismo, dispone, "el gobierno proveerá los recursos necesarios".
¿Teniendo en cuenta que este Consejo haría las veces de Tribunal disciplinario, ético y académico de la profesión del periodista eso de que el gobierno "proveerá los recursos necesarios" no tiende un peligroso puente sobre la independencia que debe existir entre el gobierno de turno y el ejercicio del periodismo? Pero el proyecto no se contenta con ser simplemente peligroso. También es ridículo. Prueba de ello la constituye el artículo 17, donde se señala que sólo los estudiantes de último año de periodismo podrán realizar prácticas remuneradas en algún medio periodístico. Eso sólo significa que un estudiante de periodismo que curse cualquier otro año, tendrá que rechazar, so pena de incurrir en un delito, cualquier posibilidad de empleo que consiga relacionada con su profesión. Pero en cambio podrá sostener sus estudios de periodismo como ayudante de enfermería, como asistente de un abogado o lavando platos en un restaurante...
En el artículo 19 se señala el 9 de febrero como el día del periodista. Y, ténganse, será festivo para ellos. Y como si lo anterior fuera poco, el proyecto de ley 175 de 1984, que ya fue aprobado en la Cámara, completa el sainete creando la "estampilla del periodista", que en septiembre de cada año será de obligatoria utilización en cartas, paquetes y... telegramas. Debería darnos verguenza que la profesión del periodista quede amparada con medidas propias de la protección del minusválido.
Estamos, sin embargo, a tiempo para frenar este error histórico. Lo que necesita la ley 51 de 1975, que dispuso la carnetización de la función intelectual de opinar, no es que la modifiquen para evitar la afortunada circunstancia de que la disposición se esté violando en la actualidad, sino que la desmonten, con el objeto de que en la profesión del periodista siga siendo más importante el talento que haber hecho la cola ante una ventanilla.
El problema es que en el Congreso, frente a cuyas irregularidades el ejercicio libre del periodismo ha resultado tan eficaz para purificar la democracia, existen parlamentarios para quienes resultarla muy atractivo una ley tendiente a amordazar la libertad de opinión con la disculpa de regularla.
Por eso, mientras el proyecto aún reposa sobre el escritorio de la Ministra, debemos ponernos rápida mente de acuerdo en torno de una consigna: lo que el periodismo necesita del Estado es que lo ampare. No que lo carnetice ni lo someta a la vigilancia de tribunales sufragados, por consiguiente fácilmente manipulables por el gobierno de turno.--
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