El problema es el crimen organizado

Aún no ha empezado la Cumbre de las Américas en la ciudad de Cartagena de Indias y ya hay una pregunta que ha generado todo tipo de especulaciones alrededor de su tratamiento por parte de los presidentes de las 33 naciones que asistirán al evento: ¿Qué hacer con las drogas ilegales?

El tema lo ha planteado el presidente Juan Manuel Santos Calderón en diversos escenarios nacionales e internacionales desde noviembre del año pasado, cuando en una entrevista a un medio de información británico se mostró abierto a discutir el asunto. Desde ese momento, el debate ha venido creciendo en América Latina de cara a lo que podría darse en Cartagena, durante el encuentro de los mandatarios de la región.

Santos Calderón sustenta su propuesta en unos argumentos que no tienen nada de novedosos y ya han sido esgrimidos en el pasado por diversos sectores sociales, económicos y políticos: el fracaso de la guerra contra el narcotráfico y los daños que esa confrontación le ha generado al país, no sólo en pérdidas de vidas humanas y la afectación de la economía, sino en la destrucción del medio ambiente.

Lo que observo es una gran simpleza en la propuesta presidencial, pues a mi juicio lo que se pretende atacar es uno de los tantos negocios ilegales, quizás uno de los más lucrativos, pero no el único, que manejan las redes de criminalidad. Considero pertinente advertir que los debates deberían apuntar a la construcción de estrategias consensuadas y más efectivas contra el crimen organizado que, dadas sus condiciones de flexibilidad, tiene la posibilidad de buscar otros horizontes económicos cuando una de sus actividades deja de ser rentable.

Al respecto, Jean-François Gayraud, uno de los más importantes estudiosos del tema de la criminalidad en el mundo, considera que una “potencia mafiosa es esencialmente multicriminal”, lo que quiere decir que “una estructura de este tipo no se limita a una especialidad delictiva”. A juicio del analista francés, “su fuerza ‘militar’, política y económica le permite autoinvitarse en todos los sectores del crimen. Tampoco excluye ni prioriza ninguna fuente de ingresos criminales. Tiene la posibilidad de elegir”.

Y aquello que describe Gayraud ocurre tanto en las calles, donde trajina el eslabón más débil de la cadena de la criminalidad, como en las amplias oficinas de aquellos que reciben las grandes ganancias de las operaciones ilegales. Para comprobar tales conceptos basta imaginar qué ocurre en un barrio cualquiera donde opera una banda y tiene negocios de droga al por menor. El día que las sustancias alucinógenas estén escasas o no haya una amplia demanda, es muy probable que se incrementen las cuotas de las extorsiones a transportadores, tenderos, panaderos y pobladores, pues es impensable una reducción de ingresos. Y si ello ocurre con muchachos y muchachas de poca formación académica, ya se podrá intuir qué ocurre entre aquellos de alto nivel que controlan los altos flujos de dinero que dejan los negocios de la ilegalidad.

Gayraud advierte que esa elección “se basa en una estimación pragmática de costes y beneficios, donde se sopesan las ganancias netas y los riesgos originados por la represión estatal”. Cada uno, a su manera y desde su experiencia, hace un cálculo racional: “si la represión se vuelve demasiado peligrosa la mafia se retira; si un nuevo mercado criminal parece prometedor la mafia se impone”. En ese proceso, señala el analista galo, “no influyen las preferencias personales ni los tabúes ideológicos o morales”.

De eso ya ha dado cuenta la historia. Ejemplo de ello es lo ocurrido con las organizaciones criminales en Estados Unidos con la derogación en 1933 de la Ley Volstead, conocida como “Ley Seca”, que entró en vigencia en 1919 y proscribía toda actividad relacionada con el consumo de bebidas alcohólicas de alta graduación. Durante los años de la prohibición, el crimen organizado de origen italiano, irlandés y judío, se benefició de las actividades ilegales relacionadas con el alcohol. Una vez fue derogada la norma, los italianos sacaron provecho de su organización y, antes que lamentarse, cambiaron rápidamente de actividades y se dedicaron a la extorsión y la protección, al juego ilegal y a explotar redes de prostitución.

Cuando escucho y leo los intensos debates que han dado en diferentes programas de análisis y en algunos medios escritos sobre la propuesta lanzada por el presidente Santos me genera algunas dudas, no en el sentido de si es viable o no legalizar las sustancias alucinógenas que hoy son prohibidas, sino si con ello se logrará contrarrestar, desestructurar y reducir el crimen organizado y sus efectos sobre la legalidad local, regional, nacional e internacional.

Las reflexiones que se hagan a este respecto, deben contemplar la idea de que el Estado ya dejó de ser la única institución que ejerce poder coercitivo y de influencia en el mundo moderno. “Las mafias se han convertido en auténticos poderes”, afirma Gayraud y se apoya en Max Weber para definir que “poder es toda oportunidad de hacer triunfar la voluntad propia en el seno de una relación social, incluso contra la resistencia o voluntad del otro, sin importar en qué se sustente esa oportunidad”.

Por ello es ingenuo pensar que con la legalización de las drogas se reduce la violencia. Es probable que eso suceda durante un tiempo transicional, mientras la reorganización económica criminal ubica nuevas actividades ilegales y surjan las disputas por su monopolio. El académico francés nos recuerda que “el poder mafioso tiene una esencia militar”, el cual recurre “al ejercicio de la fuerza para conseguir la riqueza y la legitimidad”. En esencia, “la violencia sigue siendo su fuente, su razón de ser y su fundamento último”.

Espero sinceramente que la Cumbre de las Américas sea un espacio para discutir no sólo sobre drogas, sino sobre la desarticulación efectiva del crimen organizado para evitar que con su capacidad de mutación continúe distorsionando la legalidad, generando profundos niveles de corrupción, tanto pública como privada, y dejando una estela de sangre a su paso.

*Periodista y docente universitario