EL PROBLEMA FISCAL

Viene creándose en estos días posteriores a la elección presidencial una especie de consenso sobre la gravedad de la situación fiscal que deja la administración saliente. Es, en cierta forma, la consecuencia de haber acostumbrado a la opinión pública a guiarse por las finanzas de la Nación para efectuar el "corte de cuentas" entre dos gobiernos. Una tradición que inició el presidente López Michelsen, en 1974, cuando justificó la declaratoria de la emergencia económica sobre la base del déficit fiscal que recibió de la Administración Pastrana y que, en razón de la bonanza externa de mediados de los años setenta y de su manejo, no se revivió en 1978.
Ciertamente existen motivos para la preocupación por el problema financiero de la Nación aun cuando, si éste se analiza a la luz de criterios económicos, habría que decir que constituye un reflejo de la evolución económica del país en los últimos años, especialmente en los dos que se completan al terminar el primer semestre de 1982. El sector externo cambió definitivamente el signo a lo largo de 1981 afectando los tributos que genera el comercio exterior colombiano; la dramática caída en la producción industrial ocasionada por la contracción de la demanda interna ha traído también consigo el menor pago de impuestos por parte de la industria; la evasión tributaria está llegando a extremos nunca imaginados; y finalmente, el sector se ha desarreglado de tal manera que el gasto del gobierno central, y de los institutos descentralizados y de las entidades del orden departamental y municipal, registra ritmos de crecimiento que no guardan relación con el comportamiento de los recaudos de impuestos.
El desequilibrio entre ingresos y egresos gubernamentales no es algo que aparezca súbitamente al finalizar el mandato del presidente Turbay. Desde hace algún tiempo -dos o tres años- se comenta con frecuencia en algunos círculos, y no sin una buena dosis de ironía, que tarde o temprano se presentará en el país la necesidad de ejecutar una nueva reforma tributaria para resolver la insuficiencia de recursos del Estado. El aspecto jocoso y negativo de esta opción, claro está, es que ella no es ni económica ni políticamente viable; que el presidente López Michelsen la desacreditó ante los colombianos y que ella solo sería factible para rebajar el nivel de las tarifas impositivas y no para incrementarlas.
Otorgando al asunto fiscal su verdadera dimensión habría que decir, siguiendo a "Coyuntura Económica", la revista de FEDESARROLLO, que si bien el déficit que recibirá el presidente Betancur no es de un tamaño excesivamente grande medido como porcentaje del gasto total, lo preocupante no es tanto su verdadera magnitud cuanto la tendencia hacia el deterioro veloz de la situación fiscal. Estimativos muy preliminares indican que en 1983 los ingresos corrientes apenas cubrirían los gastos de funcionamiento del gobierno central, "quedando la casi totalidad de la inversión para ser financiada con crédito, lo cual se traduciría en crecientes díficultades en el manejo de la política monetaria y en una eventual contracción de los programas de inversión del gobierno nacional".
Así las cosas, no cabe duda de que el nuevo gobierno tendrá que dedicar tiempo, imaginación y trabajo al diseño de una política fiscal que no sólo busca equilibrar las cuentas de la Nación mediante la utilización de una variada gama de instrumentos, como el control de la evasión, la reforma del régimen de transferencias (situado fiscal, cesión del impuesto de ventas y traslados presupuestales) y el estímulo a la generación de ahorro propio en todos los niveles de la administración pública, sino, también, hacer posible el cumpliento de las promesas formuladas por el candidato Betancur a lo largo de su exitosa campaña. O sea que va a requerirse hacer compatible el objetivo de una mayor eficiencia del sector público con el de incrementar el gasto en los renglones que el nuevo gobierno considere prioritarios, si es que se desea evitar un desborde de la inflación y lograr que el Estado actúe para favorecer las clases menos favorecidas por la fortuna.
Pero, como queda dicho, la solución de fondo del problema fiscal y el logro de las metas políticas, económicas y sociales que se fije el nuevo mandatario dependerá de un manejo cauteloso y coherente de la política económica en su conjunto. Hay que reactivar la producción, ajustar la política externa para frenar el contrabando y defender el empleo de la mano de obra colombiana, controlar la evasión, y reorganizar el sector público. Casi que lo que parece indispensable, entonces, es reconstruir la política económica. Una tarea enormemente compleja que debe emprenderse para garantizar que la economía recupere un nivel satisfactorio de actividad y para que el Estado vuelva a estar en capacidad de intervenir para mejorar la distribución del ingreso y de la riqueza entre los colombianos.