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El remedio fue peor que la enfermedad

Ante las complejas adversidades por las que atravesamos, recordamos la importancia que tuvo el otrora Departamento Administrativo de Seguridad como ente del alto gobierno.

Marco Tulio Gutiérrez Morad, Marco Tulio Gutiérrez Morad
24 de agosto de 2020

Con una sensación de desasosiego y un sentimiento agudo de desesperanza hemos estado la mayoría de los colombianos los últimos días por las complejas situaciones que han turbado el orden público. En un tiempo récord, hemos visto cómo nuestro país ha sido fustigado por la inmisericordia de la violencia que, como si fuera una réplica de los años ochenta o noventa, se reproduce y se magnifica sin tregua.

Hemos vivido una semana en la que el término “masacre” volvió a ser una palabra habitual que enluta a un país entero. Desde hacía mucho tiempo no contemplábamos un escenario tan desolador como el que hemos tenido que presenciar en los últimos días. Sin duda, estamos en un momento de apremio que requiere la concreción de acciones certeras y eficientes que logren mitigar el impacto tan complejo por el que atravesamos. Es por ello que hoy, con asombro, vemos que la rama ejecutiva se encuentra acéfala en lo que respecta a una central de inteligencia, capaz de contrarrestar de manera inmediata cualquier desbarajuste al orden institucional.

Por esta razón hoy nos referiremos al extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, ese departamento administrativo del Servicio de Inteligencia Colombiana (SIC), creado mediante el Decreto 2872 del 31 de octubre de 1953, durante el gobierno de Rojas Pinilla, y a la postre reestructurado por el Decreto 1717 del 18 de julio de 1960 por el doctor Alberto Lleras Camargo. Ese mismo departamento administrativo que mediante el Decreto 4057 de 2011 fue suprimido y sus funciones reasignadas a diversas entidades del nivel central de la administración.

Tal vez hablar del DAS hoy resulte curioso o, en el peor de los casos, paradójico, pues precisamente durante sus últimos años de existencia la entidad figuró más por las desafortunadas situaciones que por las otrora importantísimas funciones al servicio de la seguridad estatal. Sin embargo, consideramos que tal vez una de las principales falencias en materia de seguridad hoy en Colombia es la inexistencia de un solo aparato de carácter oficial, técnico, profesional y apolítico que dentro del alto gobierno pueda lograr establecer los lineamientos de seguridad estatal dentro del Ejecutivo.

Hoy, todas estas instancias que comprometían la función del extinto DAS se encuentran repartidas en diferentes órganos, de los cuales valga la pena decirlo algunos han desarrollado una formidable gestión, tal como el caso de la Agencia de Migración, que además de haber apostado por un complejo desarrollo tecnológico y técnico ha logrado marcar verdadera diferencia. Sin embargo, con la supresión del DAS se perdieron significativos avances que durante décadas se fueron materializando en una sólida estructura de seguridad estatal. Por ello, la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad supone, en primer lugar, una entrañable pérdida de una agencia de inteligencia de carácter civil, que dependía del Ejecutivo central e informaba diariamente al presidente de la República sobre los asuntos relevantes de impacto nacional e internacional. A su turno, se perdió un estamento de carácter civil, vital para mantener el equilibrio del poder en el manejo de la información, evitando la peligrosa concentración de poder en instituciones militares y policiales.

Así mismo, con la supresión del DAS se perdió la visión civil, técnica y profesional que proveía una agencia sin sesgos castrenses, cuyo único fin era servir técnicamente al presidente de la República. Se perdió la integración bajo una sola dirección estratégica de especialidades de enorme importancia para la seguridad nacional, como lo eran Interpol, investigación criminal especializada con énfasis en la seguridad del Estado, protección para altos dignatarios e inteligencia y contrainteligencia especializada en resguardar la seguridad interna y externa del Estado. Ahora bien, la función de identificación, integrada al área de investigación criminal, que permitía por medio de la actualización centralizada de archivos delictivos y civiles mantener actualizada la información de nacionales y extranjeros hoy en día se extraña.

Con la eliminación del Departamento Administrativo de Seguridad se perdió la experiencia y capacidad técnica del factor humano, así como las posibilidades de producción de inteligencia fundamentada en robustas redes de información que cubrían todo el territorio nacional. Es menester señalar que la función de extranjería, con una visión mucho más amplia que la circunscrita al simple control migratorio que permitía la producción de información estratégica de enorme valor para la soberanía nacional, se perdió generando un vacío como sistema de defensa de seguridad de la soberanía nacional.

Ahora, ni hablar de la seguridad rural, una tarea histórica y emblemática siempre desarrollada por el DAS, que permitía llegar a rincones apartados de la extensa geografía nacional, contando con la credibilidad y el apoyo de la población rural y las autoridades judiciales que, mediante una estructura operativa regada a lo largo y ancho del territorio nacional por medio de las seccionales departamentales, donde se replicaba en modelo central y se integraban metodológicamente las especialidades para la producción de información estratégica, cuyo único destino era el de integrar un robusto sistema de inteligencia en pro de la seguridad estatal.

Por último, la función de certificar los antecedentes judiciales, tarea emblemática del Departamento Administrativo de Seguridad, quedó huérfana y sin dolientes, pues pese a que hoy existen instancias tecnológicas hospedadas en la red para ser consultadas en la página de la Policía y en la de la Procuraduría, sitio de consulta de los antecedentes disciplinarios, son herramientas que desafortunadamente brillan más por sus complicaciones técnicas que por su eficacia misma. O que digan lo contrario los oficiales de cumplimiento y las personas encargadas de análisis Sarlaft en las diferentes entidades privadas que todos los días requieren esta información como insumo para realizar su trabajo, que no es otro que el de alejar los dineros provenientes de actividades ilícitas y aquellos que buscan financiar organizaciones al margen de la ley.

Sin duda, el DAS desapareció y enfrentó su condena a muerte por causa de las operaciones antijurídicas que judicialmente quedaron demostradas durante muchos años, de manejos inadecuados al interior de la entidad, en las que de manera soterrada y en detrimento del Estado Social de Derecho se puso el aparato de inteligencia estatal a disposición de oscuros intereses para realizar actividades totalmente ajenas a las que institucionalmente debía desarrollar. Sin embargo, consideramos que para este caso el remedio fue peor que la enfermedad, pues haber desmembrado tan vitales funciones que tenía la entidad y haberlas alojado en diversos órganos estatales, cercenó la idea fundamental de lo que la estructura de inteligencia estatal suponía ser.

En el DAS existían profesionales de formación en diversas áreas, como inteligencia, seguridad estatal y criminalística, que entendían el hábitat y el ecosistema del delincuente. Estas personas, durante años, estuvieron desarrollando vitales tareas de inteligencia y trabajo de campo para trazar los derroteros de la delincuencia común y organizada del país, y que gracias al desmantelamiento de la entidad terminaron en escritorios en entidades que nada o poco tenían que ver con la formación profesional que habían recibido en la academia de Aquimindia. Por ello, buena parte de ese trabajo que por décadas se decantó, y que insisto, nada tiene que ver con los últimos años del DAS, se perdió y se perdió en detrimento de la seguridad estatal. En momentos tan complejos como los que hoy vivimos sería necesario que el presidente de la República tuviera dentro de su gabinete ministerial un experimentado director de inteligencia con valores civiles, técnicos y administrativos que pudiera servir como verdadero interlocutor entre la seguridad estatal y las decisiones en cabeza del Ejecutivo.

Es claro que el DAS requería un remezón completo, una reestructuración en la que se pudiera erradicar ese catálogo de malas prácticas que tanto daño hicieron, pero haber cedido de tajo sus funciones a entidades descentralizadas o adscritas a otros órganos con funciones constitucionales y legales de diversa categoría siempre fue un desacierto.