La tiranía de las minorías

Un riesgo inherente a los sistemas democráticos es la posibilidad de abuso de los derechos de minorías étnicas, religiosas o políticas por parte de las mayorías. Este dilema, al que John Adams, uno de los padres fundadores de los EE.UU. llamó la “tiranía de la mayoría”, impone la necesidad de establecer normas de orden constitucional que protejan los derechos de grupos minoritarios. La constitución colombiana incorpora una variedad de mecanismos de este tipo, como la autonomía política de las comunidades indígenas y negras en sus territorios ancestrales.  

En días pasados el Valle fue escenario de una situación en la que el fenómeno arriba planteado se invierte y son las mayorías quienes ven sus derechos vulnerados por intereses minoritarios. La empresa EPSA anunció que desistirá de su proyecto de construir una segunda línea de electricidad a Buenaventura por los sobrecostos asociados a las exigencias de las comunidades. Concretamente, la aparición, ilegal, de casi 1.000 cambuches ‘fantasma’ en el trazo de la línea, que la ‘comunidad’ pretende cobrar a $30 millones por unidad, prácticamente duplica el costo del proyecto, haciéndolo inviable.

El esquema de consulta previa, loable en sus propósitos de protección de los derechos de las comunidades, y, sin duda, de utilidad social en condiciones razonables, se ha convertido, en muchas ocasiones, en mecanismo de chantaje aprovechado por ‘líderes’ (y ‘liderezas’) oportunistas para ‘sacar tajada’ en grandes proyectos de infraestructura. Los sobrecostos que generan las demandas desmedidas a estos proyectos terminan pagándolos los usuarios—vía mayores impuestos, mayores precios, mayores peajes, o ausencia de servicios. En este caso, la codicia de las ‘comunidades’ y su actuar ilegal los pagarán todos los bonaverenses vía mayores costos de energía, más cortes de luz y menos empleo. Un mecanismo que pretende proteger a los más vulnerables induce, en este caso, su pauperización. 

El de EPSA no es un incidente aislado. Los retrasos y sobrecostos generados a proyectos como la doble calzada Buga-Buenaventura, el Puerto de Aguadulce y la conexión al cable submarino por el Pacífico, por procesos bizantinos de consulta previa en los que, con frecuencia, ha habido mala fe, ya son de todos conocidos. Estos fenómenos, por supuesto, no son exclusivos a territorios de comunidades negras (como tampoco se puede satanizar ni a todas éstas ni a todos sus líderes). En Antioquia, por ejemplo, el influjo de personas reclamando ‘derechos’ a la zona del proyecto de la hidroeléctrica Porce IV llevó a su cancelación por EPM. Inquieta sí, que se comienzan a trasladar a otro tipo de proyectos sin impacto ambiental. Hace poco se conoció que algunas comunidades del norte del Cauca estaban pidiendo se les consultara la transición de empresas beneficiarias de la Ley Páez a régimen de zona franca. 

El esquema legal vigente es claramente disfuncional y urge su reforma. En Ecuador, por ejemplo, es el Estado y no los privados quien surte este proceso y luego licita los proyectos incorporando “costos sociales” ciertos. Resulta preocupante la posibilidad de que, en su propósito de ‘profundización de la democracia’, los acuerdos de paz establezcan aún más instancias de ‘consulta’ para proyectos empresariales en las zonas más marginadas de Colombia. Esto, antes que resarcirlo, condenará al campo colombiano a otros 100 años de soledad. El narcotráfico, la minería criminal, la tala ilegal y el latifundio improductivo no requieren consulta previa. 

P.D. El paro camionero, con deplorables visos de terrorismo, es un ejemplo más de la tiranía de las minorías.