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Opinión

  • | 2019/05/04 23:52

    Extradición

    A la DEA no le interesa castigar a los grandes narcos, que son sus cómplices. Pero sí le interesa castigar a los guerrilleros, por comunistas.

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Ojalá fuera cierto que, como dicen el fiscal tenebroso Martínez Neira y el “presidente eterno” Uribe Vélez, la justicia para la paz eliminara la extradición de colombianos a los Estados Unidos, que ha sido un eslabón central en la cadena de nuestra dependencia. Uno que coarta la libertad de los tribunales colombianos para impartir justicia, y los somete a los intereses de los Estados Unidos. Quien la aceptó sumisamente hace 40 años, el habilidoso presidente Julio César Turbay, se abstuvo de firmarla, dejándole cargar el bulto de responder por ella a un ministro delegatario.

Desde entonces, y bajo todos los Gobiernos, han sido muchos millares los colombianos extraditados a los Estados Unidos para ser juzgados allá (y sistemáticamente condenados) por un único delito, que solo lo es porque así lo han decretado los Gobiernos de los Estados Unidos: el tráfico de drogas.

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En un primer momento, los narcotraficantes verdaderos temieron esa amenaza: así Carlos Lehder, tal vez el primero de ellos que fue sujeto de extradición, lleva ya 30 años preso. Y por eso sus colegas de entonces, los llamados “extraditables” encabezados por Pablo Escobar, desataron una guerra sangrienta contra la extradición bajo el lema de que preferían “una tumba en Colombia a una celda en los Estados Unidos”. Pero eso ha cambiado. Hoy es al revés. Los narcotraficantes colombianos prefieren con creces una corta estadía en una cárcel de Nueva York o de la Florida a un acribillamiento a tiros en un tejado de Medellín. De aquella salen ricos, y no muertos.

Porque resulta que a los tribunales norteamericanos lo único que les interesa de los narcotraficantes son sus fortunas, y, a cambio de la entrega de una parte de ellas, negocian condenas breves de tres o de cinco años para ellos, adobadas con la privilegiada condición de convertirse luego en testigos protegidos de la DEA para que, ya en libertad, puedan instalarse a vivir tranquilamente con sus familias igualmente protegidas en un lujoso apartamento de Brickell Key, en Miami. Sobran los ejemplos. Las mulas, en cambio, los pequeños contrabandistas que viajan con un par de kilos de la cocaína prohibida en la maleta o en el intestino, son condenadas a penas de decenas de años porque no tienen fortunas con las cuales negociar. Los Estados Unidos tienen, según reza la frase inventada por ellos, “the best justice money can buy”: la mejor justicia que puede comprar el dinero.

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A la DEA, la agencia gubernamental norteamericana encargada de perseguir el narcotráfico, no le interesa castigar a los grandes narcos, que son sus colaboradores necesarios: sus cómplices. Pero es porque su función verdadera, aunque en teoría consista en combatir el tráfico y el consumo de drogas, no es de salud pública, y ni siquiera económica. En fin de cuentas el negocio de la droga es un negocio norteamericano, y sus ganancias acaban en los bancos de allá. Su función es política, dentro de los parámetros no desaparecidos de la Guerra Fría: por eso sí le interesa castigar a los guerrilleros comunistas, no por guerrilleros, sino por comunistas. Así a Simón Trinidad, comandante de las Farc preso desde hace 15 años en una cárcel de la Florida y condenado nada menos que a 60, o ahora a su compañero Jesús Santrich, reclamado por la DEA para correr la misma suerte. Y van detrás de los demás cabecillas de las Farc. Cosa que no sucede con los cabecillas de las AUC, las autodefensas paramilitares, que fueron extraditados a los Estados Unidos por una decisión intempestiva del Gobierno de Uribe Vélez cuando iban a ser juzgados aquí no por sus delitos de contrabando de droga, sino por sus matanzas de intención política, y precisamente para que no pudieran rendir testimonio sobre sus cómplices en esos crímenes: no fuera a ser que aparecieran los nombres de los amigos o los parientes del entonces presidente, o de él mismo en sus anteriores personalidades de gobernador de Antioquia y de finquero en Guacharacas.

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Así que de Uribe Vélez y los suyos es comprensible que defiendan la extradición, que les conviene. Pero si en 40 años no ha servido ni en un ápice para reducir el narcotráfico, ¿por qué la defienden los demás? ¿Es que temen que les quiten la visa? 

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