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Opinión

  • | 2019/06/20 18:16

    Extraño ajedrez

    Torres, caballos y alfiles asedian al rey; solo que al propio, no al adversario

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La Rosa Blanca y otras entidades cercanas al Centro Democrático, hasta el momento sin respaldo oficial del partido, aunque posiblemente con su simpatía, han recibido autorización de la Registraduría para iniciar el proceso de recolección de firmas tendiente a someter al Congreso unas propuestas de reforma constitucional que, si este aprobara por unas mayorías que son elevadas, se llevaría a consideración del pueblo en un referendo. Nada que objetar. Si queremos que la política se fundamente en ideas, y no en prácticas clientelistas, aquí tenemos materia suficiente para interesantes debates.

 Con motivo de las negociaciones con la guerrilla fariana, bien pudo haberse dispuesto que, en vez de crear la Jurisdicción Especial para La Paz, JEP, se hubiese establecido, como ahora se propone, una sala temporal en la Corte Suprema para juzgar los delitos cometidos durante el dilatado conflicto que contra ese grupo ilegal libramos. El Marco Jurídico para la Paz, que se incorporó a la Carta por iniciativa del Gobierno, lo habría hecho posible mediante ley estatutaria. Infortunadamente, las Farc tuvieron éxito en su pretensión de que la justicia transicional tendría que provenir del acuerdo final, y no de decisiones unilaterales del Estado. Muchos observadores sostuvimos que alterar la organización constitucional de la justicia, por disposición de un convenio entre el Gobierno y un grupo subversivo, era imposible.

 Nos equivocamos. Fue lo que hizo el Gobierno y que la Corte Constitucional refrendó, convirtiendo a Colombia en una suerte de Estado fallido; nunca, que yo sepa, un Estado que goza de legitimidad política había aceptado nada semejante.  Más aún: dispuso que el Acuerdo del Teatro Colón fuera intangible durante los tres periodos presidenciales siguientes al de Santos. Se les dio así a los convenios con la guerrilla no solo jerarquía constitucional sino, además, un estatus superior al de las demás normas constitucionales, todas las cuales pueden ser modificadas por el Congreso, en su condición de constituyente derivado, cuando a bien lo tenga, siempre y cuando no se alteren las estructuras y valores básicos plasmados en el Estatuto Fundamental. Así las cosas, no hay duda de que el pacto constituyente suscrito en 1991 fue modificado para incorporar el firmado en el Teatro Colón, lo que, en rigor, implicó una refundación del Estado. Nada de esto es fácil de aceptar, aunque lo mejor sea reconocer que es ya irremediable.

 Imaginemos que los promotores de la consulta consiguen el elevado número de votos que se necesitan para presentar el proyecto de ley de convocatoria del referendo. Esa sola circunstancia no implica que el Congreso lo acoja. A la luz de las actuales circunstancias, lo probable es que lo rechace; pasaría lo mismo con las propuestas anticorrupción presentadas por Claudia López hace poco. No obstante, supongamos que esa ley pasa, en cuyo caso se requiere la revisión previa de la Corte Constitucional. Es casi seguro, por las razones ya expuestas, que la considere inexequible. Si este escollo fuere superado, entonces sí se sometería al pueblo soberano. La decisión afirmativa sería válida bajo la condición de que en los comicios participen más de la cuarta parte del total de ciudadanos que integran el censo electoral.  Para lograrlo sería menester una gran movilización política, incluyendo un amplio respaldo gubernamental…

 Desde otra perspectiva es preciso anotar varias cosas: que aunque la aceptación popular es baja, primordialmente por las demoras que ha tenido el caso Santrich, la JEP ha tenido éxito en una dimensión importante: tanto servidores públicos como antiguos guerrilleros se han sometido voluntariamente a ella; que volver a comenzar de cero puede dilatar el restablecimiento de los derechos de las víctimas; y que estamos bajo observación por la Corte Penal Internacional. ¡¿Qué tal que nos caiga encima por nuestra incapacidad de superar la impunidad?!   

 La segunda iniciativa de Rosa Blanca y sus aliados consiste en destituir los magistrados de las altas Cortes, lo que conlleva un desconocimiento frontal de la separación de poderes. Una medida tal me parece que únicamente estaría al alcance de una asamblea constitucional soberana como fue la que expidió la Carta del 91. La tercera consiste en disminuir el tamaño del Congreso. Estoy de acuerdo con ella por razones que omito;  considero utópico que  el Congreso la adopte.

 El Gerente del Banco de la República sostuvo hace poco que la actual polarización del país puede tener un impacto negativo en la recuperación de la economía. El Presidente le respondió diciendo que no le corresponde a ese funcionario decir en público lo que no puede demostrar; y que la polarización es un elemento normal en una democracia robusta como la nuestra. Tiene razón con una salvedad: cuando ganan intensidad en el debate público propuestas que pueden poner en crisis las instituciones, el clima de inversión y la confianza de los agentes económicos pueden deteriorar el proceso de recuperación. Las iniciativas de Rosa Blanca y sus amigos, si cogen vuelo, pueden hacer mucho daño.

 Briznas poéticas. La lírica poderosa de Shakespeare en sus sonetos: “Ni Marte con su espada ni la guerra opresora / Quemarán el registro de lo que fuiste un día. / Contra la muerte y toda su enemistad que olvida / Durarás, y tu elogio que en mis versos se encierra, / Lo tendrá ante sus ojos la humanidad rendida”.

   

 

 

 

    

 

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