“El Sistema Interamericano debe ser fuerte e imparcial” es una de las afirmaciones que hace Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en una entrevista con SEMANA, publicada el 2 de julio y en la que habla de sus propuestas para ‘fortalecer’ el sistema interamericano de derechos humanos (SIDH). Escribo ‘fortalecer’ entre comillas porque en la última década, los procesos de ‘fortalecimiento’ del SIDH impulsados por los Estados de la región han buscado todo lo contrario.
El doctor Gómez indica que su propuesta de fortalecimiento se centra en cuatro ejes principales, los que incluyen medidas que ya viene implementando la Comisión Interamericana (CIDH) desde hace años, tales como la priorización de casos y la acumulación o desglose de los mismos. Pero la propuesta de una nueva ronda de ‘fortalecimiento’ liderada por Colombia, junto con otros países y que busca hacer de la soberanía nacional un escudo contra el escrutinio externo en materia de derechos humanos, es grave. A primera vista las propuestas parecen inofensivas, pero la motivación que está detrás es preocupante. Ya el año pasado se prendieron las alarmas cuando junto con Argentina, Brasil, Chile, y Paraguay, Colombia firmó una declaración sobre el SIDH, que incluía propuestas controversiales bajo el derecho internacional como el reconocimiento del margen de apreciación, una figura problemática creada por el tribunal europeo de derechos humanos, o la limitación de los efectos del fallo solo a las partes en litigio.
Sobre el por qué de la propuesta, aunque el doctor Gómez insiste en que su motivación no está relacionada a cómo le ha ido a Colombia ante el SIDH o los casos que están por decidirse, afirma que las estadísticas muestran que al país no siempre lo han tratado objetivamente porque “somos el país al que más casos le abren”. Pero es lógico que así sea.
A Colombia le ‘abren’ más casos a nivel interamericano porque es uno de los Estados que más recibe denuncias en su contra y aún así, en promedio la Comisión Interamericana tan solo le da trámite al 20 por ciento, descartando las demás en su gran mayoría precisamente porque no se han agotado los recursos internos. Ahora, alegar que eso es el resultado de ‘una estrategia de litigio internacional para demeritar los esfuerzos de Colombia’ no solo es una teoría conspirativa sin ningún soporte, sino una forma de continuar estigmatizando a personas defensoras de derechos humanos y representa una bofetada para los movimientos de víctimas y las organizaciones de sociedad civil colombianas que por décadas han luchado, muchas veces con poco más que su tenacidad y compromiso, por las comunidades más excluidas del país.
Lo que es grave es que este tipo de argumentos, que desplazan la causa del problema a factores externos y no a la responsabilidad del Estado respecto a la situación de derechos humanos del país, es una ilustración de la política negacionista del Gobierno actual sobre los problemas que persisten en Colombia. En lugar de buscar soluciones para frenar los asesinatos de líderes y lideresas sociales, que ya alcanzan más de 150 casos en lo que va del año, la estrategia del Gobierno es atacar a las organizaciones y expertos de derechos humanos que han denunciado esta gravísima situación. Ejemplo de esto fue el trato dado al ex relator especial de Naciones Unidas, Michel Forst y su contundente informe sobre la situación de personas defensoras en Colombia, tras su visita en 2018. el Gobierno de Duque no le permitió a Forst regresar a Colombia a completar su informe pese a que él buscaba identificar formas de superar la problemática junto con el Estado.
Es cierto que hay serios problemas de retraso procesal en el SIDH y que la demora en el trámite de los casos se convierte en un agravio adicional para las víctimas que están buscando justicia. Pero pretender trasladar toda la responsabilidad de esta demora a los mecanismos interamericanos es una forma más de distraer la atención de dos de los principales problemas que tiene el sistema. El primero, es la falta de recursos suficientes que por años padecieron sus órganos. La CIDH atravesó una situación financiera tan grave que en 2016 anunció que iba a perder el 40 por ciento de su personal. Pero el segundo problema, aún más crítico, y del que los Estados poco quieren hablar, es de la falta de cumplimiento con las decisiones del sistema. Tan solo en tres de los casos decididos y publicados por la CIDH el Estado colombiano ha cumplido la totalidad de las recomendaciones. Por su parte, de los 21 casos que han sido fallados por la Corte Interamericana en contra de Colombia, solo uno ha sido archivado por cumplimiento total de la sentencia.
La fortaleza del sistema interamericano de derechos humanos no se garantiza con la reducción de su autonomía e independencia, sino con la dotación de los recursos necesarios y el cumplimiento integral de sus recomendaciones y decisiones. Es hora de que los órganos políticos de la OEA comiencen a hablar seriamente de mecanismos de implementación de las decisiones del sistema por parte de los Estados.
En algo más tiene razón el doctor Gómez: “Los derechos humanos no tienen un tinte político, no son ni de izquierda ni de derecha, son de todos”. Muestra de ello es que muchos líderes políticos de la región han terminado tocando las puertas de la CIDH, incluso los que más la han atacado. Entre estos últimos podemos contar a Dilma Rousseff, Rafael Correa, y hasta el propio Álvaro Uribe Vélez. Ojalá a nadie de este Gobierno le toque acudir al sistema interamericano para hacer valer sus derechos, no vaya a ser que cuando lo necesite ya haya logrado su objetivo de ‘fortalecerlo’.
* Abogada colombiana, vicepresidenta del programa de Incidencia y litigio internacional de la organización Robert F. Kennedy Human Rights y profesora adjunta de la Facultad de derecho de la Universidad de Georgetown en Washington DC.