El 10 de mayo ha marcado una página muy importante en la historia de Colombia, pues con las apoteósicas manifestaciones de las reservas de la fuerza pública en varias ciudades del país se ha demostrado que hay una parte muy representativa de la sociedad que defiende a la Patria frente a la andanada de desatinos y excesos que pretende legalizar el actual gobierno, donde ya muchas de sus decisiones han causado pobreza, desempleo, hambre y violencia, así como con las desastrosas reformas que se esfuerza por introducir, pues afectarán aún más a los 50 millones de ciudadanos.
Estas manifestaciones son de una singular significación y trascendencia para la democracia del país y buscan mostrar primero que todo el apoyo irrestricto a los miembros de la fuerza pública que se encuentran en servicio activo, pues se considera un honor servir a la patria y a la sociedad desde las filas de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, pero mostraron igualmente su rechazo a la actitud asumida por el gobierno frente a las instituciones, al irrespeto a la legitima autoridad, a la pérdida de garantías, al deterioro de la imagen de Colombia en el exterior, al favorecimiento y empoderamiento de quienes se encuentran al margen de la ley, a la errada política frente a las drogas y a la injerencia indebida en los asuntos de otros estados.
Las manifestaciones civilizadas, tranquilas y muy emotivas que efectuaron los miembros de la reserva de la fuerza pública, sus familiares y muchos respetados miembros de la sociedad, muestran de una parte que los vándalos de la primera línea, tan aplaudidos y exaltados por la formula vicepresidencial, fueron posiblemente aleccionados por la oposición para destruir y causar caos al gobierno anterior, porque ahora se demostró que se puede marchar y mostrar los desacuerdos sin necesidad de llegar a la anarquía, ni a la violación de los derechos y libertades de las personas.
Un aplauso a quienes se manifestaron libremente y mostraron sus discrepancias con el gobierno; aunque no es una competencia, lograron lo que no ha podido alcanzar el Progresismo con el jefe de gobierno a la cabeza, llenar la plaza de Bolívar con miles de personas que asistieron con convicción, con amor patrio, espontánea y libremente, sin necesidad de que les pagaran como puede suceder con otras manifestaciones, donde traen a la capital integrantes de diversas comunidades para amedrentar a la ciudadanía o para presionar las decisiones del Poder Legislativo. Esta manifestación sirve de ejemplo a la sociedad y seguramente influirá positivamente para que sin temor también haya pronunciamientos frente a los abusos que cometa cualquier gobierno.
Los integrantes de la fuerza pública, bien sea en servicio activo o en uso de buen retiro siempre serán parte vital de la fortaleza moral de la nación. Han sido preparados para servir a la sociedad, para entregar hasta su propia vida en defensa de la democracia, de la soberanía, de la integridad del territorio y de las instituciones; son la autoridad armada legítima y constitucional del estado con atribuciones para el empleo de la fuerza en la defensa integral del mismo. No son las fuerzas armadas de ningún gobierno porque se politizarían y no puede haber otras fuerzas que suplanten la autoridad oficial del estado.
El país merece la paz; ésta es un derecho fundamental. Sin embargo, agitando la bandera de una paz total no se puede claudicar ante un enemigo de la misma paz y éste no puede obtener beneficios por dejar de asesinar, secuestrar, extorsionar, traficar con drogas, armas y personas o dejar de volar oleoductos; son delitos que se deben sancionar. Debe haber justicia para que la población vuelva a creer en ella. No se puede cometer el mismo error del gobierno Santos con las FARC. Debe haber claridad meridiana en cuanto a la desaparición definitiva de la amenaza y no tener en poco tiempo unas disidencias más fortalecidas y los cabecillas gozando de impunidad y sentados en el Legislativo.
Colombia no puede ser reconocida internacionalmente como un país alcahueta de las drogas; combatir los cultivos ilícitos, la producción y la comercialización de las drogas es tarea fundamental para acabar con la corrupción, fortalecer la democracia y vigorizar la seguridad. Un gobierno que evade sus responsabilidad frente a esta amenaza se convierte en cómplice de los delitos que se generan alrededor de las actividades ilícitas.
Continuemos con la campaña que permita restablecer el honor y la dignidad de quienes sirven a la patria en la fuerza pública y así derrotar la guerra mediática de desprestigio que ha adelantado la izquierda; contribuyamos a rescatar el país de las garras del comunismo ganando en las urnas las próximas elecciones regionales de octubre.
No hay peor sordo que quien no quiere escuchar y si no somos conscientes de que podemos perder un futuro promisorio, le vamos a permitir a la izquierda que pueda permanecer por décadas en el poder.