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Muere el lago de Tota

Abusos constantes y graves de agricultores, piscicultores y empresarios, más la ignorancia y corrupción de algunos políticos, aniquilan uno de los principales recursos naturales del país

Germán Manga, Germán Manga
31 de mayo de 2017

La semana anterior el Ministerio de Ambiente presentó una “hoja de ruta para la recuperación del lago de Tota” en desarrollo de las acciones y compromisos contenidos en el Conpes 3801 del año 2014.

La del Lago de Tota es la historia de la explotación abusiva de un recurso natural irrecuperable y al mismo tiempo de la indolencia, corrupción e incompetencia de las autoridades de Boyacá –congresistas, alcaldes, gobernadores, autoridades ambientales- y del gobierno nacional que la han permitido o cohonestado.

El caso está más que diagnosticado. Todos los días miles de personas participan en la destrucción del lago el más grande de Colombia y uno de los más bellos de Latinoamérica. Comienzan los 18.000 habitantes de Aquitania, el más poblado de los tres municipios que lo bordean y que hace más de 30 años le vierten todas sus aguas negras. Siguen los 15 mil agricultores que desde hace medio siglo siembran allí 70% de la cebolla larga que se vende en Colombia, un cultivo letal porque exige el uso intensivo de agroquímicos y fungicidas y hasta cuarenta toneladas de estiércol de gallina por hectárea. También hay siete empresas piscícolas que cultivan en jaulones flotantes, 130 toneladas de trucha cada mes, cuyas excretas, con alto contenido de nitrógeno y fósforo, contaminan las aguas. Nueve municipios de la región extraen del lago para sus acueductos que atienden a 350.000 personas, en promedio 70.000 metros cúbicos cada día, sin compensación económica alguna.

Por la acción conjunta de cultivos, aguas residuales y piscicultura prolifera un alga llamada elodea, que no es nativa, y se expande peligrosamente por la ribera, eutrofiza el lago y mata la vegetación original.

Es un milagro que en esas condiciones el Lago de Tota, con sus aguas azules, sus extraordinarios paisajes de páramo y montaña y sus cinco islas, una de las joyas de la naturaleza en Colombia, todavía sobreviva, aunque en los últimos 30 años haya perdido más de cien hectáreas de su banco de agua.

Hace 34 años el gobierno y la Organización Mundial de la Salud contrataron al reconocido limnólogo suizo Richard Vollenweider, quien diagnóstico con precisión y exactitud cada uno de esos problemas. En su Informe del Lago de Tota relacionó además soluciones precisas que habrían evitado la catástrofe que se vislumbra hoy, pero lo engavetaron.

Múltiples leyes y normas protegen el lago pero son letra muerta. Nadie las observa y no hay autoridad que las haga cumplir. Grupos de ciudadanos y asociaciones cívicas luchan desde hace varios años para que el Lago sea clasificado como sitio Ramsar, humedal de importancia internacional, perteneciente al ecosistema páramo, un mecanismo de protección establecido en un tratado internacional suscrito por Colombia, que exige al Estado compromisos serios en la ordenación y manejo, usos sostenibles, recuperación y preservación. Buscan su sostenibilidad y uso racional, atraer cooperación internacional y ser un destino verde para el turismo global en beneficio de las comunidades.

Ya tienen esa protección la laguna de la Cocha, el complejo de humedales de Chingaza, el delta del Magdalena en la ciénaga de Santa Marta, los humedales de la laguna del Otún y del delta del río Baudó y la Estrella Fluvial del Inírida. Pese a su enorme importancia, ha sido imposible lograrla para el Lago de Tota por la resistencia de la poderosa red de explotación y de negocios que gobierna la zona–la cebolla, la piscicultura y el turismo– que producen alrededor de 700 mil millones de pesos al año. Varios de los opulentos empresarios locales desarrollaron en las últimas décadas un gran poder político y tienen a su servicio congresistas, alcaldes y altos funcionarios que utilizan como barrera de protección ante el gobierno nacional y ante los gobiernos locales para continuar la depredación del lago con total impunidad.

La Fundación Montecito y otras organizaciones de la sociedad civil mantienen una activa campaña para romper esa burla y exigir al Ministerio de Ambiente que actúe para declarar al Lago de Tota como sitio Ramsar. Ninguno de los ministros del actual Gobierno se atrevió a asumir el compromiso. Se limitaron a organizar reuniones para presentar “hojas de ruta para la recuperación del Lago de Tota”. El actual Ministro Luis Gilberto Murillo les dijo hace pocas semanas que se trata de avanzar más en los requerimientos, descontaminar el lago y ponerlo en buen estado “para que cuando se haga el filtro podamos pasar la prueba”.

En su estudio de hace 34 años Vollenweider alertó que de no controlar los impactos, el Lago de Tota sufriría el equivalente a un cáncer y que cuando mostrara sus síntomas, ya sería tarde: eutrofización creciente y asfixiante, episodios de mortandad de peces en los cultivos, presencia de bacterias tóxicas con alto riesgo para la salud humana. Hoy ya tenemos ese incomparable espejo de agua de casi seis mil hectáreas, convertido progresivamente en un muladar por la avaricia e irresponsabilidad de particulares con poder político y capacidad de presionar a gobiernos complacientes y negligentes. Un caso que lamentablemente se registra y se repite con recursos naturales valiosos, en todos los departamentos del país.

@germanmanga

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