Grieta profunda

La detención domiciliaria del presidente Uribe hizo visible, una vez más, la grieta profunda que divide a la sociedad colombiana exactamente desde el 2 de octubre de 2016.Quienes ganaron el plebiscito celebrado ese día en contra del acuerdo con la guerrilla (yo voté por el No), lo consideran espurio, no importa que el texto haya sido renegociado, votado por el Congreso y, luego, refrendado por la Corte Constitucional. Para muchos es inadmisible que los comandantes de la guerrilla hayan podido pasar de las montañas de Colombia al Parlamento sin haber rendido previamente cuentas ante la Justicia por los graves crímenes que durante décadas cometieron.  Les parece que la creación de la JEP y la Comisión de la Verdad implicó una inadmisible claudicación de un Estado legítimo frente a los violentos a los que ya habíamos vencido durante el Gobierno de Uribe, como sus partidarios, cada que tienen ocasión, lo recuerdan.

La visión opuesta goza igualmente de muchos partidarios que consideran que superar una guerra que había durado más de cincuenta años fue un aporte invaluable; y que, mediante el acuerdo con las Farc, así sea imperfecto, conquistamos la paz. Si ella no campea en ciertas regiones es por mala voluntad o torpeza del gobierno; o porque persisten otras fuentes de violencia estructural que ese pacto no resolvió. Afirman que las claves del desarrollo del mundo rural se definieron en La Habana. Su respaldo a las instituciones que entonces se crearon es absoluto.

Estos relatos políticos enfrentados nutren una áspera guerra ideológica que no cesará, infortunadamente, durante este gobierno. Como ninguno de los bandos en contienda tiene la fuerza política necesaria para imponerse, a lo sumo podemos aspirar a una cierta convivencia civilizada en esta segunda mitad de la Administración Duque. Quizás el próximo gobierno, que tendrá que adelantar un plan de acción centrado en superar los daños causados por la pandemia, le cambie al país los términos del debate. Anhelo, para bien de Colombia, que ese gobierno esté presidido por alguien como Carlos E. Restrepo que tanto hizo  durante su gobierno (1910-14) por cicatrizar las heridas causadas por la Guerra de los Mil Días y la dictadura de Rafael Reyes.

Dejando de lado las expresiones iracundas de amigos y adversarios del ahora también exsenador, existe cierto consenso sobre la debilidad de los argumentos que soportan la decisión de confinarlo en su domicilio. Los hechos han demostrado, además, la inutilidad de la medida. Como sus libertades de comunicación no fueron restringidas, hace amplio uso de ellas para actuar en política y atacar a sus jueces.

El expresidente, en vez de defenderse dentro del proceso, decidió hacerlo por fuera aprovechando la condición de víctima que la Sala de Instrucción con tanta imprudencia le concedió y su amplia capacidad de acceder a la opinión pública. En algunos aspectos parece tener razón. Si fueron necesarias más de mil quinientas páginas para imponer una restricción a la libertad de quien goza de la presunción de inocencia, es porque sus autores, en ocasión procesal impropia, lo que quisieron es demostrar la responsabilidad del procesado, no su real capacidad de alterar las pruebas incorporadas a un expediente que ya debe estar casi completo. Es extraño, por decir lo menos, que se hayan filtrado segmentos del expediente, justamente los que perjudican a Uribe, y que se haya omitido el recaudo de ciertos testimonios que para su defensa se estiman necesarios. La lista de presuntos agravios es más larga.

Juan Luis Vives, un gran pensador español del siglo XVI, a pesar de haber padecido los rigores de la Inquisición, escribió: No es libertad negarles el respeto y la obediencia a los magistrados públicos, más bien es una invitación al salvajismo y una ocasión de libertinaje. En este espíritu, no puedo estar de acuerdo con movilizar la ciudadanía en contra de la Corte Suprema. Menos aún después de que hace poco la reformamos para establecer, justamente en beneficio de los aforados como el expresidente, una sala de instrucción y un sistema de juzgamiento en dos instancias. Lo que resulta adecuado, por el contrario, es dejar que funcionen las instituciones, a sabiendas de que quienes las encarnan en un determinado momento son tan falibles como usted y como yo. Para contradecir sus determinaciones existen en la ley procesal múltiples mecanismos.

Habiéndose retirado Uribe del Senado, la Corte deberá decidir si ha perdido su competencia para continuar la instrucción del proceso. En principio, así lo creo. Según la Constitución, el fuero se extingue por la renuncia del aforado, salvo con relación a las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas. La acusación contra Uribe no tiene que ver con el ejercicio de sus tareas senatoriales; además, no era parlamentario cuando comenzó su confrontación con el hoy senador Cepeda, ni su investidura hizo posibles los hipotéticos actos criminales materia de investigación.

Diga lo que diga la Corte habrá otra batalla campal. Sire afirma su competencia, la movilización uribista será gigantesca, Si la declina, para que el asunto pase a la Fiscalía, se dirá que, dada la ostensible cercanía del actual Fiscal con Duque y su partido, la impunidad está garantizada. Y así, poco a poco, nos vamos tirando el país.

Briznas poéticas.  De Julio Cortázar está preciosidad: "Los libros van siendo el único lugar de la casa donde todavía se puede estar tranquilo”.