Hasta Petro debería ser integrado al pacto por Colombia

Difícil de entender, pero el Gobierno estuvo a punto de repetir el gravísimo error que le costó buena parte de su capital político en el inicio: retar al pueblo. Políticamente hablando, eliminar subsidios de energía a estratos populares es una iniciativa tanto o más descabellada que el IVA a la canasta familiar y habría podido comprometer la suerte del plan de desarrollo. Por fortuna, el presidente Duque lo entendió rápidamente y dispuso sepultarla sin dilaciones. 

Lo preocupante ahora, respecto del Pacto por Colombia, es que el Gobierno parece ir derecho a repetir su otro error capital: buscar reformas estructurales, sin acuerdos ni consensos. Reacciones de dirigentes (Gaviria, Vargas Lleras, entre otros) y publicaciones de prensa indican que la ronda inicial de contactos para presentar el Pacto no tuvo buen resultado.

En contraste, en la opinión pública la imagen del presidente mejoró durante las últimas semanas, por el manejo que dio al atentado del ELN a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander y a la crisis de Venezuela. Pero las últimas encuestas de Invamer y de Datexco muestran también que la mayoría de los colombianos desaprueban la acción del Gobierno y que prevalece en el país un ambiente de división, polarización y falta de confianza.

Frente a este panorama adquiere la mayor relevancia determinar el alcance y la profundidad de los objetivos del Pacto por Colombia. Si lo que tiene en mente nuestro joven mandatario es impulsarlo como un proyecto más de su administración o como la gran herramienta para convocar y reunir a los partidos políticos y a todos los colombianos en torno de los ajustes y los cambios fundamentales que reclama el país.

Hasta ahora el debate del tema se remite frívolamente a la “mermelada” y a si la frialdad y las distancias del Gobierno con los grupos independientes y de oposición corresponden a su decisión de poner fin a la relación espuria que traen hace décadas el ejecutivo con el congreso, a través de la compra de apoyos con puestos y contratos, dádivas y contraprestaciones. La compleja situación que en lo económico, institucional y en seguridad atraviesa el país, obliga a colocar la mira mucho más arriba. La suerte del Gobierno y de Colombia están atadas a que el pacto no sea un trámite burocrático sino un verdadero acuerdo sobre lo fundamental, con participación amplia de todas las fuerzas políticas, basado en concertar soluciones y consensos para alcanzar resultados y respuestas a la altura de los desafíos. 

Las cenizas de los proyectos anticorrupción, de la reforma a la justicia y de la reforma política, unidas a la gran peluqueada de que fue objeto la reforma tributaria en la pasada legislatura, muestran cómo está de precario el respaldo al Gobierno en Cámara y Senado y que es impensable que el presidente y sus aliados logren, en solitario, estabilizar el país.

Sería mejor para los colombianos y tendría más probabilidades de éxito que el presidente Duque lidere e impulse un proceso incluyente y audaz para romper la inercia de enfrentamiento y la polarización, con un ambiente de cambio, similar al de la reforma constitucional de 1991, destinado a definir e implementar, en grande, con participación de todos los partidos, los gremios y la sociedad, los ajustes y reformas inaplazables que se necesitan.

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad‘, con inversiones cercanas a los 1.100 billones de pesos tendría que ser, por supuesto, referente fundamental de ese ejercicio. Tiene valor democrático porque se construyó desde los territorios, a través de mesas departamentales, talleres regionales, foros y encuentros sectoriales y académicos a los que asistieron más de diez mil personas. Pero el objetivo de fondo del Pacto Por Colombia sería concertar la reforma de la justicia frustrada hace tantos años por los maquiavelismos del aparato judicial, un paquete de medidas para elevar la productividad de la economía, un plan de lucha contra la corrupción mucho más ambicioso y profundo que las pueriles propuestas de la tragicómica y costosa consulta de 2018, la reforma política, la reforma pensional, los ajustes a los sistemas de salud y educación y las normas que se necesitan en materia de seguridad para enfrentar las nuevas amenazas del narcotráfico, minería criminal y la destrucción del territorio.

Es una empresa patriótica, democrática, libre de componendas, de puestos y de cuotas de poder. Ahí tendrían que estar Álvaro Uribe, Germán Vargas y César Gaviria, pero también Gustavo Petro y Sergio Fajardo.  El Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido de la U y los partidos cristianos, pero también Cambio Radical, el Partido Liberal, la Alianza Social Independiente (ASI), la Alianza Verde, el Polo Democrático Alternativo y por supuesto la Farc. En igualdad de condiciones y sin límites para presentar, impulsar y debatir propuestas con sus pares, en la dinámica del consenso, en busca de las mejores soluciones. Consiste, en definitiva, en crear las condiciones políticas y el ambiente favorable para resolver la grave crisis que nos afecta, concertar y definir con la participación y con los aportes de todos, las medidas audaces, profundas e inteligentes que se necesitan para estabilizar el país y para restablecer la confianza de la población en el Gobierno y en las instituciones.