Hidroituango, el nuevo golpe de los paisas

En este 2018 que comienza, los paisas culminarán su nueva y espectacular hazaña: construir en apenas ocho años Hidroituango, el proyecto hidroeléctrico más grande en la historia del país, tras arrebatarle un corredor estratégico al crimen organizado y vencer en forma aplastante a organizaciones de fachada que les hacen el juego.

Hidroituango entrará en servicio el próximo diciembre e impulsará enormes transformaciones en Antioquia y en Colombia. Con su producción de 2.400 megavatios –el 18 por ciento de toda la energía del país- el departamento se consolidará como el actor principal de ese sector en Colombia. Y su territorio sufrirá un cambio trascendental con el gigantesco embalse -el “mar interior de Antioquia”- de 75 kilómetros de longitud y 2.720 millones de metros cúbicos de agua, que va desde Santa Fe de Antioquia hasta Ituango, una distancia tan grande como la que hay entre Bogotá y Fusagasugá o entre Armenia y Manizales.

La cuenca -incluyendo las zonas de protección-, cubre 12.800 hectáreas y la presa tendrá una altura de 225 metros. Construir el proyecto -12 billones de pesos de costo- ha implicado esfuerzos descomunales como desviar el cauce del río Cauca en un sector de cañones profundos, donde desciende 800 metros –ideal para generar energía-, remover toneladas de rocas y de tierras, transportar toneladas de cemento y otros materiales, maquinarias gigantescas, entre ellas 8 turbinas, construir túneles, vertederos, compuertas, casa de máquinas, cavernas de almenaras, túnel de ventilación, salidas de emergencia, pozos de aireación. Tan solo la vía a Puerto Valdivia (38 km) tiene 10 túneles y 68 puentes.

Pero desde el inicio el obstáculo mayor fue construir la hidroeléctrica en un territorio durante más de 40 años bajo el dominio absoluto de las Farc, corredor estratégico que conecta al Nudo del Paramillo con el Bajo Cauca antioqueño, el Atlántico y el Pacífico, vital para el narcotráfico, para mover armas y dinero, insumos, pertrechos y provisiones y en los últimos años también santuario de minería criminal.

Los frentes 18 y 36 entendieron desde el inicio lo que representaría una obra de ese tamaño e importancia en un territorio que consideraban suyo, lo que les costaría que llegaran las instituciones, la fuerza pública y las inversiones del Estado, por lo cual combinaron todas la formas de lucha para detenerla y sabotearla: asesinatos de policías y militares, siembra de minas, atentados con explosivos a las obras y también a municipios veredas y corregimientos, destrucción de equipos, “burros bomba”, ataques criminales a las obras, extorsiones a los contratistas, ataques con explosivos a municipios, veredas y corregimientos. Como ocurrió en el resto del país su actividad atrajo paramilitares dedicados a combatirlos con sus mismos métodos irregulares y salvajes y durante varios meses los habitantes de los 12 municipios que comprende la obra vivieron en medio de la zozobra, la violencia y el pánico. EPM construyó para la fuerza pública búnkeres en Toledo y en Briceño lo cual cambió desde 2015 la realidad y aportó las condiciones de seguridad para culminar los trabajos.

Al mismo tiempo y como es típico en sus zonas de influencia, impulsaron acciones legales de todo tipo –exigencias de consultas previas, demandas contra la licencia, demandas y tutelas de supuestos afectados, demandas por temas ambientales, etcétera-, así como ofensivas mediáticas nacionales e internacionales. En el corazón de la resistencia en Hidroituango están organizaciones ampliamente conocidas –Marcha Patriótica, el Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, la agencia Prensa Rural etc-. Epm, que ejecutó la obra a partir de un censo detallado de personas afectadas y un riguroso plan de manejo ambiental, reubicación de especies, los derrotó por nocaut con el logro incontrastable de ganarse a la población. Han invertido más de 100 millones de dólares en apoyo e inversión social, construyeron obras que llevaban décadas en los anaqueles de las causas perdidas e hicieron evidente la transformación que tendrán los 12 municipios, algunos de los cuales, de presupuestos de 2.000 y 3.000 millones pasarán a manejar 100.000 millones o más, para educación, salud, infraestructura y para aprovechar el potencial turístico que aportará la represa.

Hace pocas semanas en una reunión con la comunidad, la embajadora de un país nórdico expresó su extrañeza por la ausencia de una ONG patrocinada por su Gobierno. “No están porque aquí no los quieren” le respondieron “ni a nadie que busque paralizar el proyecto”. Tampoco los quieren en Medellín -el Ebitda de EPM pasará de 4 a 12 billones en 2025, gracias a lo cual el municipio recibirá grandes recursos para obras. Ni Antioquia –el Idea es el otro gran accionista- cuyo gobierno tiene proyectada la reconstrucción del ferrocarril y otras obras de envergadura con cargo a los ingresos de Hidroituango.

Falta que el Gobierno nacional recupere el territorio. Por encima de las apariencias de proceso de paz todavía hay presencia de las Farc en Ituango y llegaron a la zona el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y hasta bandas criminales de Medellín y de Bello. Está en las fuerzas del Estado el reto de parar la minería, los cultivos ilícitos y que cese el tenebroso corredor a través del cual las mafias conectan Atlántico y Pacífico, el norte y el sur de Colombia.

La ambición y la pujanza de los paisas suscita admiración, pero también envidias y antipatías en Colombia. Considerando lo sucedido en obras como El Guavio o en el minúsculo deprimido de la calle 94 en Bogotá, -demoras, robos, sobrecostos-, con Hidroituango llega desde Antioquia otra lección al país acerca de cómo se deben hacer las cosas. Y de cómo hacerlas bien.

@germanmanga