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Opinión

  • | 2017/11/28 16:29

    Implementación del Acuerdo Final a medio camino entre Gobierno saliente y sus sucesor

    Informe Kroc identifica 558 disposiciones de implementación. Se han expedido 17%, 4 reformas constitucionales, 3 leyes, 35 decretos leyes, 54 decretos ordinarios y 25 sentencias de la Corte Constitucional. En trámite, 3 reformas constitucionales, 2 leyes estatutarias 1 ley orgánica y 6 leyes ordinarias. Procedimiento Especial Legislativo concluye el 30 de noviembre y próximas elecciones harán implementación mucho más lenta. Corresponderá a próximo gobierno. Inmensa transformación jurídica paralela a Constitución vigente.

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Según el Informe del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, de noviembre de 2017, la implementación del acuerdo Ffnal entre el Gobierno y las Farc, requiere la expedición de 558 disposiciones, correspondientes a 18 temas, de los 6 puntos acordados. Según el informe se han completado un 17 por ciento, o sea 95 disposiciones, mientras que no se han iniciado un 55 por ciento, faltarían 306 disposiciones. Así las cosas, tenemos que se han expedido: 4 actos legislativos, 3 leyes, 35 decretos leyes, 54 decretos ordinarios y 25 sentencias de la Corte Constitucional.

Desde el punto de vista constitucional se creó el sistema de verdad, justicia y reparación con la jurisdicción especial de paz, se estableció el acuerdo final como referente de interpretación constitucional, se expidieron normas para la reincorporación de los exguerrilleros y se modificó el régimen de regalías.

Desde el punto de vista legal se expidió una ley de amnistía e indulto, otra orgánica adicionando el reglamento del Congreso, y una más exceptuando a la Unidad Nacional de Protección del límite de gastos de la Ley 617 de 2000, donde ya se había expedido el Decreto Ley 298 de 2017, en una muestra de descoordinación. Ahora bien, el proyecto de ley estatutaria de la oposición, ya aprobado, se encuentra en la Corte Constitucional para revisión.

En materia de decretos leyes, entre otros, se han dictado normas relativas a la estructura de la administración, como cambios de adscripción, creación de órganos, instancias y programas, y reorganización de entidades. Se modificó el procedimiento de los procesos de constitucionalidad ante la Corte Constitucional. Se dispuso de recursos del Fondo Nacional de Regalías. Se reguló la contratación para erradicar cultivos ilícitos. Se desarrolla la amnistía y se regula hábeas corpus. Se expiden reglas especiales para miembros de la fuerza pública. Se crea una visa de residente especial de paz. Se regula la profesión docente en zonas de conflicto. Se incluye a empresas mineras y de hidrocarburos en pago de obras por impuestos. Se implementan los planes de electrificación y vivienda rurales. Se crean programas de Desarrollo de Enfoque Territorial.

En cuanto a normas reglamentarias, se expidieron 19 decretos estableciendo zonas veredales transitorias, 7 relativos a puntos transitorios de normalización, entre muchos otros de muy diversas materias.

De otra parte, la Corte Constitucional ha proferido 25 sentencias de control de constitucionalidad, la mayoría declarando la exequibilidad.

Están en trámite, 3 actos legislativos (monopolio de armas, circunscripciones de paz y reforma política); las leyes estatutarias de la jurisdicción especial de paz y garantías electorales en elección presidencial, la primera debe ser aprobada hoy miércoles; la ley orgánica del plan; y 6 leyes más (adecuación de tierras, innovación agropecuaria, uso de baldíos, catastro multipropósito, tratamiento a pequeños cultivadores y judicialización de organizaciones criminales).

El procedimiento especial legislativo concluye el 30 de noviembre de 2017, por lo tanto, la implementación legal avanzará más lentamente, además, la coyuntura electoral de 2018 hará que se avance mucho menos y que buena parte quede pospuesta para el próximo Gobierno.

Se trata de una inmensa transformación al mundo jurídico, donde Gobierno y guerrilleros no se sometieron al orden existente, sino que acordaron expedir un complejo sistema normativo transitorio, en muchos aspectos paralelo a la Constitución vigente, que quedará a medio camino entre el Gobierno saliente y su sucesor.

Abogado Constitucionalista

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