A finales del año pasado, Jean Arnault, representante del Secretario General de las Naciones Unidas en Colombia y jefe de la misión de Verificación de la ONU, recibió una tormenta de insultos e improperios en redes sociales y medios de comunicación porque informó que más de 40% de los desmovilizados de las Farc ya no estaban en las zonas de reincorporación previstas en los Acuerdos de La Habana.
Hace pocos días el objetivo fue la revista Semana porque publicó un dossier titulado El plan para refundar las Farc acerca de la disidencia del Bloque Oriental que estaría en la ejecución de un plan para reactivar ese grupo armado ilegal.
Para enderezar la empresa de la paz con las Farc, como ha anunciado el nuevo presidente Iván Duque que es su propósito y en particular la implementación del acuerdo, que se percibe andrajosa y maltrecha por incumplimientos mutuos, improvisaciones y falta de gerencia, es fundamental que exija y divulgue el inventario real de avances, fracasos e irregularidades que acumula a la fecha.
Declaraciones como la de Arnault y el contenido de estudios y análisis de diferentes fuentes -Ideas para la Paz, Verdad Abierta, Insight Crime entre otras- señalan que hay enormes atrasos en la implementación y que en su compleja estructura están pasando cosas muy graves.
Es fundamental, por ejemplo, que el país conozca las cifras reales, los avances y fracasos de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, eje de la Reforma Rural Integral, perdidos en los laberintos de la ineficiencia y el burocratismo. O el balance de Colombia en Paz con su entelequia de entidades y fuentes de recursos, cuestionados por inoperantes e ineficientes y afectados por denuncias y escándalos que ya dieron lugar a acciones judiciales.
Según los datos oficiales se desmovilizaron 13.000 hombres. Más de tres mil salieron de las cárceles. La nueva administración y todos los colombianos tenemos derecho a conocer la situación real de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, esas zonas donde deberían estar concentradas la mayoría de las antiguas tropas de las Farc y que en el primer semestre del año 2017 reunían más de 8.000 personas. ¿Cuántos hay a la fecha? ¿Cuántos volvieron a la guerra? ¿Cuántos huyeron? ¿Cuántos pasaron a las disidencias, al Eln o al paramilitarismo?
Interpretando el reclamo de millones de individuos y de organizaciones estatales y privadas, el presidente electo Iván Duque se unió desde su campaña a los reclamos a las Farc para exigir claridad sobre el destino de miles de niños reclutados ilegalmente y de los múltiples casos de violencia sexual contra excombatientes como las hoy agrupadas en la Fundación Rosa Blanca. También sobre armas que no fueron entregadas y sobre bienes y recursos no relacionados ni puestos a disposición del Estado para reparar a las víctimas.
En reciente carta abierta, Iván Márquez, número dos de las Farc, alegó tres motivos para desistir de su posesión como senador de la República: la situación judicial de Jesús Santrich, las reformas a la Justicia Especial para la Paz y los incumplimientos del Acuerdo de Paz. Omitió mencionar que Marlon Marín, su sobrino, se convirtió en informante de la DEA y que con base en sus testimonios se podrían conocer en el futuro cercano más novedades respecto del involucramiento de los jefes de las Farc con el narcotráfico. Casi al mismo tiempo que Marlon viajó a Estados Unidos, el tío lo hizo con alias El Paisa a sus antiguos dominios y rutas de escape en el Caquetá.
Este solo hecho aviva múltiples inquietudes que deben ser analizadas y resueltas con prontitud y sin timideces, en especial respecto de las fronteras entre las Farc y sus disidencias. ¿Qué sabe la inteligencia del Estado de cómo surgieron esos grupos, hoy concentrados en zonas de narcotráfico y minería criminal, -Putumayo, Nariño, Cauca, Valle, Catatumbo- principalmente? ¿Derivaron de un fenómeno común en las desmovilizaciones o son una estrategia para tener tropas que cuiden los negocios mientras los rostros más conocidos de las Farc se encargan del proceso? ¿De dónde llegaron los recursos y el armamento?
La lista de avances, problemas y retos en la implementación es tan extensa como el acuerdo mismo e incluye los retrasos en la aprobación de normas, tropiezos en la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la paz y el muy sensible tema de los programas de sustitución y erradicación de cultivos de uso ilícito, uno de los fracasos más protuberantes y graves del proceso.
Es casi seguro que después del próximo 7 de agosto el proceso con el Eln comience a agonizar. No será fácil que, tan vinculados como están con el narcotráfico, la minería criminal, el contrabando y el terrorismo, acepten las duras condiciones anunciadas por Duque -cese unilateral, cese de todo tipo de actividades criminales y concentración de sus integrantes, bajo supervisión internacional-.
En cuanto a las Farc ha dicho que su objetivo no es acabar los acuerdos sino perfeccionarlos. No a cabecillas en la política sin haber cumplido penas por los delitos que cometieron. No al narcotráfico como delito amnistiable. Sustitución y erradicación obligatorias, etc. Son temas de campaña. Es claro que como presidente tiene la obligación de asumir y corregir las imperfecciones de la implementación, así como recoger y atender las frustraciones e inconformidades de excombatientes por incumplimientos, vacíos, vicios y la mala administración. Pero mejor que lo haga a partir de un corte de cuentas claro y abierto al público, pues de lo contrario, desde el próximo 7 de agosto, pasarían a ser responsabilidad suya y objetivo de una infernal maquinaria de propaganda y desinformación que, como se ha visto en redes sociales, desde ya reclama resultados y endosa culpas a un gobierno que ni siquiera se ha posesionado.