Carlos Caballero, en su última columna, se congratula de que las elecciones parlamentarias hayan transcurrido con absoluta normalidad, resultado bondadoso que habría sido posible gracias de la continuidad de las políticas de paz adelantadas por los gobiernos de Uribe y Santos durante los 16 años consecutivos en que han gobernado. Anota también que el Frente Nacional tuvo esa misma duración, y que quienes durante ese periodo gobernaron, persiguieron con ahínco la superación de la violencia.
Tiene razón. El esfuerzo conjunto de los dos últimos gobiernos se tradujo en un debilitamiento irreversible de la capacidad bélica de las Farc, y su consecuencial determinación de abandonar el proyecto de tomarse el poder por las armas. Fue el fortalecimiento de la fuerza pública, iniciado por la Administración Pastrana, lo que finalmente condujo a esa guerrilla a la mesa de negociaciones de La Habana. Cierto es igualmente que el Frente Nacional (1958-1974) fue concebido para poner fin a la guerra civil desatada entre los dos partidos tradicionales.
Los seis gobernantes que hemos tenido en estas dos épocas se afanaron también por avanzar en la superación de la pobreza, empeño adelantado sin poner en jaque la estabilidad fiscal y, por ende, el crecimiento de la economía. En nivel de ingreso y equidad distributiva, calidad de la educación, formalidad laboral, productividad del trabajo, etc, nos superan otros países de la región. Pero basta mirar los datos de la Cepal para advertir de qué manera hemos logrado avances incuestionables que es necesario fortalecer.
Las semejanzas, sin embargo, no impiden advertir que mientras durante el Frente Nacional se desarrolló una estrategia de preservación de los consensos básicos, Uribe y Santos han tomado determinaciones que han puesto en jaque la estabilidad institucional. Sin ella la competencia por el poder y el disenso democrático se ven amanazados. Recordemos los hitos en una y otra época.
Laureano Gómez y Alberto Lleras firmaron, en junio de 1956, el Acuerdo de Benidorm para poner fin a la guerra fratricida que tuvo comienzo en 1946. Producida la caída del régimen dictatorial de Rojas Pinilla, ambos dirigentes suscribieron el año siguiente el Pacto de Sitges, mediante el cual fue creado el Frente Nacional con el objetivo de suspender, a termino fijo, la competencia por el poder. Este compromiso fue materializado en el Plebiscito de 1957. Nunca en la historia de Colombia una propuesta llevada a las urnas ha tenido tanto éxito.
Durante estos 16 años que concluyen en agosto, la ruptura de los consensos sobre las reglas de juego ha sido reiterada. La modificación de la Constitución, para permitir la reelección presidencial inmediata fue motivo de arduo debate en el parlamento; que la Corte la haya validado en beneficio del presidente en ejercicio, creó un grave precedente. A su vez, la refrendación del Acuerdo de Paz con las Farc constituye un paradigma de lo que no debe hacerse: la convocatoria al plebiscito refrendatario fue impuesta por unas mayorías asediadas por prebendas; se modificaron las reglas de votación mínima para asegurarse el éxito; rechazado en las urnas el acuerdo, se violó el compromiso de atenerse a sus resultados; para validar su ratificación por el Congreso se adoptó una tesis peregrina: el Congreso no es el representante del pueblo; es el pueblo mismo.
Nada puede ayudarnos más a superar las heridas que mutuamente nos hemos infligido que actuar con sensatez al definir, en el proceso electoral, qué hacer con el acuerdo de paz. Por ello debemos reconocer que la desmovilización y desarme de las Farc es un resultado positivo que debe preservarse. Los beneficios individuales otorgados a guerrilleros e integrantes de la fuerza pública no pueden ser retirados, salvo en los casos previstos en la legislación que se encuentra vigente. Hacerlo implicaría violar una regla fundamental: el respeto a los derechos adquiridos.
Ya no se puede modificar el régimen de penas no privativas de la libertad que fueron, en buena parte, determinantes de las decisiones de desmovilización. Una norma, que es tanto ética como jurídica, nos obliga a honrar la confianza legítima. La JEP, que a muchos nos pareció una claudicación inadmisible, ha sido modulada por el Congreso y la corte; echarla atrás podría generar enormes trastornos, tales como aumentar el riesgo, que ya es elevado, de que la Corte Penal Internacional se nos “meta en el rancho”. Inaceptable como es que sin rendir cuentas ante la Justicia la cúpula guerrillera llegue al Congreso, el hecho es que sus integrantes ya fueron elegidos, elección que tiene una base constitucional innegable. No podemos violar la Constitución con el argumento de defenderla.
¿Entonces nos cruzamos de manos? No, en absoluto. El acuerdo final pretendió expropiar a la sociedad colombiana de participar en la construcción de la agenda de desarrollo rural. Igualmente, dispuso que la política en materia de cultivos ilícitos debe provenir de acuerdos del Gobierno con “las comunidades” (o sea, en buena parte, con las Farc). Hay que recuperar la plena autonomía del Congreso y del Gobierno en esas cruciales materias. Y, por último: se requiere una interacción inteligente con la Comision de la Verdad -de la cual quien aquí escribe ha sido opositor- para que, en vez de revivir la violencia, sirva para la reconciliación en las zonas que han padecido el conflicto.