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Opinión

  • | 2018/03/08 14:53

    Pax Christi

    Bajo la égida de un sacerdote admirable, el Padre Francisco de Roux, comienza a operar la temible Comisión de la Verdad.

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La idea subyacente en la creación de la Comisión de la Verdad consiste en que la suscripción del Acuerdo Final entre el Gobierno y las FARC nos llevaría a una situación de post conflicto, preludio inminente de una paz idílica signada por la superación de todas las contradicciones sociales. Algo así como la Parusía Cristiana o la sociedad sin clases marxista. Otra es la realidad.  Si bien la tasa nacional de homicidio sigue cayendo (la actual es la menor que hayamos tenido en más de cuarenta años) los enfrentamientos, en ciertas zonas del territorio, se mantienen tan vivos como de costumbre.

El Gobierno actual, tanto como casi todos sus predecesores a partir de la Administración Betancur, creyeron que el problema eran las FARC, cuando, en realidad, como hoy resulta evidente, éste consiste en unas economías ilegales muy poderosas, tanto que es insuficiente la capacidad del Estado para combatir a los violentos y desarrollar opciones de vida productivas para unas poblaciones campesinas sumidas en la miseria y la desesperanza. Lo digo a conciencia del esfuerzo descomunal que ahora, tardíamente, se despliega para recuperar el tiempo perdido. Sellado el armisticio, y aunque ya no hay enfrentamientos con la Fuerza Pública, se han incrementado los asesinatos de civiles, demostración palmaria de que la hipótesis que ha dado sustento a las negociaciones de paz por tantos años es falsa o, al menos, insuficiente.

Aquí se han expuesto varias veces observaciones sobre la Comisión de la Verdad; de ellas vale la pena destacar dos: que su funcionamiento tenga lugar una vez el conflicto, cuya etiología y responsables se pretende establecer, haya culminado. Si no se cumple este requisito, la hoguera puede incendiarse de nuevo. En las actuales circunstancias, mandar a la Comisión a que sesione en Tumaco o el Chocó puede convertir a sus integrantes en mártires; por el contrario, retenerlos en Bogotá protegidos en un “búnker”, carece de sentido.

De otro lado, la creación de ese organismo se justifica para generar dinámicas tendientes a superar los antagonismos, no para profundizarlos. Infortunadamente, incitar a la confrontación es el camino que ha decidido recorrer Dejusticia, un brillante grupo de abogados que recibe amplio financiamiento extranjero para las causas políticas que promueve con indudable talento e intenciones que valdría la pena descifrar. El título de un documento suyo reciente denota con claridad esta intención: “Cuentas Claras: el papel de la Comisión de la Verdad en la develación de la responsabilidad de empresas en el conflicto armado colombiano”.

Por eso el reto principal que, en su opinión, tendría la Comisión de la Verdad consiste en establecer “el rol que jugó la complicidad empresarial en la Comisión de graves violaciones de derechos humanos”. En este orden de ideas se precisa determinar “los grupos económicos que mayor participación tuvieron como cómplices”, al igual que “la nacionalidad de los agentes empresariales” culpables de las violaciones de los derechos humanos. Me perdonan la suspicacia, pero si es relevante discriminar por nacionalidad, se puede también hacerlo por raza. ¿Qué pasaría, por lo tanto, si uno de esos funestos empresarios fuere judío o gitano, identidades que para los nazis eran un tanto interesantes?

Pretende Dejusticia que en el Informe Final de la Comisión de la Verdad se incluya un capítulo específico sobre “el rol de la complicidad empresarial en el conflicto armado”. Curiosamente mis admirados colegas omiten cualquier referencia a las posibles responsabilidades de la guerrilla, los paramilitares, los funcionarios públicos, etc. Lo que importa es que los empresarios expíen sus faltas, desconociendo que, por el contrario, en muchas ocasiones fueron víctimas.

Por supuesto, no puede ignorarse que, en casos específicos, empresarios, o meros delincuentes que se presentaron como tales, cometieron crímenes por los que deben responder ante la Justicia. Pero centralizar la responsabilidad en los empresarios implica olvidar que la cadena de violencias padecida por nuestro país desde los años sesenta de la pasada centuria fue un fenómeno propio de la Guerra Fría, cuyo crecimiento acelerado fue posible gracias al triunfo de la Revolución Cubana en 1959, y al firme apoyo que esta otorgó a los numerosos movimientos guerrilleros surgidos en muchos de nuestros países.

Luego del colapso de la Unión Soviética, las guerrillas se extinguieron en casi todas partes. Colombia fue la excepción; para financiar las actividades subversivas surgió, inicialmente, la poderosa fuente del narcotráfico, complementada luego con un portafolio creciente de negocios ilegales que el Estado no ha tenido, a pesar de muchos esfuerzos, la capacidad de desmantelar.  

Resultará muy interesante saber si el Padre de Roux y sus ilustres colegas aceptan la propuesta de convertir a un estamento social de vital importancia para el país y, en general, limpio, en el chivo expiatorio del conflicto armado. Ese ha sido un paso previo eficaz para instaurar dictaduras comunistas. La Unión Soviética fue la primera, Venezuela la última. Por ahora.

Briznas poéticas: Horacio Benavides habla de hondas cosas elementales: “Es como el bajo/ en la orquesta/ blancura propicia/ a la melodía/ el arroz anda/ con pies de paloma”.

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