Defensoría del Pueblo, sin plata

El nuevo Defensor del Pueblo, Carlos Negret Mosquera, llegó a ejercer funciones en medio de un complejo panorama económico. Sus efectos se ven reflejados en el Sistema Nacional de Defensoría Pública que, en este momento, tiene un déficit de 35 mil millones de pesos, lo que ha impedido la renovación de los contratos de los abogados que defienden en los estrados judiciales, de manera gratuita, a una población que carece de recursos para pagar un apoderado de confianza.

Las dificultades económicas se han sentido desde hace varios meses en los bolsillos de estos abogados, según me han contado en algunas regiones varios defensores públicos con los que he tenido la oportunidad de hablar. Uno de ellos fue bastante descriptivo: “Lamentablemente vamos de mal en peor; se empezó por pagarnos tardíamente, luego a pagarnos incompleto, nos deben el mes de septiembre y ahora no contamos con la certeza de la renovación de los contratos”.

La Defensoría Pública, que cuenta con un poco más de 4 mil abogados, atiende casos en las áreas penal, civil, familia, laboral, administrativo y restitución de tierras. El área penal es una de los más sensibles, allí reciben procesos seguidos por Ley 600, Ley 906, responsabilidad penal para adolescentes, víctimas y atención a cárceles.

Esta agencia del Ministerio Público no desconoce la crisis; de hecho, fue planteada por Carlos Hernán Rodríguez Becerra, director nacional de Defensoría Pública, en un mensaje fechado el 12 de octubre y enviado a las distintas sedes en todo el país.

“Ante las dificultades por las que hemos venido atravesando para la contratación de los Operadores de Defensoría Pública a partir del 16 de octubre, considero importante exponer las razones que han conllevado a esta problemática, así como el esfuerzo realizado por esta Administración en procura de buscar una solución a la misma”, dice el funcionario en su misiva.

La parte más reveladora de la carta enviada por Rodríguez Becerra se refiere a los recursos: “… encontramos en el rubro correspondiente para la contratación de Defensoría Pública un saldo de 6.000 millones de pesos, cuando el presupuesto requerido para garantizar la continuidad de la prestación del servicio para lo que resta del presente año (16 de octubre a 31 de diciembre) es de 41.000 millones de pesos, es decir, el déficit encontrado es de 35.000 millones de pesos”.

Esa falta de recursos llevó a la Defensoría del Pueblo a tomar la decisión de prorrogar “solo algunos contratos por el término de 15 días, de los programas del área penal y de víctimas, al considerar que se requiere dar prioridad a aquellas áreas en donde más presencia tienen nuestros defensores”, precisa el director nacional de Defensoría Pública.

Si bien explica que ya se realizaron las gestiones ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección de Presupuesto Público Nacional, ahora están a la espera del certificado de disponibilidad para darle continuidad y sostenimiento a la contratación hasta el próximo 31 de diciembre “y garantizar hacia futuro la continuidad de la contratación anual para dar cumplimiento a la misión institucional que nos impone la Constitución y la Ley”. De la prontitud con la que se den esos trámites burocráticos depende la cancelación de los honorarios correspondientes al mes de septiembre.

El defensor público es un prestador de servicios profesionales de la Defensoría del Pueblo, lo que quiere decir que tiene vinculación directa, pero en su ejercicio cotidiano actúa como tal: debe tener disponibilidad de tiempo para atender turnos, mantiene contacto permanente con sus defendidos y tiene bajo su responsabilidad varios procesos. En la práctica, asume tareas de funcionario de planta. Su formación académica también es exigente: debe tener especialización y una experiencia mínima de tres años en el ejercicio de la profesión.

No es una tarea sencilla; como puede representar a un delincuente común, también es posible que le llegue un expediente de un exparamilitar, un exguerrillero, un exmiembro de bandas criminales. A través de un sistema de repartos, los defensores públicos asumen los procesos y adelantan su tarea ante los organismos judiciales, es decir, no escogen a quién defender.

Los sobresaltos en la contratación de estos abogados no son nuevos. Tuve la oportunidad de abordar en diciembre del año pasado la situación padecida por estos contratistas bajo el entonces Defensor del Pueblo, Armando Otálora, en una columna publicada en este mismo espacio, titulada “Otras preguntas para el defensor del pueblo”.

En esa ocasión expuse que durante la administración de Otálora se redujeron en algunos casos la duración de los contratos de los defensores públicos, sin que fuera claro por qué se tomaban ese tipo de decisiones, y constantemente los menospreció.

La carta enviada por el Director Nacional de Defensoría Pública genera varias dudas: ¿qué decisiones se tomaron en la administración anterior que afectaron tan drásticamente los recursos para pagarle a los defensores públicos? ¿Se debe solo a un trámite burocrático o hay asuntos de fondo que expliquen el déficit de 35.000 millones de pesos? La situación exige la intervención tanto la procuraduría como la contraloría para verificar que está pasando allí.

Y mientras los procesos burocráticos se mueven paquidérmicamente para liberar los recursos necesarios destinados a contratar a los defensores públicos, estos padecen el efecto de un Estado que no valora la función social de estos abogados y, de paso, a quienes por condiciones económicas deben acudir a este servicio.

Tal como lo advertí en la columna de diciembre de 2014, el Sistema Nacional de Defensoría Pública es una herramienta fundamental para el Estado de derecho y no puede ser un botín burocrático ni un invitado de segunda cuando se trata de defender penal y civilmente a colombianos de escasos recursos. Menospreciarlos atenta contra el objetivo misional de la Defensoría del Pueblo.

* Periodista, director de VerdadAbierta.com - En Twitter: @jdrestrepoe