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La corrupción, llena de matices

El escándalo de las últimas semanas se convirtió en el tema obligado en Colombia y en varios países de América Latina, pero ni es nuevo ni será el último. Esas prácticas siempre prevalecen.

Juan Diego Restrepo E., Juan Diego Restrepo E.
21 de enero de 2017

La codicia es una condición humana y no hay modelo económico ni ordenamiento jurídico que impida que surja entre los ciudadanos de cualquier nivel y clase. Todos quieren ganar y enriquecerse a costa del Estado y de aquellos que buscan a los funcionarios para que los favorezcan en procesos licitatorios, pero también en otro tipo de asuntos que son menos visibles y que de alguna manera develan la responsabilidad del ciudadano en todo este fenómeno, que está lleno de matices.

El caso de la firma brasileña Odebrecht revela esa condición humana de la codicia. Unos empresarios, en su afán por obtener todo tipo de contratos de infraestructura en diversos países de América Latina y África, decidieron crear un mecanismo técnico bajo el control de la División de Operaciones Estructurales para pagar sobornos a otros codiciosos con poder de decisión y de intermediación a través de por lo menos tres filiales: la primera de ellas es Smith & Nash Engineering Company, basada en las Islas Vírgenes Británicas; la segunda es Arcadex Corporation, asentada en Belize; y la tercera es Golac Projects and Construction Corporation, con sede en las Islas Vírgenes Británicas.

En esencia se trataba de que todos ganasen millones de dólares, unos a través de la ejecución de los contratos y otros por los servicios prestados. Es la corrupción en su estado más sofisticado para la obtención ilegal de ventajas para el interés privado. Funcionarios e intermediarios de por lo menos doce países fueron afectados por estas prácticas, que se descubrieron gracias a las tareas adelantadas por las autoridades de Brasil y Estados Unidos.

Los codiciosos en Colombia, donde Odebrecht tiene inversiones desde hace un par de décadas, no podían estar al margen de los beneficios y poco a poco se viene descubriendo el entramado de favorecimientos que beneficiaron a la firma brasileña y que construyó, como señalé antes, un mecanismo sofisticado de corrupción que buscaban ser indetectable y no lo logró. Gracias a las pesquisas de las autoridades norteamericanas se supo del impacto en nuestro país. Lo que vino después fue el resultado de la información que enviaron a nuestras autoridades.

La indignación que ha generado es bien interesante porque es la mirada a un caso que, Las páginas se nutren de opiniones cuya tendencia es una: enarbolar la lucha anticorrupción. Pero sus propósitos son miopes, pues parte de una mirada fragmentada que, de un lado, no incluye a los ciudadanos de a pie en sus análisis, quienes tampoco ven como sujetos que participan de la corrupción en sus prácticas cotidianas; y de otro, desligan el fenómeno de lo estructural y lo personalizan, cuando múltiples estudios indican que las grandes corporaciones privadas tienen prácticas de crimen organizado.

Existen comportamientos que jurídicamente son ilegales, pero son realizados y tolerados en la vida diaria. Los ejemplos abundan: evasión de impuestos; compra del pase de conducción; adquisición de la libreta militar; posesionarse en un cargo público recurriendo a la ‘palanca política’ sin mérito y conocimiento alguno; engañar a una entidad pública para obtener un subsidio… Se puede hacer un catálogo de esas prácticas cotidianas, cruzarlas con una encuesta y la gente diría que eso es “pequeña corrupción”, aceptable socialmente. Ahí comienza el problema. Pero como no hay sanciones, todo queda legitimado moral y judicialmente, y se perpetúa el engaño. ¿Cómo superar esta trama que revela una gran hipocresía de la gente?

De otro lado, la indignación sobre prácticas de crimen organizado en las que incurren las grandes empresas para lograr sus propósitos económicos son selectivas. El escándalo de Odebrecht se da por dos razones: es una firma extranjera y las pistas llegaron de las autoridades norteamericanas. Si allá no hacen nada, en Colombia felices todos.

En esas prácticas criminales han participado reputadas firmas de nuestro país que incurrieron, por ejemplo, en la “cartelización” para regular precios y atentar contra el bolsillo de la gente. ¿Se acuerdan del “cartel del papel higiénico”? ¿Alguien pagó por eso? ¿Se alzaron las voces? ¿Hubo boicot a sus productos? ¿Y qué se ha dicho contra aquellas empresas, también muy reputadas que se aprovecharon del conflicto armado para despojar de tierras a campesinos inermes? ¿Algún grito desde el Congreso? ¿Y lo de Reficar, en Cartagena, cuándo se sabrá? ¿Se ocultará como la gran corrupción que rodeó la construcción del Metro de Medellín?

Muchos hombres y mujeres de negocios tienen claro, como los mafiosos que reinan en la ilegalidad, que si es necesario quebrantar la ley para obtener beneficios no dudarán en hacerlo. Así lo hicieron esas empresas que se “cartelizaron”, también las que adquirieron tierras mal habidas. Al respecto de esas prácticas, el académico Edwin H. Sutherland aseveró que “los delitos de cuello blanco no solo son delibrados, también son organizados”. (El Delito de cuello blanco, Madrid, 1999).

Lo que se observa en la codicia de aquellos hombres y mujeres de negocios es, siguiendo a Sutherland, un gran desprecio de la ley y el orden porque ambas les impiden sus conductas delictivas; pero lo que los acompaña también es una gran debilidad por atesorar riqueza y mostrarse socialmente como exitoso. Tal cual hace el ‘traqueto’ emergente de barrio o el que logra escalar en la pirámide del crimen organizado. Ambos coinciden en sus desprecios y debilidades.

La discusión sobre la corrupción tiene sendos matices que deben ser valorados en su conjunto para evitar la fragmentación del análisis que, como toda fragmentación, muestra unos aspectos, pero oculta otros, quizás más graves que los visibles.

En Twitter: jdrestrepoe

(*) Periodista, director del portal VerdadAbierta.com