Un nombramiento cuestionado

En septiembre de este año llegará a la Decanatura de la Facultad de Derechos de la Universidad Autónoma de Medellín Germán Darío Giraldo Jiménez, quien está dejando el cargo de Director Seccional de Fiscalías de Medellín, donde tuvo una cuestionada gestión por su poco conocimiento en lo penal, su constante irrespeto a la independencia de los fiscales y su afán de protagonismo mediático.

Desde septiembre de 2013 se conocieron los primeros cuestionamientos en contra de Giraldo Jiménez. En esa ocasión fueron puestos en conocimiento del entonces fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, a través de una carta firmada por 24 fiscales de la Unidad de Vida y Asonal Judicial. Sus señalamientos se centraron en la intromisión indebida en los procesos judiciales y en su exigencia de solicitar capturas así no se tuvieran las pruebas suficientes.

Este funcionario convirtió en lema la frase “pida capturas, así se caigan”. Lo que le interesaba, finalmente, era tener un registro positivo de personas detenidas, llegando, incluso, a presionar a los fiscales para que vulneraran los derechos de los presuntos implicados en hechos delictivos. Su actitud riñe con una justicia que es garantista. Habría que establecer cuántas de esas capturas, solicitadas bajo presión, acabaron en sentencias.

Cabe destacar que las irregularidades que acaban en privaciones injustas de la libertad tienen enredada a la Fiscalía General de la Nación. El ente acusador enfrenta demandas, en parte por ese tipo de actuaciones, que llegan a los 35 billones de pesos. Así que la práctica de “pida capturas, así se caigan” tiene una carga onerosa para los contribuyentes que debe ser revaluada por quien llegue a ocupar el cargo de Director Seccional de Fiscalías de Medellín.

Otra de las críticas a su gestión fue la práctica recurrente de reasignar carpetas de procesos, de un fiscal a otro, asunto que solo es potestad del Fiscal General de la Nación y solo se da en casos debidamente argumentados. De acuerdo con los fiscales denunciantes y Asonal, Giraldo Jiménez ordenó trasladar procesos con argumentos basados en la eficiencia, supuestamente.

Evidencia de esa decisión quedó plasmada en la Resolución 000037, del 26 de enero de 2016, en la que aprovecha el fortalecimiento de la Unidad de Alertas Tempranas de Homicidios para reasignar procesos, lo que contraviene normas que regulan esas prácticas administrativas. La exigencia no es gratuita, con ella se pretende darle transparencia al trámite judicial y evitar que los casos sean llevados de un fiscal estricto a otro más “suave” o “amigo”. Detrás de ello hay mecanismos corruptos que abogados, fiscales y asistentes judiciales conocen y dominan a la perfección.

Dadas sus influencias, y el respaldo que al parecer le daba el anterior Vicefiscal, Jorge Perdomo, las reiteradas denuncias en contra de Giraldo Jiménez no trascendieron y el funcionario, quien llegó a ese cargo sin tener ninguna trayectoria en el Derecho Penal, que es lo mínimo que debería exigírsele a un profesional que va a ocupar ese cargo, se sostuvo en el cargo. 

De sus acciones arbitrarias di cuenta en una columna publicada en este mismo espacio el 3 de marzo de este año, bajo el título “Ex miembros de la ‘Oficina de Envigado’ suspenden diálogo con Fiscalía”, en la que relaté la manera cómo Giraldo Jiménez obstruyó un proceso de negociación que se adelantaba bajo el principio de oportunidad y que venía dando resultados. De manera arbitraria, trasladó a la fiscal que coordinaba la Unidad de Vida y quien estaba al frente de las conversaciones.

Ante esa decisión, la fiscal decidió instaurar el 7 de marzo pasado una queja disciplinaria en contra del Director de Fiscalía de Medellín por presunto acoso laboral, sin que hasta el momento se conozcan acciones conducentes a establecer si este funcionario falló o no en sus funciones.

Una situación preocupante se presentó tres meses después, cuando esta fiscal fue amenazada de muerte a través de dos llamadas realizadas el 21 de junio pasado. De teléfonos públicos se comunicaron con ella y le advirtieron: “Perra Hijueputa, quítale los denuncios a tu jefe, mandó decir el patrón, o te vamos a voliar”. La denuncia sobre este hecho reposa en la Fiscalía, sin que tampoco se haya avanzado en su investigación.

Con esa denuncia pasaron dos cosas irregulares: de un lado solo fue asignada el 6 de julio por cuanto los soportes originales se desaparecieron; y de otro, la fiscal fue citada para ampliar su declaración el 5 de septiembre próximo, es decir, 75 días después de la amenaza.

Con la salida de Giraldo Jiménez de la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín, el nuevo Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, debería intervenir y evitar que se sigan nombrando en ese cargo funcionarios sin experiencia, pero con “conexiones de alto nivel”. Desde hace varios años, ese puesto es muy apreciado por la clase política antioqueña, recuérdese que fue el mismo que ocupó Guillermo Valencia Cossio, quien lo utilizó para fines criminales.

De otro lado, me pregunto qué habrá pensado el rector de la Universidad Autónoma Latinoamericana para decidir entregarle la Facultad de Derecho a un hombre tan cuestionado y de poca experiencia. ¿Motivaciones políticas por encima de las académicas? Me queda la duda.

*Periodista, director del portal VerdadAbierta.com - En Twitter: jdrestrepoe.