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Opinión

  • | 2019/07/25 16:42

    La caida de los expresidentes peruanos y el caso de Leguía

    Las instituciones peruanas están saliendo fortalecidas en los procesos contra los expresidentes por al nefasta Odebrecht. Se recuerda en cambio al presidente Leguía.

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La captura del expresidente del Perú, Alejandro Toledo en los Estados Unidos, es un eslabón más de la cadena de turbulentas actividades de la nefasta Odebrecht, que han llevado a la detención de tres expresidentes peruanos y al suicidio del expresidente Alán García. Sin contar que la más connotada política peruana, Keiko Fujimori, arrestada por la misma razón, espera el inminente fallo de los tribunales.   

No obstante el efecto político y el desconcierto de esta sucesión de detenciones presidenciales, paradójicamente las instituciones peruanas están saliendo fortalecidas, dando ejemplo ante el continente y el mundo.

Estábamos acostumbrados a que la democracia peruana dependía exclusivamente del apoyo militar. Con frecuencia los altos mandos simplemente “trataban de agradar” al presidente, no obstante que conocían actos de corrupción aberrantes como el sucedido durante el gobierno de Fujimori, cuando el sátrapa de Vladimiro Montesinos, fue intermediario para entregar diez mil fusiles a las FARC.      

Entre los presidentes del Perú hay una figura en los años veinte cuyo derrocamiento se debió, entre otras cosas, a que se empeñó en sacar adelante el tratado de límites con Colombia: Augusto B. Leguía.

Cuando Marco Fidel Suárez asumió la primera magistratura de Colombia, se impuso la meta de solucionar el conflicto con el Perú. En Lima, había llegado por segunda vez a la presidencia Leguía, que estaba animado del mismo propósito. En su primera administración había definido las fronteras con Brasil y Bolivia y buscaba ahora hacer lo mismo con Chile y Colombia.

En 1920 se iniciaron negociaciones entre el mismo Leguía y su canciller, con el embajador de Colombia en Lima.  El Perú inicialmente reiteró sus pretensiones sobre el área comprendida entre los ríos Caquetá y Amazonas, en la que adelantaba actividades una siniestra empresa cauchera del influyente senador peruano Julio C. Arana.

Leguía expresó que en caso de que se acordara la frontera por el río Putumayo, Arana generaría una tremernda oposición nacional. Sugirió que, para hacer posible el acuerdo, Colombia lo indemnizara por las propiedades que tenía en el territorio que quedaría bajo jurisdicción de nuestro país. La indemnización no fue aceptada, pero se estableció la obligación de que las partes respetarían los derechos adquiridos por nacionales del otro Estado en los territorios que le correspondieran.  

Colombia buscaba además una salida soberana al Amazonas que el Perú no aceptaba, alegando que implicaría no sólo el reconocimiento a nuestro país de un territorio que controlaba durante un siglo, sino la entrega de la localidad de Leticia. Sin embargo, finalmente Leguía aceptó el requerimiento colombiano y en marzo de 1922 se firmó el tratado llevando la frontera, por los ríos Putumayo y Amazonas.

Aunque el gobierno peruano solicitó que el tratado se mantuviera en secreto, por una infidencia sus aspectos fundamentales trascendieron.  Las fuerzas armadas del Perú montaron en cólera. Leguía en un esfuerzo político sin precedentes logró su aprobación en el congreso  y aceptó que el trapaecio amazónico y el puerto de Leticia se traspasaran a Colombia mediante un acta.  

A los pocos días Leguía fue derrocado por un golpe militar. Bajo  la acusación de “traidor a la patria”, fue remitido a la inicua prisión de El Callao en la misma condición de los delincuentes comunes. Al poco tiempo murió como consecuencia de enfermades adquiridas en la prisión. Se impidió a la familia que trasladara su cadáver a Lima.

 (*) Decano de la facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la universidad del Rosario

 

 

 

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