La corrupción, un mal que afecta a la sanidad pública

Más allá de si estamos de acuerdo o en desacuerdo con el proceder del presidente Petro de reiterarse en su propósito político de promover una reforma al actual sistema de salud, o de avalar, a través de la Superintendencia de Salud, una intervención con fines de salvamento a las Empresas Promotoras de Salud Sanitas y Nueva EPS, es bueno para el futuro democrático de Colombia el debate público que se viene dando.

Es una verdadera vergüenza, para la dignidad de Colombia, la crisis que vienen presentando, en materia administrativa, financiera, y de equipamiento y servicios, un buen número de hospitales público-privados en la mayoría de los municipios, agregándose a ello la no existencia, en más de 400, de los más elementales servicios de salud y agua potable.

Por mi experiencia en los asuntos del Estado, a esa dramática y vergonzosa realidad hemos llegado porque, desafortunadamente, las diversas instituciones del Estado, a nivel nacional, departamental y municipal, incluyendo los organismos de control y vigilancia, como también los gremios empresariales, medios de comunicación, facultades de salud y organizaciones sociales relacionadas con los trabajadores y usuarios de la salud, hemos sido pasivos o tolerantes con la corrupción, el despilfarro, la politiquería y los afanes de lucro. Ese afán de lucro llega al punto de que, para algunos sectores políticos y particulares, lo rentable es lograr tener total incidencia en las instituciones encargadas de administrar los recursos económicos destinados a la prestación de los servicios de salud y agua potable.

En mi opinión, con la actual Constitución Nacional y las leyes que tenemos en materia de salud y agua potable, si nos decidiéramos, desde el Estado y los diversos sectores de la población, podríamos avanzar con logros reales en la lucha contra cualquier manifestación de corrupción o despilfarro en el manejo de los enormes recursos públicos que tenemos para ese rubro, y que están definidos en el presupuesto nacional, los presupuestos departamentales y municipales.

Reconozco que lograr el mejoramiento, calidad y cobertura en materia de salud y agua potable no es tarea fácil, pero tampoco imposible. Lo importante es dar el primer paso y tener conciencia de que, si el Estado en su conjunto, con el apoyo de la población, se decide, lo podremos lograr; pero, sobre todo, si todas las personas que habitamos en Colombia y colombianos en el exterior nos decidimos a decir “basta ya” de tanta corrupción y despilfarro en todas las instituciones públicas y privadas.

No olvidemos que la corrupción y el despilfarro, junto con la polarización que estamos viviendo en Colombia, contribuyen a la pérdida de credibilidad de la población en el Estado y de su lucha contra todas las actividades ilegales.

Lograr lo anterior presupone del Presidente Petro y su equipo de gobierno, sin ningún tipo de sectarismo o descalificaciones, trabajar por un gran acuerdo nacional por el derecho de la población colombiana a la salud y al agua potable.

A la construcción del mismo, se debe invitar a los gobernadores, alcaldes, a las EPS e IPS, a los organismos de control y vigilancia del Estado, las facultades de salud, los medios de comunicación, los gremios empresariales y a las organizaciones sociales relacionadas con los usuarios de la salud, los médicos y demás trabajadores vinculados con la sanidad pública.

A fin de ir consolidando una política de Estado más acorde con la figura del Estado social de derecho que mandata la Constitución Nacional, dicho acuerdo debe convertirse en la hoja de ruta de los gobernadores y alcaldes, como también del presidente de la República que elijamos en mayo del 2026.