La cruda verdad de Mindefensa

El 2017 ha sido el año más sangriento en la historia reciente de México. En los primeros diez meses hubo 20.878 homicidios. Solo en octubre, el promedio fue de 89 diarios. Es tan grave la situación que el presidente Enrique Peña Nieto anunció la participación directa del Ejército en la lucha contra los carteles de la droga. Es una jugada desesperada para frenar el espiral de violencia, que ha elevado la tasa de homicidios a 16,9 por 100.000 habitantes.

En comparación, Colombia tiene una tasa de 22 homicidios. Sí, 22, la más baja desde 1975, pero significativamente superior a México y el triple del promedio mundial. Y hay departamentos colombianos con cifras de 40 y municipios de 70 u 80 por 100.000 habitantes.

En Colombia, las diferencias se resuelven a bala con demasiada frecuencia. Incluso los “líos de faldas”, una frase que tuvo su cuarto de hora de fama (o infamia), debido a las declaraciones del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, a Noticias Uno. Dijo textualmente lo siguiente sobre la muerte de líderes sociales: “Ha habido casos del ELN. Ha habido casos de las Farc. Eso lo dejo aparte. Lo demás ha sido, en su inmensa mayoría, fruto de un tema de linderos, de un tema de faldas, de un tema de reivindicación, de un tema de pelea por rentas ilícitas”.

Los medios, empezando por Noticias Uno, y las redes sociales, se limitaron a replicar solo el aparte de las faldas. Para la inmensa mayoría fue una barbaridad. Como dice un ex jefe mío, ¿en qué cabeza cabe? Para la sabiduría convencional, los asesinatos de líderes sociales son por definición crímenes políticos.  Aceptar o plantear otra hipótesis es deshonrar a la víctima y sus familiares. Un insulto a su memoria. Produce rabia e indignación. Es, para utilizar una palabra de moda en estos días, una “revictimización”.

Villegas recibió el coletazo de ira. Se anunciaron investigaciones preliminares y el congresista Alirio Uribe - el de todos y todas- lo denunció disciplinariamente. Uribe es especialista en demandas. Durante años presidió el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la ONG que presentó falsas víctimas de Mapiripán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

Es entendible el malestar de Uribe y sus colegas con el ministro de Defensa. La versión de Villegas choca con su narrativa de que están asesinando a líderes sociales de manera sistemática. No son capaces de reconocer que algunos murieron por causas menos espectaculares. Que en un país donde acudir a la violencia para saldar cuentas o resolver conflictos personales, no es descabellado que esto ocurriera en varios de los casos que han conmocionado a la opinión pública.

Una de las secuelas de tantos años de sangre y terror fue la creación de categorías de víctimas. El objetivo inicial fue humanitario: realzarlas y visibilizarlas para simultáneamente protegerlas y honrarlas. También se pensaba que con estos subgrupos –sindicalistas, defensores de derechos humanos, indígenas, periodistas- sería más eficaz la investigación penal.

Tuvo un éxito parcial en reducir la impunidad. Sin embargo, dejó una consecuencia no tan positiva:  la elaboración de listas numéricas, en las cuales la víctima quedó reducida a una cifra. Esa diferenciación por ocupación es excepcional en el mundo; son contados los países en los cuales es posible discernir la actividad de la víctima.

Cuando suceden actos violentos, la presunción inicial es que la causa sea un asunto personal. No ocurre lo mismo en Colombia; se supone que la muerte violenta de cualquier miembro de un grupo vulnerable es por razones de su oficio o su condición. La estadística sugiere lo contrario. Según el informe Forensis de Medicina Legal de 2016, el 68 por ciento de los asesinatos de hombres fueron por violencia interpersonal y 40 por ciento de las mujeres.

Y las investigaciones de las autoridades y la Fiscalía sobre los casos de líderes sociales, confirman esa tendencia. Según le reveló el ministro Villegas a El Tiempo, la Fiscalía ha esclarecido 63 hechos criminales. Y de los 177 homicidios de los últimos dos años, se ha confirmado que el 35 por ciento se deben a “hurto, intolerancia y motivos pasionales”. La otra mitad sigue en investigación. 

No son conjeturas, sino pruebas judiciales. Cuando la justicia sí funciona en su labor principal de identificar y capturar a los criminales, hay que aplaudirla, aunque el resultado no corresponda ni concuerde con nuestros prejuicios. Flaco favor le hacemos a las víctimas politizando su angustia y dolor.

En Twitter: @Fonzi65