La defensa del trabajo rural

Según el programa y las instrucciones del presidente Uribe, el gobierno propenderá por un nuevo marco andino para el sector agropecuario, el cual deberá contar como sus principales ejes los siguientes: a) Cooperación mutua entre los países miembros de la CAN en el ámbito de un comercio agropecuario intracomunitario concertado; b) protección ante terceros; c) planificación agropecuaria buscando el beneficio común de los productores de los cinco países; d) eliminación simultánea y concertada con los demás miembros de la Comunidad de los sistemas especiales de importación-exportación análogos al Plan Vallejo para el comercio intracomunitario; y e) armonización macroeconómica en materia cambiaria, fiscal y de endeudamiento.

Ahora bien, aparte de los países de la Oecd, donde predominan los más altos subsidios agrícolas, nuestra competencia la conforma el Mercosur. Dicha zona ocupa el cuarto lugar en importancia en el globo, su producción ganadera y de granos goza de los costos de producción más bajos del orbe, y se asienta sobre los suelos más fértiles, características propias de las áreas templadas en contraposición a las desfavorables condiciones agroecológicas del trópico y de nuestra accidentada geografía. Por tanto, resulta indispensable postergar la entrada plena del sector a un tratado de integración con el Mercosur, al menos por 15 años, un período similar al pactado por Chile.

En cuanto toca con otras zonas templadas del mundo, según Nicholas Stern, economista jefe del Banco Mundial, no resulta coherente predicar el libre comercio y al mismo tiempo levantar obstáculos allí donde los países en desarrollo tendrían una ventaja comparativa. "La reciente Ley Agrícola de Estados Unidos y el subsiguiente acuerdo en Europa para aplazar la reforma de su política agrícola común son profundamente dañinas, agrega". En efecto, según investigaciones del Banco, los subsidios agrícolas -de aproximadamente 1.000 millones de dólares diarios-, deprimen los precios agrícolas internacionales, y ahogan las posibilidades tanto de abastecimiento interno como de exportación en los países en desarrollo, mientras que su valor supera en seis veces el de la ayuda externa. En contrate, la eliminación de la protección y de las subvenciones en los países ricos permitiría incrementar las exportaciones de las naciones más atrasadas en 24 por ciento, lo cual haría aumentar sus ingresos rurales anuales en 60.000 millones de dólares.

En el caso de Colombia, la extrema gravedad de su situación social, política y económica en el campo justifica plenamente la intervención del Estado en defensa del trabajo rural. En análogo sentido se pronunciaron los jefes de Estado de América Latina en la reciente cumbre iberoamericana, y los directores de la Cepal y la FAO y el presidente del BID, al igual que el presidente Uribe al insistir en que donde y cuando quiera que se debilita nuestra agricultura aparecen los cultivos de uso ilícito y los grupos violentos. En consecuencia, en cuanto al Alca y a la OMC, bajo los principios de reciprocidad y equivalencia entre los subsidios en los países más avanzados, de un lado, y las medidas de protección en frontera en los que como Colombia carecen de los medios fiscales para ofrecer subvenciones comparables, del otro, no cejaremos en el empeño por utilizar todas las herramientas a nuestro alcance, dentro del ámbito normativo internacional, en tanto que aquellas ayudas subsistan, con el propósito de defender el trabajo rural en el territorio patrio. Franjas de precios o alternativas de las mismas; convenios de absorción de cosechas o modalidades que los suplan, en combinación con contingentes arancelarios o sistemas de aranceles-cuota; cláusulas de salvaguardia; vistos buenos o licencias previas temporales; derechos compensatorios o instrumentos equivalentes, entre otros, son algunas de las mencionadas herramientas.

Sin embargo, el gobierno no sorprenderá a eslabón alguno de las cadenas productivas al defender el trabajo rural, pues dicho objetivo jamás podría abrirse paso de forma sustentable y equitativa si se hiciere a costa del empleo de otros colombianos que están contribuyendo desde la agroindustria a jalonar la producción nacional agropecuaria, y que igualmente requieren mecanismos semejantes, inclusive de los mencionados sistemas de contingentes arancelarios o aranceles-cuota, a cambio de precios mínimos para los productores, como lo estamos propiciando, por ejemplo, con cadenas como la avicultura, las grasas y los aceites, el azúcar, y el cacao y sus derivados, entre otras.

En lugar de alentar divisiones y pugnas en la sociedad en torno de la defensa del trabajo rural, los colombianos deberíamos entender que mientras las gentes del campo no tengan nada que ganar apoyando al Estado, ni nada que perder contemporizando con los violentos y el narcotráfico, no será posible que fructifiquen nuestros esfuerzos por recuperar la seguridad ciudadana en medio de la democracia.