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La doctrina de la “intervención por invitación”

Con la herramienta del financiamiento del desarrollo regional directamente en manos de la política del garrote político, comercial y financiero, se dificultarán aún mas los mandatos de integración soberana en beneficio de los pueblos de nuestra América.

Clara López Obregón, Clara López Obregón
23 de junio de 2020

Después de la intervención norteamericana que produjo la separación de Panamá, la política exterior de los gobiernos de Colombia ha girado alrededor de la “Estrella del Norte”. En palabras de Marco Fidel Suárez, quien siendo presidente en 1918 acuñó la doctrina de réspice polem (mirar hacia el norte), “El norte de nuestra política exterior debe estar allá, en esa poderosa nación, que más que ninguna otra ejerce decisiva atracción respecto de los pueblos de América”. Desde entonces, los gobiernos de Colombia han deferido a los EE.UU., con excepciones parciales, claro.

El expresidente López Michelsen, siendo canciller de Carlos Lleras Restrepo, invitó a mirar hacia los países vecinos, geográficos y de situación, en lo que denominó Respice similia, mirar hacia los semejantes. Fue la época de la integración regional del Pacto Andino y de la desobediencia de Lleras Restrepo al FMI; del reconocimiento de Cuba y la invitación a la AID a salir de Colombia, en el Gobierno de López Michelsen; de la búsqueda de la solución política negociada en Centroamérica y, también, al interior de Colombia, de Belisario Betancur; y de la presidencia del Grupo de los No Alineados, en el Gobierno de Samper.

Los gobiernos de Pastrana, Uribe y Duque se retractaron de las “réspices” al introducir la tesis de la “intervención por invitación” de que habla la profesora Arlene B. Tickner, con una extensión reciente que la integra a una perversión de la doctrina de réspice similia: la promoción de la “intervención por invitación” a nivel subregional, en asocio de los países gobernados por la derecha en América Latina. La más reciente expresión de esta nueva doctrina de la política internacional del Gobierno Duque, desplegada intensamente desde el Grupo de Lima, conduce al respaldo automático del candidato de los Estados Unidos a la Presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se trata de un cubano americano, Mauricio Claver Carone, conocido como lobista procambio de régimen político en Cuba y actual asesor de seguridad del presidente Trump.

La candidatura norteamericana a la presidencia del principal banco de fomento de la región rompe con una tradición de más de seis décadas, desde que se fundó el BID en 1959, con un acuerdo tácito de mantener un enfoque latinoamericano a través de presidencias provenientes de los países de la región. También desequilibra las cargas. Estados Unidos, que ya tiene el 30 por ciento de los votos y poder veto en la Asamblea, carecerá de contrapeso en la asignación de los préstamos del Banco para avanzar en el regreso a la política del gran garrote del primer Roosevelt (“I took Panama”) que Trump le ha dado a la política exterior norteamericana.

El multilateralismo es mejor consejero que el criterio unipolar en las relaciones exteriores y más acorde con el respeto a los tradicionales principios de la convivencia pacífica que recoge la Constitución de Colombia en su artículo noveno. Allí ordena fundamentar la política exterior en la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia, dentro de los cuales figura el de la no intervención. De igual manera, ordena orientar la política exterior hacia la integración latinoamericana y del Caribe.

Votar en la Asamblea del BID por una candidatura de los Estados Unidos divide a América Latina en la coyuntura inédita de la pandemia de la covid-19 cuando se requiere unidad soberana para solventar los desafíos económicos y sociales que se vislumbran con la recesión mundial y la apremiante necesidad de un frente común para garantizar el acceso en condiciones justas a la vacuna para combatir el coronavirus, como lo aprobaron sin participación de Estados Unidos, 179 países en la Asamblea de la ONU, a iniciativa de México. Con la herramienta del financiamiento del desarrollo regional directamente en manos de la política del garrote político, comercial y financiero, se dificultarán aún mas los mandatos de integración soberana en beneficio de los pueblos de nuestra América.