La Fiscalía al servicio de Petro. ¿Operación impunidad?

La decisión de la fiscal Luz Adriana Camargo de reasignar expedientes que comprometen a figuras del Gobierno Petro, no es un simple trámite burocrático. Es una jugada política. Un movimiento calculado que, más que fortalecer la justicia, la desnuda y la deja en evidencia como un aparato hecho a la medida de quienes hoy acaparan el poder.

En Colombia, cuando la justicia se arrodilla ante el Gobierno de turno, no se habla de independencia, se habla de claudicación. Y lo que está ocurriendo con la llamada Operación Impunidad, denunciada por SEMANA, es precisamente eso, un blindaje para que la corrupción que se tragó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y otros escándalos que salpican al alto gobierno, quede sepultada en los anaqueles de fiscales locales que operan en las mismas regiones donde esos políticos tienen poder e influencia.

No hay que ser ingenuos, todos sabemos lo que significa trasladar un expediente sensible a despachos de fiscales que pueden ser presionados, intimidados o tentados. Antes existía un escudo que protegía la independencia frente a esa cercanía. Hoy, la fiscal Camargo lo rompe y abre de par en par la puerta a la manipulación de los procesos.

El cargo de Fiscal General, en una democracia que se respete, debería estar blindado contra la política. Pero aquí, otra vez, estamos viendo lo contrario. Luz Adriana Camargo se comporta como una fiscal de bolsillo, no de los ciudadanos, sino del presidente que la promovió y de la coalición que se benefició de su llegada al búnker. No es casualidad que sus primeras decisiones estructurales toquen directamente los procesos que tienen al borde a funcionarios del actual gobierno. No es casualidad que la independencia de la justicia se debilite justo cuando los tentáculos de la corrupción amenazan con escalar hasta los más altos niveles del poder.

El saqueo de la UNGRD es quizás el mejor ejemplo del tamaño de la podredumbre. Billones de pesos que debieron ser destinados a atender emergencias y salvar vidas fueron desviados en contratos irregulares, clientelismo y favores políticos. Plata que debía llegar a las víctimas de desastres terminó financiando la maquinaria de quienes hoy siguen posando de adalides de la ‘transformación’. Ese expediente, que debería ser tratado con todo el rigor posible, corre ahora el riesgo de terminar olvidado, acumulando polvo en un rincón de escritorio, gracias a la nueva directriz de la fiscal. Y mientras tanto, los responsables, los que se enriquecieron con la tragedia de otros, duermen tranquilos, porque se saben intocables y amparados por la impunidad.

Lo más alarmante es que la historia ya la conocemos. En Venezuela, Hugo Chávez entendió desde el inicio que controlar la justicia era el paso indispensable para consolidar su poder. A través de nombramientos a la medida, de fiscales y jueces serviles, fue cerrando la puerta a cualquier investigación que tocara a sus aliados y abrió un carril de persecución contra sus opositores. El resultado fue devastador, la Fiscalía y los tribunales dejaron de ser instituciones de la República para convertirse en brazos del chavismo. La corrupción floreció sin control, los casos contra funcionarios se archivaron o se diluyeron, y la justicia se transformó en un arma de guerra política. Ese mismo libreto parece estarse empezando a escribir en Colombia.

El mensaje es devastador, la justicia ordinaria, en manos de Camargo, ya no es un muro de contención contra la corrupción, sino un instrumento para garantizar la impunidad de los aliados del poder. Es un golpe brutal a la confianza ciudadana, a la credibilidad de las instituciones y, sobre todo, a las víctimas que se sienten burladas una vez más. La impunidad no es un accidente. Es un sistema. Y en Colombia, cuando la justicia se vuelve cómplice del Gobierno, deja de ser justicia para convertirse en un brazo más de la política.

Frente a este panorama, la pregunta es si vamos a quedarnos callados. Si vamos a seguir permitiendo que la Fiscalía se degrade hasta convertirse en la trinchera de un gobierno salpicado por los peores escándalos de corrupción. Si vamos a aceptar que quienes robaron la plata de los más pobres sigan intocables, protegidos por la complacencia de una fiscal general que debería ser garante de la ley, no de la impunidad.

Colombia no puede seguir anestesiada ante barbaridades que saltan a la vista. Porque cuando la justicia se arrodilla, la democracia muere. Y hoy, con Luz Adriana Camargo al frente de la Fiscalía, estamos viendo cómo la independencia judicial se entrega en bandeja de plata al servicio del poder político de Gustavo Petro.