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Opinión

  • | 2018/08/02 17:43

    La línea negra

    Tenemos un reto colosal: cómo articular los derechos de los indígenas con los del resto de la población

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La conquista de América por gentes venidas de Europa fue la catástrofe demográfica más grande de que se tenga noticia. Un siglo después de iniciada esa “gesta civilizadora” -que no lo fue tanto como nos enseñaron en la escuela primaria- la población se había reducido en un 90%; varios siglos transcurrieron antes de que se recuperara la cifra prehispánica, solo que los nuevos pobladores del contienente ya no eran primordialmente sus habitantes primigenios sino blancos, negros expatriados a la fuerza desde África, y mestizos en proporciones diversas. En la actualidad, se estima que la población indígena de Colombia equivale al 3.3% del total. Es probable que en los años por venir esa participación siga cayendo como consecuencia de la mortalidad infantil elevada y la baja natalidad.

Aquel resultado terrible obedeció, en primer lugar, a un problema de salud pública. La ancestral convivencia de los pueblos conquistadores con animales domésticos los convirtió en inmunes contra ciertas patologías, las que devastaron a la población aborigen que no estaba habituada a convivir con perros, gallinas, gatos y caballos. Y en segundo, a la crueldad de esos invasores, realidad que documentó Fray Bartolomé de las Casas en su “Brevísima relación de la destrucción de las Indias” publicada en 1542.  En el prólogo de este texto desolador se registran los daños y menoscabos causados contra “aquellas indianas gentes, pacíficas, humildes y mansas que a nadie ofenden”. Refieriéndose a la provincia de Santa Marta, el ilustre obispo de Chiapas escribió que esa era “tierra donde los indios tenían muy mucho oro, (y) “otra cosa no han hecho infinitos tiranos españoles sino ir a ella con navíos y saltear y matar y robar aquellas gentes por robarles el oro que tenían”.

De las Casas fracasó en su defensa de la causa indigenista en los tiempos que le tocó vivir, aunque tuvo éxito póstumo a fines del siglo XX, cuando comenzaron a adoptarse estatutos en muchas partes del mundo para proteger a las comunidades originarias. Colombia no es la excepción; por eso el grave problema que voy a esbozar no es jurídico sino social.

De manera harto tardía, por cuanto los requerimientos de la Corte Constitucional vienen de años atrás, la administración saliente pretende redefinir los espacios propios de gobierno de las etnias que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta. Lo hace a partir de la unión virtual o “línea negra” de 348 sitios sagrados, los cuales desbordan ampliamente los territorios de los correspondientes resguardos indígenas. Cualquier actividad transformadora de la naturaleza que pretenda realizarse dentro del polígono que conforman esos hitos, requeriría, en adelante, consulta previa.

Esos santuarios han sido definidos por esas comunidades con total libertad tomando como base la “Ley de Origen”, que “es el fundamento de vida y gobernanza de los cuatro pueblos indígenas” (…) un principio que gobierna todo y establece un ordenamiento preexistente a toda norma o reglamento creado por las personas”. En consecuencia, para registrar los santuarios de esas etnias, y el control de los territorios en que ellos se ubican, se hace caso omiso de lo sucedido a partir de 1492. ¡Darle marcha atrás al reloj de la historia cinco siglos es una utopía de la que no conozco antecedentes!

La descripción de ese enorme acervo de sitios sagrados resulta de gran interés cultural y práctico. Daré un par de ejemplos: “Ka´simuratu: espacio comprendido entre la iglesia de la Concepción y la Plaza Alfonso López. Tiene una conexión con el cerro frente al batallón militar de ingenieros, a la Salida del corregimiento de la Mesa. Madre de la naturaleza donde se encuentran los códigos del orden natural de los acuerdos entre indígenas y no indígenas.  Tashikungwi: en el Convento de la Tres Ave Marías en la ciudad de Valledupar. Padre para gobernar las relaciones con los demás pueblos, está representado en el chupaflor de color verde-azul que es mensajero”.

Así las cosas, la ciudad de Valledupar quedaría escindida en dos zonas, una sometida a las autoridades indígenas, otra a las ordinarias del Estado. Esto significa, por ejemplo, que las actividades culturales que quieran realizarse en la Plaza Alfonso López -el festival vallenato, por ejemplo- o un desarrollo habitacional en la fracción indígena de la ciudad, requieren consulta previa. La referencia a la sede de una instalación militar permite concluir, en principio, que la Fuerza Pública vería acotada las facultades operacionales de que goza en el resto del territorio nacional. Además, la línea perimetral que se pretende establecer desborda superlativamente los territorios de los resguardos indígenas: abarcaría también territorios que no hacen parte de la Sierra, porciones del litoral Caribe y del mar territorial en cuatro departamentos.

Esas mismas reglas de sometimiento a la autoridad indígena, y, en especial, para efectos del derecho a la consulta previa, aplicarían a la Bahía de Santa Marta, sede del sitio 303, Mama Kungena, lugar de residencia de “los padres espirituales de los gallinazos y en general de las aves de rapiña. Donde se hace toda clase de pagamentos para ser mamo”.

Nada impide extrapolar la línea negra que beneficia a los indígenas de esa región al resto país, que -conviene recordarlo- alberga 84 etnias: todas ellas tendrían derecho a que se demarcaran sus áreas de competencia, no ya en función de sus resguardos (concepto que se convierte en obsoleto), sino de sus sitios sagrados. Popayán, Tunja, Sogamoso, entre otras ciudades, el norte del Cauca, porciones del Huila, Putumayo, Córdoba, etc., podrían gozar (o sufrir) transformaciones radicales.  Este curso de acción parece justo, legal y plural, pero puede generar una aguda conflictividad entre distintos sectores de la sociedad.

Creo que ha llegado el momento de transitar un camino distinto en el próximo gobierno. La tutela de los derechos de los pueblos tribales, que, justamente por ser minoritarios, requieren especial protección, exige ejercicios amplios de concertación con el resto de los colombianos. Los sucesores de aquellos funestos conquistadores, mestizos, zambos y negros integrados a la sociedad mayoritaria, tenemos visiones, anhelos e intereses igualmente respetables.

Briznas poéticas. De Emily Dickinson, que pasó su vida en silencio para dejarnos sus palabras: “Como si el mar se retirara/ y mostrara un mar más lejano;/ y ese, otro aún más lejano;/ y el tercero no fuera sino la conjetura/ de series de mares/ no visitados por las costas;/ y estos mismos, el borde de otros mares. / Esto es la eternidad”.

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Enrique Santos Calderón cuenta las últimas cinco décadas en Colombia a través de su papel en el movimiento estudiantil de los sesenta, su militancia en la izquierda en los setenta, su pluma en ‘Contraescape’, su oficialismo como director de ‘El Tiempo’ y su relación con el hermano-presidente.

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