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El declive de Santa Marta

Desde que el presidente Iván Duque se tomó, arbitrariamente, la Alcaldía de Santa Marta, por medio del señor Andrés Rugeles, la ciudad se vino a pique y la situación de inseguridad es cada día más dramática

Ariel Ávila, Ariel Ávila
5 de junio de 2019

Son dos historias que confluyen en un mismo proceso. Por un lado, el alcalde electo de Santa Marta está suspendido por acusaciones de corrupción, esa medida surge un año y tres meses después de que la Fiscalía solicitara la medida de aseguramiento, es decir, se ejecuta faltando siete meses para las elecciones locales y regionales. A Rafael Martínez lo sacan de la alcaldía y nombran un alcalde encargado llamado Andrés Rugeles. Todo parece indicar que hay un plan para dejar a Martínez por fuera de la alcaldía y prolongar la decisión de segunda instancia. El objetivo es favorecer a la vieja clase política corrupta en las próximas elecciones. El juez ya debería haber resuelto, pero no lo ha hecho, pues parece ser que jurídicamente no tendría cómo confirmar la medida de aseguramiento.

Mientras hacen eso, y dilatan la decisión, a la vez el señor Rugeles le entregó la administración de la alcaldía a los viejos clanes corruptos y herederos de la parapolítica. Los beneficiados directos, por un lado, son los Cotes. Este clan conocido como el de los conejos es uno de los más cuestionados por temas de corrupción y relaciones con ilegales. Rosa Cotes es la actual gobernadora del departamento y es heredera de la estructura política de su esposo, Chico Zúñiga, quien fue condenado por relaciones con grupos paramilitares.  A este clan, muy cercano a los Char y quienes habrían traicionado a Vargas Lleras para irse con el uribismo, les dieron las siguientes dependencias: 1. Lina Cabarcas fue nombrada secretaria de Salud. Es esposa de Ricardo DiazGranados actual secretario de la Gobernación. 2. También Rugeles nombró a Martha Castañeda, del clan de los Cotes y una de sus principales fichas jurídicas. 3. En la Alta Consejería para la Sierra se nombró a José Manjarrés, muy cercano a Chico Zúñiga y además es investigado por contratos en el Chocó.

Los conservadores del exconcejal Juan Carlos Palacios, ficha de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, también se han visto beneficiados con el nombramiento de Emiro Castro en la Secretaría General. Igualmente, han salido beneficiados los Diazgranados del Partido de la U, con ello Duque aspira a reventar el partido logrando el apoyo de varios congresistas. En este caso nombraron a Jairo Amor cuyo jefe político es Juan Pablo DiazGranados, el exalcalde cuestionado por temas de corrupción.  Los Daabon, quienes representan al Centro Democrático también han entrado en la repartija. Es tanta la politiquería del alcalde encargado Rugeles que nombró a Álvaro Lastra Jiménez en Educación, era la mano derecha del cuestionado exrector Ramsés Vargas. En total Rugeles ha cambiado 18 directivos de la alcaldía para entregárselos a los politiqueros.

Mientras toda esta repartija ocurre, la Sierra Nevada se enciende y como en la época paramilitar hay un control criminal único. La historia es la siguiente: para finales del 2018 se cerró una configuración armada del territorio. La división entre los Pachencas y la Oficina Caribe por mutuo acuerdo, sin tensiones, en cordialidad y con mecanismos claros de cooperación para ampliar la expansión y la reconfiguración del territorio. Detrás de ambas organizaciones están sectores de la familia de Hernán Giraldo. El acuerdo fue tan claro que no hay ningún problema si alguno de la Oficina o de los familiares de Giraldo (incluyendo los hijos) puedan irse para donde los Pachencas o quedarse con la Oficina Caribe.  

Adicional a estos dos grupos, el Clan del Golfo ha comenzado una guerra para ingresar nuevamente a la ciudad. Por ello, algunos casos de violencia homicida. Así las cosas, el nuevo territorio de los Pachencas abarca desde Minca hasta Palmor de la Sierra, donde tiene presencia, hacen patrullajes, reuniones, donde además han generado desplazamiento de campesinos y han creado una cortina de miedo y zozobra. El territorio que anteriormente dominaba alias Chucho Pachenca y sus lugartenientes, fue devuelto a la Oficina.

Es tan amplio el control criminal que a principio de año de se dio el POT-Paramilitar (Plan de Ordenamiento territorial Paramilitar) que define franjas, zonas a intervenir, establece precios, modifica rutas para el turismo –también crea otras- y redefine los espacios. Controla la caza, la quema y la tala. Establece horarios y conductas. Por ejemplo, en Palmor de la Sierra, los mototaxistas no pueden usar casco, ni ningún otro elemento que no permita reconocer el rostro de quien conduce la moto y de quien va de pasajero, asimismo, está prohibida la circulación después de las siete de la noche. Lo mismo ocurre en Guachaca y los pueblos vecinos donde han instaurado un toque de queda, han prohibido la caza y montan peajes ilegales para el cobro a sitio de interés turístico.

 

 

 

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