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Opinión

  • | 2018/01/26 20:38

    La seguridad a la deriva

    Cuando se revisan los indicadores que miden la seguridad ciudadana en los últimos 7 años, se hace evidente la ausencia de una política pública nacional que complemente y fortalezca las iniciativas locales y se articule con la administración de justicia.

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De acuerdo con las cifras oficiales del grupo de Información Estadística de la Dirección de Estratégicos del Ministerio de Defensa, cuando se comparan los índices de criminalidad del año 2010 con los de 2017, el resultado es francamente desolador. Los delitos que más impactan la seguridad ciudadana a nivel nacional, crecieron de manera exponencial en los últimos siete años.

Las extorsiones pasaron de 1.352 casos a 5.341, con un crecimiento del 295 %, la violencia intrafamiliar creció 282 % pasando de 23.121 casos a 88.391, el hurto a personas pasó de 61.740 casos a 176.257 con un crecimiento de 185 %, el hurto común creció 141 % pasando de 92.273 casos a 222.475, la lesión común pasó de 53.181 casos a 117.446 con un crecimiento de 121 %, el hurto a motocicletas aumentó en 82 % pasando de 13.343 casos a 24.297, el hurto a comercios pasó de 13.097 casos a 22.498 con un crecimiento del 72 %, el hurto a entidades financieras creció 51 % pasando de 70 casos a 106, el hurto de vehículos pasó de 21.442 casos a 31.325 con un crecimiento del 46 %, finalmente, el hurto a residencias creció en 46 % pasando de 21.442 casos a 31.325.

Si se miran las cifras de homicidio después de cumplido un año de la firma del acuerdo con las Farc, en 2016 hubo 25,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2017 hubo 24,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, habiendo pasado de 12.402 casos en 2016 a 12.160 en 2017, es decir, 242 homicidios menos. En plata fina, aun no se ve el impacto en la reducción de homicidios que el país esperaba como consecuencia de los acuerdos, pues si bien las Farc silenciaron sus armas, no lo hicieron sus crecientes disidencias. De otro lado el ELN y  los grupos de crimen organizado que se disputan el control del narcotráfico, ya no solo delinquen en dichas zonas sino que, como lo hace el Clan del Golfo, tienen un creciente control de las redes de criminalidad de las grandes ciudades de Colombia.

Nada más claro para ilustrar este problema que la discusión sobre la prohibición del parrillero hombre en las motos. Así se prohíban los parrilleros, bien sea en toda una ciudad o ciertas zonas, por un periodo largo o corto, nada se logrará si no se desarticulan las empresas criminales que están detrás del creciente uso de las motocicletas para delinquir, no solamente en Bogotá, sino también en las principales capitales del país. Si una ciudad prohíbe el parrillero como medida preventiva, pero las otras  ciudades no lo hacen, las redes del crimen organizado, que cada vez tienen más presencia nacional, muy seguramente buscarán migrar con su modelo a la ciudad donde encuentren mayores vulnerabilidades en la lucha contra el crimen.

Hoy no existe una reglamentación de carácter nacional que dé homogeneidad a las mínimas decisiones que deben tomar los alcaldes para evitar que el crimen organizado migre de una ciudad a otra, mientras que las grandes organizaciones criminales gozan de una gran movilidad por el territorio nacional.

En lo que se refiere a la administración de justicia, sin desconocer las garantías del debido proceso, las decisiones judiciales deberían estar encaminadas a garantizar la seguridad y los derechos de las víctimas de los crímenes, sin embargo, en ejercicio de un mal entendido garantismo, parecería que en la mayoría de ocasiones los victimarios tuviesen mejores derechos que las propias víctimas, pues después de unas pocas horas quedan libres por tecnicismos jurídicos. Por otro lado, las víctimas ni siquiera denuncian  el delito, pues saben que la denuncia caerá en el vacío,  y en los casos en que se llenan de valor para hacerlo, tienen que acudir solos e indefensos frente a su agresor, sin un abogado de oficio que los asesore y acompañe.

Señor presidente, señores alcaldes, señores jueces, la seguridad no puede seguir a la deriva, Colombia no lo merece.

*Exviceministro de Justicia. Decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda

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