La universidad pública ¿nido de terroristas?

En un editorial de El Tiempo: "La Universidad tomada" (2 de septiembre de 2000) comentando la muerte del patrullero Mauricio Andrés Soto en los predios de la Universidad Nacional, se expresaban serias reflexiones sobre los inminentes factores de riesgo de la universidad pública a raíz de la intromisión en ella de acciones violentas. Un llamado de atención que no puede interpretarse ligeramente, porque compromete en su integridad la naturaleza de la educación superior y los inmensos esfuerzos que vienen mostrando las universidades para contribuir a consolidar valores muy distantes de la barbarie a secas. Las universidades son el reflejo de la sociedad o viceversa, se dice, pero en nuestro caso se tiene que ir más allá de estos lugares comunes.

La falacias de Hommes

Lugares comunes, como se traduce en una columna dominical escrita por Rudolf Hommes aquí en Bucaramanga para el periódico Vanguardia Liberal: "Señales" (marzo 16 de 2003). Argumenta el ex ministro, a raíz de las acciones incendiarias de las dos jóvenes estudiantes de medicina de la Universidad Nacional, que "las universidades van a seguir proporcionando material humano inteligente para perpetrar el tipo de atentados complejos y devastadores que hemos venido sufriendo. Esto crea un nuevo problema de inteligencia de serias proporciones". Aunque reconoce otros factores concurrentes para la ola de terrorismo y el análisis de sus causas y consecuencias, su interpretación deja colar maliciosamente verdades a medias, es decir, falacias.

Una de estas se denomina en rigor: falacia de arrastre o de complemento. Derivar de unas acciones particulares, la acción violenta de dos jóvenes estudiantes, un juicio genérico, universal, contra lo que sucede a diario en las universidades. Es algo excesivo confundir a las partes con el todo. El todo de una comunidad académica de investigadores, estudiantes y profesores, no puede exponerse accidentalmente por el comportamiento delictivo de algunos de sus miembros. No podemos deducir de la infiltración de la insurgencia o el paramilitarismo en las universidades, que éstas se convierten ahora en el lugar "natural" del terrorismo. Por el contrario, son las universidades amenazadas bajo estas condiciones extremas de barbarie las que deben protegerse institucionalmente. El país entero debe defender a las universidades públicas como únicos centros de la excelencia de la cultura y los valores de la humanidad. A la misma hora que estas jóvenes con sus asesores elaboraban su estrategia violenta, miles de compañeros suyos y profesores construían país con investigaciones científicas innovadoras.

El segundo aspecto preocupante es la confusa línea que separa el acto terrorista de la rebelión y la protesta que, como bien lo indica Hommes, sirve como patente de corso para justificar a posteriori, un acto tan demencial como el de Transmilenio. El problema es sindicar como sospechosa toda manifestación de crítica social, de rebelión. Estimar que las diferencias de opinión son una amenaza social que hay que reprimir. El paso confunde fácilmente la necesaria autoridad legal con el autoritarismo. Recordemos que hace casi 30 años en una carta dirigida al presidente Misael Pastrana Borrero y publicada posteriormente bajo el titulo La hora cero de la Universidad Colombiana, el reconocido intelectual de izquierda Antonio García, advertía los peligros de confundir la rebelión estudiantil con delincuencia, descontento con subversión:

Semejante confusión no demuestra sino que están aún vigentes las nociones conservadoras de orden público anteriores a 1930. Existe la más clara frontera entre rebeldía y delincuencia, por lo menos mientras no se consagre la constitucionalidad del Estado absolutista y no se declare muerta y sepultada la República representativa y democrática. El Estado dispone de los más amplios y sofisticados instrumentos para descubrir, procesar y castigar a los delincuentes

Tres cuestiones resultan de actualidad. Primero, la premonición de que la protesta social en la Universidad puede ofrecer la oportunidad para la incursión de sujetos violentos que enmascaran su identidad. El segundo aspecto, sin duda más contradictorio en un mediano plazo, se refiere a los efectos desalentadores que tiene el confundir la rebelión estudiantil con el terrorismo. Cuando el terrorista aprovecha la situación de crisis para asaltar, incendiar, robar y destruir, está limitando las mismas posibilidades de manifestación de la protesta social. La terrorista atenta contra las expresiones legítimas de crítica social, su acción no está incorporada a la expresión legítima de defensa y crítica social.

Los valores de la Universidad

En estos casos se debería suponer que los autores de la barbarie terrorista son efectivamente detractores de la propia Universidad y de la sociedad en general, es decir, habría que creer que son además enemigos de la deliberación racional, del debate argumentado y de la discusión crítica, elementos estos que se juzgan básicos para aceptar la legitimidad de la rebelión. No puede tampoco el país juzgar cualquier manifestación de crítica como sospechosa de terrorismo. Al hacerlo se corre el riesgo de arbitrar injustamente contra toda expresión de libertad académica y libre ejercicio de la opinión que, como sabemos son los valores inapreciables de la Universidad. Ambas posiciones, la de la barbarie y el legalismo a ultranza, son dos caras de una moneda. Pero poco ayudan a comprender el problema

En efecto, estos actos deben ser repudiados por todo el país, su impacto significativo en las actuales condiciones de turbulencia social dejan mucho más que la gravedad de la destrucción física, es una evidente muestra de los alcances que pueden llegar a tener los conflictos violentos en caso de incrementarse. Grave cosa para una sociedad que necesita justamente la mayor amplitud de escenarios para el debate, la controversia y la disputa racional, para la dialéctica de los argumentos que puedan ayudarnos a limitar el poder de la fuerza bruta que nos están imponiendo los violentos

De hecho, el acontecimiento incendiario -doloroso en muchos sentidos- puede ser visto en dos perspectivas. Desde los límites casi impotentes de la comunidad académica implorando un no a la destrucción y la barbarie. Profesores, estudiantes, empleados y trabajadores que deben vivir a diario el temor al imprevisto de un ataque. O el continuo afán de encontrar salidas racionales y expresiones cultas contrapuestas al daño ocasionado por el terror.

Claro, tiene solidez el planteamiento del ex ministro, al describir los nexos irregulares entre una inteligencia terrorista de graves proporciones con un espíritu "revolucionario romántico" de algunos jóvenes "intensos". Los verdaderos profesionales de las acciones terroristas, se diluyen en una anonimidad desafiante hasta cierto punto. En el detallado examen de responsabilidades exigido ha de salir a la luz pública que no se trata de acciones "colectivas" de la comunidad estudiantil, ni en general de sectores que identifiquen a las universidades. La Universidad está representada primordialmente por estudiantes, profesores e investigadores que a diario trabajan construyendo país, edificando mejores condiciones de convivencia y tolerancia.

Rebelión no violenta

Este cuadro de acontecimientos nos recuerda expresiones comunes de la vida pública: desobediencia civil, resistencia activa, tolerancia, componentes indiscutibles de un Estado de Derecho. De Thoreau a Habermas, pasando por Rawls, y entre nuestros intelectuales Gerardo Molina, Antonio García, Alberto Lleras, la literatura sobre estos temas ha defendido con vehemencia el derecho de oponerse a las injusticias. Se parte de la idea de que la autoridad puede ser legal, pero no necesariamente legítima o, dicho de otro modo, justa. Esta discordancia abre un espacio a la rebeldía que se expresa en actos formalmente ilegales, pero moralmente legítimos. A menudo el desenlace de estos conflictos suele llevar efectos trágicos, como lo sabemos desde la Antígona de Sófocles.

Pero si el drama de Sófocles nos ofrece tal desenlace es porque la autoridad, haciendo gala de una defensa a ultranza de la Polis, incurre en eso que Habermas llama "legalismo autoritario". Cierto que en un Estado democrático de derecho, los conflictos sociales no tienen porqué desembocar en las masacres y las violencias que hoy nos circundan. No deja de causar molestia que se pretenda aplacar el resentimiento social y las desigualdades económicas citando normas de seguridad democrática, como si los adultos rebeldes fuesen seres anormales a los que hay que adaptar por la fuerza de la letra. Cuando el poder político admite la desobediencia civil, puede bien abstenerse de imponer su control o su castigo, o aun aplazarlo. De hecho, nos guste o no reconocerlo, tenemos que admitir que la Universidad tiene que apelar al poder público para defenderse contra los ataques. Pero igualmente es válido asumir que en Colombia, no hemos sido capaces de cultivar una pedagogía social capaz de ayudarnos a resolver numerosos conflictos.

Es necesario pensar que si nos atenemos a la idea de que la desobediencia civil es patrimonio de una cultura política madura y que los actos en los que se traduce deben ser, como piensa Rawls, "públicos, no violentos, pacíficos". Culpar a las universidades por cualquier expresión violenta de algunos de sus miembros en particular, pospone injusta y autoritariamente expectativas que, en su mayoría, son válidas. Las universidades siguen representando para la Nación un invaluable lugar para mejorar la comprensión sobre su propio desarrollo. Para quienes ingresan a ellas la oportunidad de convertirse en seres humanos más compasivos y tolerantes con las diferencias. La Universidad es un patrimonio de la cultura porque allí se cumple la consigna de hacer que cada uno salga de su minoría de edad y se atreva a pensar, como decía Kant. Pensar para vivir en un país de gente maravillosa como es Colombia.

* Director del seminario Problemas colombianos contemporáneos

Escuela de economía UIS Bucaramanga

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