Las lecciones de este 20 de julio

Este 20 de julio dejó la sensación de que el Esmad, la fuerza pública y, en general el Estado, en sus diferentes niveles, funcionaron mejor al permitir el ejercicio de las manifestaciones, pero sin admitir que se vulneren los derechos de los ciudadanos que no protestan. Por ejemplo, en Cali la rápida acción de la policía impidió que se presentaran bloqueos en el Paso del Comercio, o en Bogotá, donde se logró capturar y judicializar de manera temprana a 17 personas por atentar contra los bienes públicos de la ciudad. Así, se entendió que la protección de la propiedad pública y privada también es un derecho que no se negocia ni siquiera a costa del fervor de la movilización social.
El balance de la jornada también deja la sensación de que la fuerza pública no solamente actuó de manera más eficiente para controlar los desmanes, sino que también hubo un avance en la aplicación de los protocolos para proteger la integridad de los manifestantes. En efecto, contrario a lo sucedido en jornadas previas, esta vez los titulares de noticias no destacaron los abusos de la fuerza pública o las cifras de civiles heridos. En cambio, si se destaca que, en general, fue una movilización pacífica e incluso quienes resultaron heridos fueron cerca de 21 policías. De este modo, hay un fortalecimiento de las garantías para la protesta pacífica -sin represión- como institución democrática consagrada en nuestra Constitución.
La estrategia del Gobierno evidentemente cambió. Primero creó un ambiente de confianza entre la ciudadanía, gestionando consejos de seguridad y estableciendo alertas de prevención frente a las posibles alteraciones al orden público que se pudieran presentar el 20 de julio. Segundo, hubo una labor de anticipación donde se expusieron, de manera temprana, las acciones planeadas por el ELN, con el fin de minar el poder de este grupo sobre la famosa primera línea de jóvenes de barrios populares de las principales ciudades del país. Y tercero, hubo un esfuerzo por aumentar los efectivos de la fuerza pública para responder a cualquier alteración de la normalidad que pudiera atentar contra los derechos de los ciudadanos.
La estrategia del comité del paro también fue otra, al desaparecer su discurso de promoción de los bloqueos, pero principalmente al estrenarse como fuente de proyectos al presentar propuestas al Congreso de la República. Entendió finalmente que la gran mayoría de la población rechaza la violencia y los bloqueos como instrumento de protesta. Optó por una agenda de manifestaciones pacíficas y culturales. Dejó de utilizar la movilización social como medio de chantaje frente al Gobierno nacional.
El Congreso tiene una gran responsabilidad para contribuir a la protesta pacífica hacia el futuro, porque de tramitar adecuadamente los proyectos de ley presentados por el comité, no solamente acallará a quienes afirman que la única vía de reivindicación social es la toma de las calles, sino que además fortalecerá nuestra democracia representativa.
El Gobierno nacional tiene el deber de tomar en serio las reivindicaciones y peticiones de los manifestantes que optaron por protestar de manera pacífica. El gobierno y la sociedad están llamados a entender que la ausencia de violencia de alto impacto no debe ser interpretada como la ausencia de razones para protestar y, en cambio, Duque quedó con la tarea de dar señales de que escucha a quienes se manifiestan a través de los mecanismos legales.
Las movilizaciones de este 20 de julio terminaron de reafirmar la idea de que los manifestantes no son un grupo homogéneo, sino que hay por lo menos tres grupos de ciudadanos protestando con motivaciones distintas. Por un lado, está el comité del paro conformado principalmente por grupos sindicales y, por ende, por ciudadanos que ya están vinculados laboralmente, con problemas comunes que se tradujeron en proyectos de ley. Por otro lado, se encuentran los estudiantes universitarios que marcharon en rechazo a los supuestos abusos de la fuerza pública. Y las primeras líneas, conformadas por jóvenes con menos oportunidades que reclaman un cambio en el sistema y que parecen ser usados por grupos al margen de la ley. Ya no vimos un comité único o una red cohesionada de manifestantes.
Claudia López entendió que la agenda de seguridad y de protección de los derechos de los manifestantes -y de los no manifestantes- debe ser una, monolítica y coordinada con el Gobierno nacional. Le tomó bastante aceptarlo, pero parece haber aprendido la lección. Vimos a una alcaldesa clara y contundente en que no deben permitirse hechos de violencia y vandalismo en medio de las protestas. Y más allá de esto, en general hubo un ambiente de cooperación entre las autoridades nacionales y locales con un mensaje directo: la violencia y afectaciones al orden público no son un mecanismo válido de protesta.
Gustavo Petro una vez más no envió un mensaje claro sobre su rechazo a los bloqueos y a la violencia. Su lenguaje fue abstracto y simbólico y desde luego, populista. Pero su actitud cambió rápidamente cuando conoció que Gustavo Bolívar no haría parte de las mesas directivas del Congreso de la República. Fue uno de los grandes perdedores de la jornada, porque fue evidente que la movilización pacífica no le genera un contexto de liderazgo político y porque perdió a uno de sus grandes aliados en el Capitolio Nacional.
Finalmente, fue evidente la semilla de violencia que está dejando sembrada el paro por cuenta de la intervención de grupos al margen de la ley, particularmente con la participación de jóvenes de barrios populares que ni estudian ni trabajan. El ELN contó con menos jóvenes y no logró su objetivo de desestabilizar las principales ciudades, pero no podemos ignorar que varias manifestaciones terminaron en vandalismo contra bienes públicos, y con enfrentamientos contra la fuerza pública. El Gobierno tiene que seguir trabajando para destruir las capacidades urbanas que instaló el ELN ,y otros grupos ilegales durante el extenso paro, y dar muestras de que está derrotando esas estructuras con alto potencial de criminalidad.

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